Fue una cuestión de egos, de tiempos, de prioridades, de geopolítica y de cuellos de botella. Eso explica por qué la Argentina no accedió a algunas vacunas, mientras que otros países, incluso vecinos, sí. Y ahora, ante una nueva ola de contagios, ya es tarde para acceder a nuevas dosis en el corto plazo, aunque el Gobierno golpea otras puertas. Eso explica –aunque sólo en parte-, por qué las opciones Pfizer o Moderna perdieron terreno. Y otras, llegadas de Rusia o China o Cuba ganaron fuerza, según reconstruyó LA NACION en base a los testimonios de seis fuentes oficiales y privadas al tanto de las deliberaciones durante los últimos meses, como así también documentación reservada que incluye intercambios epistolares.

Esas fuentes coinciden en que las negociaciones entre el Gobierno y Pfizer comenzaron con el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque por orden expresa de las máximas autoridades de ese laboratorio en Estados Unidos, sus representantes locales primero se reunieron con el presidente Alberto Fernández. Fue el viernes 10 de julio, en la quinta de Olivos. Acudieron el gerente general, Nicolás Vaquer, y el director científico de la Fundación Infant, Fernando Polack. Le informaron al jefe de Estado que la Argentina había sido seleccionada para encarar una de las fases de prueba para una posible vacuna contra el coronavirus y se sacaron una foto. Sonreían los tres.

Ese encuentro, esa foto, malquistó al entonces ministro de Salud, Ginés González García. Se sintió “puenteado” o “ninguneado”, según coinciden voces oficiales y privadas que pidieron mantener sus nombres en reserva.

La vacuna de Pfizer lucía, por entonces, prometedora, pero también lo parecía la desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio Astrazeneca. El 20 de julio publicaron en la revista The Lancet un estudio que trazaba un nivel preliminar de eficacia del 95 por ciento.

Así, para cuando Pfizer acudió al Ministerio de Salud, el 28 de julio, y presentó su primera oferta para que la Argentina comprara dosis de la vacuna de manera anticipada, la respuesta no fue la que esperaba. El laboratorio le comunicó a González García que podía entregarle vacunas en 2020, a pesar del “contexto de oferta global limitad de dosis”, pero el ministro no se mostró muy entusiasta. Parecía inclinarse, ya, por la opción de AstraZeneca y delegó las deliberaciones con Pfizer en Sonia Tarragona, una funcionaria que antes había trabajado para Hugo Sigman, vinculado a su vez a Astrazeneca. Es decir, un competidor directo.

Las prevenciones sobre esa funcionaria llegan hasta estos días. “Acá hay un lobby de Hugo Sigman y el Grupo Insud en el Ministerio de Salud”, explicitó el reconocido sanitarista cordobés, Medardo Ávila Vázquez, en diálogo reciente con elDiarioAR. “Tarragona fue directora general de la Fundación Mundo Sano, que dirige Silvia Gold, la esposa de Sigman y cofundadora del Grupo Insud. Argentina está a las puertas de una tragedia nacional y no nos podemos dar el lujo de someternos al lobby de las farmacéuticas”, sostuvo.

Otros fueron más comprensivos con aquella aparente inclinación inicial del ministro. “La vacuna de Astrazeneca era una dosis, frente a las dos de Pfizer; prometían producción local; la cadena de frío era menos exigente y su precio, más bajo”, recordó otra fuente.

Pfizer siguió adelante. En agosto inició su ensayo clínico de fase III. Involucró a más de 44.000 voluntarios en varios países; entre ellos, 4500 argentinos que se sometieron a pruebas del equipo de Polack en el Hospital Militar Central de Buenos Aires.

AstraZeneca también compitió con esa buena noticia. El 12 de ese mes, el presidente Fernández anunció que la vacuna de ese laboratorio se produciría entre la Argentina y México para toda América Latina. Eso le permitiría al país “tener prioridad a la hora de acceder” a las dosis, estimó, disponibles durante el primer semestre de 2021.

“Ahí optaron por Astrazeneca”, detalló una fuente privada a LA NACION. “Sigman aparecía como el que podía salvar a la Patria y que esa vacuna parecía tener todo lo bueno. Parecía que le iba a ir mucho mejor”.

