Durante su primer año de gestión, Alberto Fernándezdictó 76 decretos de necesidad y urgencia (DNU), la cifra más alta desde 2002/2003, el bienio que marcó la mayor crisis económica y social de la historia reciente. En la mayoría de los casos el uso de esta herramienta excepcional que habilita la Constitución Nacional fue motivada por la pandemia, aunque apenas la mitad de estos decretos (37 en total) fueron ratificados luego por el Congreso.

Según el historial del Sistema Argentino de Información Jurídica del Ministerio de Justicia (SAIJ), en 2002 el Poder Ejecutivo de entones firmó 106 DNU, mientras que al año siguiente dictó otros 96. La marca más alta se producirá 17 años después, con 76 DNU de Alberto Fernández. De todos esos decretos, 48 fueron motivados en forma directa por la pandemia y 5 fueron prórrogas de emergencias sectoriales y moratorias impositivas vinculadas directa o indirectamente con la pandemia. Los restantes no tuvieron que ver con la emergencia y algunos de ellos -como el intento de expropiación de la empresa Vicentin o la prórroga de la suspensión de la movilidad jubilatoria- provocaron en su momento un fuerte rechazo de la oposición en el Congreso.

Otro dato sugestivo que arroja este primer año de gobierno del Frente de Todos es que hubo casi tantos DNU como leyes aprobadas por el Congreso. En efecto, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre pasado los legisladores sancionaron un total de 71 normas, casi el doble de las aprobadas durante el último año de gestión de Mauricio Macri (39 en total). En plena pandemia, y pese a la prolongada cuarentena impuesta por el Gobierno, los legisladores se las ingeniaron para mantener activo al Congreso con sesiones y reuniones de comisión celebradas por vía remota.

En efecto, según los registros oficiales, en el último año la Cámara de Diputados, presidido por Sergio Massa, celebró 24 sesiones (a razón de dos por mes), mientras que el Senado, lo hizo en 32 oportunidades. Con una mayoría kirchnerista inexpugnable, la Cámara alta se convirtió en el bastión que Cristina Kirchner, su presidenta, aprovechó para marcar la agenda legislativa. Así, se encargó de blindar cada uno de los DNU más polémicos del Gobierno como así también de avanzar en iniciativas de su más íntimo interés, como la polémica modificación de la ley de Ministerio Público.

Sin embargo, el rechazo de la oposición, que denunció que esta iniciativa significaba un pasaje a la impunidad en las causas de corrupción que afectan a la vicepresidenta y los suyos, impuso un freno en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo es minoría. Allí también se congeló la también polémica reforma judicial, un emblema de campaña del presidente Alberto Fernández; Juntos por el Cambio rechazó de plano la iniciativa, la calificó de inoportuna por tratarse en plena pandemia y denunció que era parte de un «plan de impunidad» para favorecer al kirchnerismo. Pese a las críticas, el Gobierno se propone volver a la carga con el proyecto el mes próximo, durante las sesiones extraordinarias.

Los proyectos del Poder Ejecutivo

Más allá de estos traspiés, el Gobierno no debería quejarse del desempeño legislativo de este año: de los 36 proyectos de ley que envió al Congreso logró que 22 fueran aprobados. El resto permanece en la agenda a la espera de su tratamiento.

Entre los logros más resonantes figuran la legalización del aborto, iniciativa que se aprobó en el Senado luego de una solapada pero persistente tarea de disuasión por parte de representantes del Gobierno hacia los legisladores indecisos. Igual empeño impuso en la Cámara de Diputados cuando se discutió la nueva ley de movilidad jubilatoria, una iniciativa tan sensible como polémica, pues excluye a la inflación como variable de actualización de los haberes.

El oficialismo, en una hábil jugada, convocó a sesionar el mismo día que, en paralelo, el Senado discutía la ley sobre el aborto. Con los focos de atención fuera de la Cámara baja y despojados de la presión mediática y popular, al Gobierno no le costó demasiado sumar los apoyos de diputados aliados que le restaban para alcanzar la mayoría. Así, le dieron un trofeo clave al ministro de Economía Martín Guzmán, ávido por exhibir, en vísperas de la renegociación de la deuda con el FMI, un ajuste en las cuentas públicas.

Hubo otros logros legislativos importantes para el oficialismo: algunos tuvieron el acompañamiento de la oposición y otros, en cambio, se alcanzaron tras votaciones muy ajustadas en la Cámara de Diputados gracias al aporte de un puñado de bloques aliados.

Tal fue el caso de la ley por la cual el Gobierno impuso una poda de recursos en concepto de gastos en seguridad por el traspaso de la Policía Federal al distrito porteño durante el gobierno anterior. La embestida del oficialismo provocó la reacción del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hasta entonces uno de los aliados del Gobierno en la lucha contra la pandemia. El proyecto dinamitó todos los puentes de diálogo y Rodríguez Larreta optó por dirimir el asunto en la Corte Suprema.

Otra iniciativa igualmente conflictiva fue la propuesta del Poder Ejecutivo para una nueva moratoria impositiva destinada a regularizar deudas impositivas, aduaneras y previsionales. Juntos por el Cambio denunció una «amnistía» al empresario Cristóbal López por un artículo que permitía el ingreso a empresas en quiebra como Oil Combustibles.

Los proyectos que, en cambio, lograron un acompañamiento opositor más importante tuvieron que ver con la gobernabilidad; fueron los casos de la ley de emergencia sancionada no bien asumió Fernández y los dos proyectos referidos a la renegociación de la deuda externa. El presupuesto 2021 recibió varias críticas opositoras, pero aún así no se obstaculizó su sanción.

Pese a la pandemia, el Congreso mantuvo una actividad prolífica, sobre todo en las comisiones: más de 200 funcionarios del Poder Ejecutivo desfilaron por las distintas comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados para participar de los debates legislativos. Sin embargo, para la oposición el principal ausente fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: obligado por la Constitución Nacional a dar un informe mensual sobre el avance de la gestión, sólo fue al Congreso tres veces desde que asumió Alberto Fernández.