El presidente, atado a la gestión del Covid y con problemas internos. El ministro de Economía ahorra más que Macri.
La inminencia del calendario empuja a barajar de nuevo. 1) El Gobierno tiene que resolver para cuándo llama las elecciones y tiene que arreglar los papeles con la oposición para que la postergación ocurra en paz, aun en un clima de sospechas de trampa;
Este formato le ha regalado al oficialismo durante todo un año un quórum desconocido para habilitar debates y aprobar les leyes. Es una herramienta de gobernabilidad en la cual se repara poco, pero es clave, porque clausura el debate, corrompe la confianza, reemplaza barbijo por mordaza y alimenta autoritarismos.
Lo muestra José Mayans, cuando justificó el viernes pasado, en la comisión de los DNU, el decreto pretoriano de cierre de aulas en la CABA. Lo impugna la oposición por ilegal al estar abierto el Congreso, y él ironizó: «Hay algunos que vienen con el tema del reglamento…». Es esperable que sus derechos –y los de todos– sigan amparados por el reglamento. En una democracia, la forma –o sea el reglamento– es la principal cuestión de fondo.
La peste instala la distancia entre las personas y el desorden de los sentidos, degradados por las relaciones virtuales y la pérdida del lenguaje no verbal, que lo es casi todo en el amor y en la política. El clima electoral lo empeora más. Es el turno cuando los políticos se juegan el pellejo y es la oportunidad para los cambios de piel. Se precipitan manifestaciones sublimes de lealtad y las traiciones menos pensadas.
Lo prueba la reaparición en el radar de Florencio Randazzo, que parecía en 2015 un campeón de la lealtad, y terminó sepultando a su propio gobierno cuando se negó al formato electoral que proponía Olivos. Permitió que ganaran Macri y Vidal en 2015. Nadie con tan poco produjo tanto. Si se agrega la mala fortuna -otro ingrediente del manual napoleónico-, pueden saltar los relojes.
En seis meses Sergio Massa ha perdido, en tragedias dolorosas, a dos peones centrales de su damero. Su gravitación en la cúpula traslada el golpe al conjunto del Gobierno. En noviembre, perdió a su banquero Jorge Brito. Esta semana, al ministro Mario Meoni. Son desgracias que obligan a replantear todo. El patrocinio de Brito -y del arco empresario que representaba-, le aseguró a Massa el lugar que tuvo en la trifecta que ganó el poder en 2019 y en el reparto de los cargos del gabinete.
Meoni, en el orden de la relaciones personales, está identificado con su nacimiento a la política. Compartieron bancas en la cámara de Diputados de La Plata. Meoni había llegado como seguidor de Leopoldo Moreau y él como punto de Palito Ortega, a quien había acompañado en la secretaría de Desarrollo Social de Carlos Menem -en sillas cercanas a las que ocupaban Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Capitanich-.
Venía de su militancia conservadora en la UCeDé y se consolaba de la intemperie a que lo sometía el duhaldismo, sirviendo mate a ruedas de amigos que integraban, entre otros, radicales como Meoni o Juan Pedro Tunessi, hoy prosecretario del Senado de la Nación. Testimonian aquellos días las fotos como invitados a su casamiento con Malena Galmarini, hija de uno de sus padrinos en aquellos años, el suegro Fernando, uno de los “Patos” más queridos de la granja.
Otros eran el matrimonio Luis Barrionuevo-Graciela Camaño, que le ha tenido más que paciencia. Tomando mate con amor se habrá juramentado a escalar, para que nunca más le tuviera que servir el mate a nadie y que fueran otros quienes se lo cebaran a él. De aquellas yerbas a estos lodos, porque hoy, como protocolo, cada uno se los ceba solo. Todo un peligro para la comunidad organizada, que se justifica sólo por la solidaridad.
El episodio ocurre cuando se van a cumplir dos años de su asunción, pero en los que no ha podido arrancar a gobernar. La peste le capturó la agenda y él la convirtió en un programa de gobierno. Su armado de origen está atravesado por la debilidad -es débil él como vecino de la Ciudad que se sacó la lotería de Buenos Aires; es débil Cristina, que administra una porción minoritaria del peronismo nacional; y más débil es Massa, que es la minoría de Cristina-. Esta debilidad de origen dibujó el único camino por el que ha podido administrar, que es la agenda de ajuste de Martín Guzmán.
En ese sendero el Gobierno logró tres medidas de salud fiscal que hubiera soñado Macri: emergencias de diciembre de 2019, endeudamiento de febrero de 2020 -las dos con ayuda de la oposición-; y la reforma a la baja de la actualización de las jubilaciones. El resto ha sido todo parálisis, como la reforma judicial. El país sigue esperando que comience a gobernar. La peste embarga a todos los gobiernos del mundo. Pero pocos han postergado como éste el trámite de la acción de gobierno.