Fue entonces que esa opción tropezó. A principios de septiembre, Oxford y Astrazeneca anunciaron posibles efectos adversos entre los voluntarios, aunque días después retomaron sus pruebas. Pero otra opción apareció entonces, empujada por el gobierno de Axel Kicillof. La opción Moscú. “No olvide algo: había mucha presión para vacunar”, sintetizó una fuente oficial.

Exigencias de los laboratorios

Todas las posibles vacunas conllevaban el desafío de avanzar contrarreloj, ajustando al máximo los tiempos de las pruebas y, por tanto, elevando los riesgos legales y patrimoniales para todas las partes involucradas. De allí, pues, la presión para que los gobiernos firmaran cláusulas de garantía.

En la Argentina, esa necesidad se plasmó en una ley. La Cámara de Diputados le dio media sanción, el 7 de octubre, con 230 votos a favor, 8 en contra y 11 abstenciones. Tres semanas después el Senado dio su visto bueno. No otorgó inmunidad jurídica a las farmacéuticas, pero les concedió la prórroga de jurisdicción. Es decir, que ante un problema legal, éste debía resolverse en los tribunales del país o la ciudad que se fijara en el contrato. Por ejemplo, New York.

El proyecto que aprobó el Congreso incluyó, también, una frase en el artículo 4° que algunos adjudicaron a la diputada Graciela Ocaña pero que se debió a su par Cecilia Moreau. ¿Cuál? La que determinó que el Estado podía acordar condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otros reclamos, salvo “aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia”.

Los laboratorios se pusieron en alerta. ¿Acaso la palabra “negligencia” era un subterfugio para que cualquiera pudiera demandarlos en los tribunales de la Argentina ante un afecto adverso derivado de inocularse la vacuna?. Desde la Casa Rosada les aclararon que no. Que solo apuntaba a ciertas opciones. “Como que nos entregaran ampollas llenas de ‘Fanta’ o sin que se hubiera respetado la cadena de frío”, graficó una alta fuente oficial.

Para Pfizer, de todos modos, esa alusión resultó intragable. Y para entonces, además, el Ministerio de Salud había ampliado sus opciones. En secreto, la número dos de González García, Carla Vizzotti, viajaba a Moscú para reunirse con los desarrolladores de la vacuna Sputnik V.

Ese viaje fue el trasfondo de otro anuncio de Alberto Fernández. El lunes 2 de noviembre comunicó la compra de vacunas rusas, mientras que González García se declaraba abierto, al menos en público, a todas las opciones: “Siempre pensamos que habría que usar un mix de vacunas, porque no sabemos cuál va a ser aprobada y cuál no”.

El Gobierno sintió que esa era una buena semana. Tanto, que el viernes 6, el Presidente lanzó una frase que todavía hoy le enrostran sus opositores: “En diciembre podríamos vacunar a 10 millones de personas”. Aludía a los envíos que podían llegar de Moscú, los acuerdos firmados con Astrazeneca y con China, y el eventual arribo de 750.000 vacunas de Pfizer. Pero no era así. Todo lo contrario.

Apenas cinco días después de esa declaración presidencial, Pfizer le comunicó al Ministerio de Salud sus quejas por la demora en la negociación del contrato, entre otros factores. Esos ejes, le remarcó, “afectaron el número de dosis globales disponibles para 2020 y principios de 2021”, retrasando sus eventuales entregas a la Argentina “para el segundo semestre de 2021”.

“Supuesto de negligencia”

Pfizer también cargó contra la ley aprobada por el Congreso. Por el “supuesto de negligencia como excepción a la indemnidad en la ley” y por “la limitación de bienes” que el laboratorio podría embargar para cobrar el contrario si el Estado no le pagaba. Dos problemas, afirmó, “que tornan prácticamente imposible la ejecución de la indemnidad”.

El contrapunto fue en aumento con el Ministerio de Salud. Hasta que entre el 11 y 15 de diciembre, González García se cruzó correos electrónicos con el gerente general del laboratorio en la Argentina, Nicolás Vaquer, tal como reveló el periodista Pablo Fernández Blanco en LA NACION.

