Primero, en diciembre, fue el Congreso el que aprobó el llamado impuesto a la riqueza; luego, el Poder Ejecutivo reglamentó aquella norma. Por por último, la AFIP pulió los detalles. Ahora, con el andamiaje del Aporte Solidario y Extraordinario terminado, centenares de contribuyentes obligados a pagar estudian cada hendija posible por donde pueda interponerse algún recurso judicial para bloquear la obligación impositiva.

De acá al 30 de marzo, cuando vence el plazo de presentación de la declaración de bienes y del pago, todo parece ser litigioso. Seguramente, el Poder Judicial quedará en medio de una pelea impositiva. «El sapo es demasiado grande como para que pase por el sistema digestivo», ilustró un asesor de varios empresarios.

El impuesto apunta directamente sobre el patrimonio en blanco. Una vez más, el dinero negro está a salvo. Un empresario con fuertes inversiones comentaba que no es homogéneo el impacto en los contribuyentes. «Los que tienen que depositar relativamente poco, lo van a pagar», estima. Sucede que ir a la Justicia por un monto bajo puede ser antieconómico. Luego habrá otro grupo que son los que pagan mucho. Y luego está la franja del medio, que es la mayoría. «En ese sector no lo van a pagar y lo van a judicializar», finalizó.

Varias entidades consultadas coincidieron que estudian la reglamentación y tres empresarios más dijeron que le dieron instrucciones a sus asesores impositivos para que estudien la posibilidad de judicializarlo. Fuentes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) dijeron que allí hay una preocupación adicional: una iniciativa que pretende modificar la actual ley de Competencia. César Litvin, del estudio Lisicki & Litvin es una suerte de psicólogo en temas impositivo. Cuenta que hay una fuerte resistencia al pago. «Considero que se mantiene la postura mayoritaria de litigar este impuesto que, junto a Bienes Personales, tienen un récord mundial de imposición sobre bienes con el agravante que ambos no consideran el pasivo», dice.

Justamente, esta cuestión no es menor. El impuesto a la riqueza no contempla las deudas. Dicho de otro modo pagará lo mismo quien tenga 100 pesos y no deba nada que quien tenga 100 pesos y deba 90. «Hay un principio de igualdad de la ley que esta ley no respeta: iguala a quien tiene pasivo con otro que no lo tiene. Eso eso genera desigualdad», dice Litvin. Otro de los temas que sorprendió es el plazo. En un escenario de pandemia, con empleados remotos y con parte de vacaciones no es fácil llegar a tiempo con las presentaciones necesarias para determinar el pago. El punto sobre el que se posará la estructura argumental para judicializar el impuesto es la confiscatoriedad. Allí se abre una enorme discusión que alguna vez fue zanjada por la Corte en fallos de las década del 40 y del 50. Entonces se establecieron criterios que hablaban de que no podía exceder el un determinado porcentaje de la renta del capital. «La suma del impuesto a los Bienes Personales y este a la riqueza está en una escala que va desde 2,5% del total de los bienes hasta 7,50%. Esto sin considerar si son financieros o activos productivos. Un ejemplo, quien tenga bonos de Estados Unidos tuvo una renta de 0,6% en 2020. Pues tiene que pagar mucho más que esa renta», calculó Litvin.

La AFIP estableció que se quienes no estén obligados a tributar por tener un patrimonio inferior a $200 millones, igualmente deberán informar si al 31 de diciembre de 2019 sus bienes tuvieron una valuación superior a $130 millones. También están obligados los que un año antes, es decir el 31 de diciembre de 2018 anotaron patrimonios superiores a $80 millones. «La crítica es que intentan observar, estilo panóptico, todos los movimientos patrimoniales. Pondrán foco en las donaciones, aportes a trusts y consumos», dijo Litvin.

Una aclaración al pasar: panóptico es de un edificio construido de modo que toda su parte interior se pueda ver desde un solo punto, y se usa mucho en las cárceles. Varios empresarios, además, consideran que no está claro el destino de los 300.000 millones de pesos que eventualmente se recaudarán. «No están destinados a un programa específico sino que so para gastos genéricos de la política que no tiene ningún tipo de control más que la discrecionalidad», dijo un importante industrial. La pregunta que surge es si podrán cerca de 10.000 contribuyentes provocar una pequeña rebelión fiscal. La respuesta histórica es que no hay grandes rebeliones sin grandes masas de disconformes que no quieren pagar un impuesto. Será una pelea de grandes empresarios contra un enorme Estado. Están en juego $300.000 millones que el 30 de marzo deberían dejar el mundo privado para que desde ese momento los maneje la política.