Los dos primeros años ponen a prueba la capacidad de aprendizaje de todo presidente, en un oficio para el que nadie puede estudiar antes de ejercerlo. A ser presidente sólo se aprende siéndolo. Algunos aprenden, otros no. Un desafío que requiere toda la adrenalina que tengan los políticos, una raza de fatalistas sin remedio.
Raúl Alfonsín, que llegó al cargo sin experiencia en la rama ejecutiva, desabarrancó en los dos primeros años, pero se recuperó con la «economía de guerra» y el plan austral. Ganó las legislativas de 1985 y mostraba haber aprendido. Le duró hasta 1987, cuando inició el difícil final de su gobierno, sin poder superar la crisis política de las leyes de punto final, la recuperación del peronismo con la renovación y los efectos de la crisis económica.
Carlos Menem -que traía experiencia ejecutiva- parecía no haber aprendido y caminó en medio de la crisis hasta que le entregó el poder a Domingo Cavallo. La experiencia que traía como gobernador de La Rioja no era la mejor, pero aprendió. En 1991 el país alcanza un plano de sustentación por la convertibilidad, que le permitió reelegir y estar 10 años en el cargo. Terminó con unos indicadores de salida que envidiaría cualquiera de sus sucesores en las décadas siguientes.
De la Rúa traía la experiencia de buen administrador de la CABA. Ese prestigio le hizo ganar la presidencia, pero no aprendió a ser presidente. A los dos años tenía quebrada la alianza de gobierno y perdió las legislativas de 2001. Tuvo que dejar el gobierno ese año.
Néstor Kirchner traía experiencia ejecutiva de Santa Cruz, pero tuvo el tino de continuar con medio gabinete de Eduardo Duhalde, su padrino, incluyendo a Roberto Lavagna. Éste ha contado que cuando le pidió la renuncia, en 2005, le dijo: «Ahora me toca a mí». No le alcanzó el aprendizaje. En 2007 resignó ir a la reelección porque medía perdedor.
Cristina llegó con socios radicales, pero sin experiencia. Demostró que no aprendía, cuando a menos de un año de asumir perdió la batalla con el campo por un proyecto de su propia iniciativa, y amenazó con renunciar por un problema que ella misma se inventó. De aficionados, en un negocio en el cual los conflictos que te traen los otros son más que suficientes.
En las legislativas de 2009 el trío Néstor-Scioli-Massa fue derrotado en Buenos Aires por el debutante Francisco de Narváez. En 2011, con una oposición licuada -cuyo candidato más votado sacó 19% de los votos- reeligió holgadamente. Al mes de reasumir, ya tenía cepo al dólar y estatizaban las acciones de Repsol en YPF. Y en 2013 perdió con Massa.
Macri traía experiencia ejecutiva de la CABA y no le costó aprobar la cursada. En 2017 ganó las legislativas y creyó que podía permitirse el desliz de aquel día del Inocente, cuando tiró por la borda las metas de inflación de Sturzenegger. Logró que le aprobaran el presupuesto 2018 el 27 de diciembre de 2017. Le duró menos de 24 horas. El 28 de diciembre demolió su propio pedestal por la ilusión de que todo mejoraría con un poquito más de déficit y de inflación. Precipitó la derrota de 2019 porque había quemado sus propios códigos.
El corsé de las fechas anima otros debates no cerrados. En el Gobierno estalló una guerra sorda nada menos que en la discusión sobre el proyecto de ley de ganancias para sociedades. Cuando todo parecía que iba en coche al muere -o sea a pagar más impuestos- se abrió un debate sobre cuánto se recaudará por esa modificación, que puso en duda la eficiencia de quienes hacen pronósticos de recaudación.
El Ejecutivo -o sea la AFIP de Mercedes Marcó del Pont- dijo que, por esa reforma, el fisco puede aumentar las alforjas con un aumento de $ 120.000/160.000 millones, de los cuales unos $ 70.000 millones irían a las provincias. En medio del debate de la comisión de Carlos Heller, llegó el informe de la Comisión de Presupuesto del Congreso, que calculó ese aumento en más de $ 320.000 millones.
Heller postergó el debate, sobre una iniciativa que ya cuesta otra pelea con la oposición y con los empresarios. ¿Cómo puede ser que la diferencia sea de más del doble? ¿En qué situación quedan los técnicos responsables de ser prolijos con la plata ajena, y los políticos que buscan persuadir de que esos aumentos no son malos?
Según el diputado radical Luis Pastori, el cálculo de la OPC (Oficina de Presupuesto del Congreso) es serio, basado en datos de la AFIP, y han actualizado los números. Estos llevarían a una recaudación que sextuplica lo que resigna el Estado por la baja de ganancias a los salarios –unos $ 50.000 millones, que ya es ley, y abarca a muchas más empresas de las se preveían-. No son las 1.000 que decía el Ejecutivo sino cerca de 17.000. Esto trae revuelo porque enfrenta a las alas productivista -¿Kulfas?– y fiscalistas –¿Guzmán?– del oficialismo, y a estos con la oposición.