González García le recordó que le ofrecieron reemplazar “condiciones de indemnidad por una póliza o seguro de caución en Nueva York, pero estas no fueron aceptadas por Pfizer”. También, que pretendieron imponerle al Gobierno firmar un contrato “en un plazo de una semana, sin contemplar los principios que deben primar en toda la actuación de la Administración Pública”.

Al responderle, Vaquer le insistió al ministro en las demoras que arrastraba la negociación, y sus pruritos sobre “el supuesto de negligencia” reclamada, entre otros obstáculos que dilatarían el envío de vacunas.

Ginés García estalló. En conferencia de prensa, afirmó que “desde la casa central de Pfizer en Estados Unidos decían que esa ley no era suficiente, que había que hacer una nueva ley, y además que el contrato no lo firmara yo sino el Presidente; son condiciones un poco inaceptables”.

Pfizer optó por no contestarle al Ministro en público para evitar una escalada. Pero en una carta que le envió a los diputados Ocaña, Claudia Najul y Alfredo Cornejo en respuesta a varias preguntas que habían enviado, el laboratorio dio su versión. “Las condiciones solicitadas a la República Argentina para avanzar en la contratación no difieren de las solicitadas al resto de los países de Latinoamérica y del mundo con los que Pfizer y BioNTech ya han llegado a acuerdos y que ya han empezado a recibir vacunas para proteger a sus poblaciones de riesgo”, le contestó el 28 de diciembre.

Para entonces, la relación de fuerzas había cambiado otra vez. Porque entre mediados de diciembre y de enero, la curva de contagios subió en la Argentina y las vacunas de Rusia y otros países no llegaban con la premura vaticinada. En ese contexto, González García le propuso a la Casa Rosada eliminar la alusión a la “negligencia” de la ley a través de un decreto de necesidad y urgencia, confirmaron dos fuentes oficiales.

“Con Ginés, Pfizer terminó mal. Pero porque consideró que se portaron muy mal con él”, indicó una fuente oficial. “Ginés quería negociar y llegó a pedir un DNU para ir contra la ley, lo cual no era viable”.

12 horas; un mes

Por esas fechas, otra opción se abrió para el Gobierno. Por sus orígenes armenios en común, el empresario Eduardo Eurnekián conocía al presidente del laboratorio Moderna, Noubar Afeyan. Lo contactó y le pidió ayuda. Afeyan accedió a dialogar al máximo nivel. Y Eurnekian transmitió el mensaje a dos presidentes: Fernández y el uruguayo Luis Lacalle Pou.

“En menos de doce horas, Lacalle Pou llamó a Afeyan; desde la Argentina, demoraron la respuesta, porque primero delegaron el contacto en el Ministerio de Salud. Fernández llamó al mes”, relató una fuente al tanto de lo ocurrido. Para cuando se comunicó, la respuesta que recibió sobre el envío de vacunas fue “octubre”.

A todo esto, la ANMAT ya había convertido a Pfizer en el primer laboratorio con autorización condicional para su vacuna. Otros tres laboratorios comenzaban a presentar la documentación: AstraZeneca, HLB Pharma Group (Sputnik V) y Janssen.

Fue entonces que la Casa Rosada corrió a González García de las negociaciones con Pfizer. Quedaron en manos de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, que se abocó a bajarle el tono a las negociaciones y sortear los obstáculos, que solo en parte fue posible, como la firma de un seguro de garantía.

Ahora, Uruguay y Brasil anuncian compras de millones de vacunas a ese laboratorio con fecha de entrega para los próximos meses. La Argentina sigue golpeando puertas. Tras el escándalo de las “vacunas VIP” y con Vizzotti como ministra y Tarragona como su jefa de Gabinete, sondean todas las opciones para acceder a vacunas. Sean de Rusia, China, Cuba, India, Moderna o Astrazeneca.

Desde el Gobierno y Pfizer, en tanto, repiten una única respuesta oficial: “Seguimos a disposición para negociar”. Pero, en los hechos, no se comunican desde enero.