El propio jefe del Estado dijo en ese mismo reportaje que él llegó con Cristina y se irá con ella. ¿Era necesario que el Presidente aclare cuándo se irá del cargo? Todos sabemos (y esperamos) que su actual mandato termine el 10 de diciembre de 2023, como lo estipula la Constitución. Nadie dudó de esa certeza, ni siquiera sus adversarios más acérrimos, hasta que él puso la discusión sobre la mesa. ¿A quién le estaba hablando? ¿Acaso a Cristina Kirchner? Es cierto que la vicepresidenta presiona de tal manera a la administración de Alberto Fernández que muchos imaginan el día en que el Presidente dirá basta. Es improbable que ese día llegue. Con la salida de Losardo se constató que él se resignó ante la supremacía política de Cristina Kirchner y que no le pondrá obstáculos en su decisión de saltar sobre la Constitución, sobre el Estado de Derecho y sobre el sistema político y judicial. Se sometió a la voluntad de su lideresa. No es necesario contrastar sus discursos o sus actos de hoy con lo que decía cuando estaba en la oposición al cristinismo. La comparación debe hacerse solo con el candidato presidencial. Era otro Alberto Fernández, que prometía diálogo y consenso, que decía que no se metería nunca con la Justicia y que aseguraba que respetaría la disidencia. Los actuales discursos del Presidente son un remedo de los de Cristina, rupturistas y, a veces, ofensivos.

“Agobiada”

Alberto Fernández comentó públicamente que su vieja amiga estaba “agobiada” y que le había pedido irse del Gobierno. ¿Agobiada de tanto trabajo? Difícil. Es una mujer meticulosa y trabajadora. ¿Agobiada de su relación con el resto de los ministros? Más difícil aun. Acostumbrada a dialogar con propios y extraños, nunca se supo que tuviera disidencias dentro el gabinete de ministros. Es más probable que esté agobiado de la intensa presión del cristinismo y, sobre todo, de los cristinistas que la rodean en el Ministerio de Justicia. Desde el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, hasta el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que depende formalmente de Losardo, todos reportan directamente al Instituto Patria. Todos son soldados de Cristina que desprecian a Losardo, porque ellos tienen la bendición de la suma sacerdotisa del cristinismo. Losardo es casi la única expresión del Ministerio de Justicia que no milita en el cristinismo más cerril. Su vida como ministra debió ser un infierno. Era previsible desde el comienzo del Gobierno, aunque el Presidente se esforzaba por contar una historia de bellas convivencias.

Losardo no quiso romper nunca su vieja relación con el mundo judicial. Fue siempre una de las pocas exfuncionarias del Ministerio de Justicia infaltablemente invitada a la cena anual de la Asociación de Magistrados. Ella fue la que llevó a la Corte Suprema a Elena Highton de Nolasco, su antigua maestra en la interpretación de las leyes. Se la presentó a Alberto Fernández y este le propuso su nombre a Néstor Kirchner. Alberto la destrató a Highton de Nolasco en su reciente discurso ante el Congreso cuando recordó que había jueces que seguían en actividad después de haber cumplido los 75 años, que es el límite de edad que establece la Constitución. Highton de Nolasco está en el cargo sostenida por una cautelar que la protege. En aquel discurso, el Presidente habló también de una comisión parlamentaria para hacer un “control cruzado” del Poder Judicial. Ningún párrafo de la Constitución habla de que algún poder, sea cual fuere, debe controlar al Poder Judicial. El viejo profesor de Derecho volvió a desafiar a la Constitución. Lo cierto es que el cristinismo más fanático salió a proponer que esa comisión bicameral sancionara y echara a jueces. Losardo les paró los pies con una frase lapidaria. “Una comisión bicameral no puede sancionar ni echar jueces. Eso no está en la Constitución. Puede ser solo una comisión asesora”, dijo, terminante. Había cavado su propia tumba. La tumba a la que quería ir como funcionaria. El fiscal Carlos Stornelli (una bestia negra para el cristinismo) lamentó, una hora después de la declaración de Alberto Fernández, la renuncia de Losardo. “Es una buena persona”, dijo. Menos mal que el Presidente ya la había despedido. Si no hubiera sido así, la suerte de Losardo habría estado echada por el solo elogio de Stornelli.

La lapicera

Aun debilitada, Losardo tenía la lapicera para firmar (o no firmar) las decisiones del Ministerio de Justicia, justo en el momento en que Cristina Kirchner le declaró la guerra al Poder Judicial. La vicepresidenta necesita que esa lapicera la maneje un incondicional del ella, capaz de suscribir las posiciones más febriles del Instituto Patria. Uno de los candidatos es el diputado Martín Soria, que ya mostró su lealtad haciendo públicas deducciones sobre supuestas e increíbles connivencias entre jueces y periodistas. Un alumno dilecto del más puro cristinismo. Si alguna vez fue ajeno al kirchnerismo, ese tiempo ya pasó y de él no quedó nada. Hijo del dirigente peronista Carlos Soria, que tuvo funciones importantes en el peronismo de Carlos Menem y Eduardo Duhalde, el hijo Martín parece haber heredado muy poco del talante dialoguista y consensual de su padre. Carlos Soria murió en el año nuevo del 2012 por un disparo de su esposa, víctima de un amor contrariado.

Cristina Kirchner ordenó la dura conflagración contra la Justicia después de dos decisiones que le pronosticaron el futuro. La primera fue la resolución de la Cámara de Casación, la máxima instancia penal del país, que declaró constitucional el testimonio de los arrepentidos. La declaración de inconstitucionalidad de esos testimonios hubiera derrumbado buena parte de la causa de los cuadernos. Esa causa sigue viva y es una amenaza para la expresidenta. La segunda decisión fue la sentencia de un tribunal oral que condenó a Lázaro Báez a la pena máxima por lavado de dinero. Ese dinero provenía de la corrupción de la obra pública, concluyó la mayoría del tribunal. Los jueces condenaron, además, a todos los hijos de Lázaro Báez por el mismo delito. La resolución, si fuera confirmada por la Cámara de Casación, agravará el juicio por la corrupción de la obra pública que se está realizando. El tema de los hijos es una cuestión crucial para Cristina porque los suyos también son investigados. Losardo no servía para esa “nueva etapa” como el Presidente la llamó eufemísticamente.

Digan lo que digan, también el Presidente saldrá más debilitado después de la renuncia de Losardo. Pudo haber dado un golpe sobre la mesa. Pudo haber cambiado el equipo cristinista del Ministerio de Justicia para aliviar el “agobio” de su amiga. Eligió cambiarla a ella. Cristina provoca temor en muchos políticos. El Presidente no parece ser una excepción. Martín Guzmán, otro moderado, debería tener las maletas preparadas para el adiós. Alberto Fernández ni siquiera le permitió a su vieja amiga irse por la puerta grande, con respeto no solo a la ministra, sino también a la persona. La despidió mientras hablaba públicamente de lo divino y de lo humano con un periodista de su propia cofradía.