La OPC es una creación reciente pero que inspiraron hace años dos próceres de la contabilidad de Estado, como Raúl Baglini y Oscar Lamberto. La administra Marcos Makón, una estrella de las finanzas públicas de prestigio mundial y que fue ministro de Desarrollo Social en el gabinete de Fernando de la Rúa en nombre del FrePaSo. Sucedió a Graciela Fernández Meijide y lo reemplazó Juan Pablo Cafiero. Viene con el casco puesto desde hace años. Ocupa el cargo por concurso y nadie, hasta ahora, lo ha discutido.
Estos forcejeos conviven con el pánico ante un agravamiento de la peste, en el que los políticos están creyendo como creen en encuestas que pronostican éxitos y naufragios -aunque después no se cumplan-. Son apuestas al futuro, que es tan irreal como la eternidad, y deterioran el clima político. Ponen en claro qué se sostiene y qué tambalea. Está claro que el único plan que mueve hacia adelante el Ejecutivo es el ajuste del gasto y que, pese a las leyendas, el ministro Martín Guzmán es ese superministro de Economía que los gobiernos dicen que no quieren tener. Empuja por las de él y nadie se le pone delante con un programa de ajuste que ya hubiera querido Macri para su gobierno.
Los caciques provinciales administran los territorios y la relación con los votantes. Cuidan los números, y ejercen la virtud de la austeridad con cierta culpa, pero lo hacen porque tienen experiencia de que cuando estalla la economía, ellos son las primeras víctimas. Y los primeros beneficiados si mejora. Sin decirlo y sin bajar las banderas del estatismo raído que enarbola el Gobierno, Guzmán ha logrado bajar el gasto y mantener los ingresos. Claro, gracias a la inflación y al hachazo a las jubilaciones, más la primavera de las retenciones, que se liquidan con atraso, pero con precios de algunos productos que están en el máximo histórico.
El Gobierno ejecutó sotto voce un apretón fiscal y monetario en el primer trimestre gracias a la caída real del gasto social y los salarios públicos, y al aumento de la recaudación por retenciones y la absorción de pesos por las ventas de dólares del BCRA en el mercado paralelo. La base monetaria, que crecía al 70% interanual hasta octubre 2020, hoy crece al 30% interanual, según el cálculo de Luciano Laspina, que lleva los números para la oposición en la comisión de Presupuesto y Hacienda. Según esta regla, las jubilaciones y los salarios cayeron aproximadamente 7% anual en términos reales en marzo, los gastos de capital crecieron 84% y los subsidios 26%.
El informe de esta semana de la consultora Invecq festeja esto con el título: «Que esta golondrina haga verano», y calcula que «en moneda constante, los ingresos totales del Gobierno se mantienen estables en comparación con los del período enero-marzo 2019. Al mismo tiempo, el gasto público total revela una caída real del 3%. Consecuentemente, como resultado se evidencia una reducción del déficit público total desde unos 240.000 millones de pesos en 2019 (en pesos constantes actuales) a poco más de 180.000 millones de pesos, equivalente a una corrección del 24% real.”
Claro que la oposición rechazará los dos proyectos de ganancias de sociedades y el nuevo consenso fiscal, por considerarlos anti-negocios porque aumentan impuesto a empresas y permiten que las jurisdicciones suban impuestos locales. Desde otra posición del dial es lo que denuncia Juan Grabois cuando dice que Guzmán y su presidente son «fiscalistas». No hay que desatender estas tensiones en el oficialismo, entre Alberto y el jefe de la CTEP -que es asesor del dicasterio vaticano de Desarrollo Social desde hace años, según el documento que lo llama “Ioannis Grabois” en cultísimo latín, aunque se haya refrescado esta dignidad por una reedición del Anuario Vaticano, que tomó por sorpresa a quienes no se han informado convenientemente de quién es el Papa Peronista (hay bibliografía al respeto).
Hoy no tienen diálogo personal, salvo desafíos como el que lanzó «Ioannis» en una carta pública que le dirige a Alberto como presidente del PJ, en defensa de «los 12 de Andalgalá». Es un grupo de ambientalistas detenidos por la justicia de Catamarca, y a quienes el PJ local también ha querellado. En esa carta le pide intervención a Fernández desde el PJ –aliado del Frente Patria Grande de Grabois en el Frente de Todos- pero habla de «presos políticos» bajo su gobierno. También le reprocha que el Frente de Todos pareciera «no tener una política clara frente a los modelos extractivos que destruyen la naturaleza y perjudican a las comunidades».
Es un alzamiento interno en el oficialismo, que acusa a Alberto de tener presos políticos, calificación que el presidente ha usado en defensa de Milagro Sala y de Cristina de Kirchner. Grabois es un abogado que patrocina a detenidos con condena como Milagro Sala o Luis D’Elia, que el peronismo también ha apañado como presos políticos. Catamarca está gobernada por el peronista Raúl Jalil.
Fuente:https://www.clarin.com/politica/alberto-fernandez-arranca-vuelta-florencio-randazzo-ajuste-martin-guzman_0_bmYNWDr8o.html
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