San Rafael, Mendoza viernes 04 de diciembre de 2020

SEÑALES: INSEGURIDAD, JUSTICIA Y PACTO SOCIAL – PARTE II – Por: Prof. Fabio Misino

En la parte I hicimos un análisis desde las ciencias sociales y la teoría política sobre la inseguridad, la justicia y el pacto social. Vimos las consecuencias de la ruptura de dicho pacto y la responsabilidad de los gobiernos principalmente-

En esta parte trabajaremos sobre lo concreto, o sea sobre medidas tomadas por el gobierno; en fin sobre las señales que el gobierno está generando y la sociedad está recibiendo.

Para muchos, cada vez más, son muchas las señales que observan. Y no solo lo observan, sino que las empiezan a sentir. ¿Pero cuáles serían esas señales? Son muchas, cada vez más, lo que hace dudosa que respondan a acciones aisladas, torpes o desafortunadas. Se pueden nombrar las siguientes:

  • La defensa irracional a Evo Morales y la denuncia de golpe de estado en Bolivia. Si bien, técnicamente hablando, desde las ciencias sociales es imposible sostener que hubo un golpe de estado, en la política argentina todo es posible, hasta negar la ley de gravedad.

Para sintetizar y entender esta situación. Evo Morales, no solo no respetó la Constitución, no respetó un referéndum o plebiscito y organiza y lleva adelante un fraude electoral. O sea, no respetó el pacto social de su país, la voluntad de su comunidad. Y por si fuera poco desde el exterior incitó permanentemente a una guerra civil.

Lo que simplemente deberíamos preguntarnos es: ¿Está bien que un presidente no respete la constitución? ¿Está bien que no respete un plebiscito? ¿Está bien que cometa fraude? ¿Está bien que incite a la guerra civil y a la desintegración social? Para cualquier demócrata o republicano la respuesta es obvia.

Que en Bolivia no hubo golpe fue más que claro: no hubo toma del poder por la fuerza, hubo días de vacío de poder, se siguió la sucesión presidencial, los poderes legislativos y judicial (legítimos) siguieron funcionando, la Constitución siguió vigente; etc. A pesar de esto que el gobierno argentino  haya mantenido la postura de golpe, no ayudó a la resolución de la crisis de Bolivia ni a alcanzar la paz social y generó  mayor conflicto en la región. Pero para este análisis es que defendió y defiende a un líder que no respetó la Constitución y que fue y es capaz de realizar cualquier cosa (al costo que sea, incluso una guerra civil) para perpetuarse en el poder. ¿Defender semejante atropello a la democracia, no estaría anunciando la defensa de atropellos en el  nuestro? ¿No sería defender que el líder tiene todo permitido, incluso violar la ley?

  • Siguiendo en el plano de las relaciones internacionales, el gobierno argentino defendió y defiende regímenes que violan los derechos humanos como Venezuela, Nicaragua o Cuba. ¿No estará anunciando el rumbo que quiere para el nuestro?
  • Por otro lado, encontramos en un principio que sindicalistas y dirigentes políticos celebraban como un logro la ida del país de empresas, primero las aéreas, luego de otros rubros. Era celebrado lo que en realidad es preocupante, ya que se traduce en menos servicios, menos conectividad, más dificultades para comerciar, menos servicios, menos producción, menos empleos. La pregunta que inevitablemente surgía era: ¿Si se celebraba, era algo buscado?
  • En relación al plano empresarial, una diputada presenta un proyecto que apunta a que el estado pueda apropiarse de parte de las empresas que hayan sido ayudadas durante la crisis. Esta medida no es solo apoyada por algunos legisladores, sino también por los ministros de educación y de trabajo. Esta medida ignora el derecho de propiedad, y trata de quitarle al estado la responsabilidad y la obligación de ayudar a las empresas en crisis. ¿Por qué debería hacerlo? Porque es una decisión del gobierno la que obliga a las empresas a no funcionar, a no despedir empleados y a seguir pagando impuestos, generándole un lucro cesante, un daño irreparable. Por lo tanto sería obligación del estado, subsanar el daño que les ocasiona.
  • Siguiendo en esa línea aparece el proyecto de la senadora Fernández Sagasti, apoyado por el presidente para expropiar la empresa Vicentín, ignorando las leyes (o no), entorpeciendo la labor del juez que estaba atendiendo ese caso. La medida se observa como un ataque al poder judicial. Su consecuencia es otro conflicto institucional entre los poderes del estado. También se presenta como un ataque al derecho constitucional de la propiedad privada. La presentación de esta medida de manera rimbombante y acompañada de un relato épico  puede demostrar la intención de quitarle autoridad al poder judicial y el minar el derecho de propiedad.

En el área de seguridad se observan acciones preocupantes como:

  • La liberación de miles de presos de las cárceles. El número podría haber sido mayor de no ser por el reclamo social. Como era de prever, muchos de los ex – presos volvieron a delinquir y muchos más tienen paradero desconocido. Esta situación impactó no solo en la percepción de inseguridad, sino en la realidad cotidiana con el aumento de casos delictivos y violentos que sufre la población.
  • Las directivas de la Ministra de Seguridad de rechazar el uso de pistolas Taser y de derogar los  protocolos de seguridad, generaron una actitud de no intervención  y una sensación de desprotección física y legal de la fuerza policial.
  • Tomas de tierra con el apoyo de funcionarios, ya sea por acción o por omisión al no tomar decisiones
  • La bajada de línea para que las fuerzas de seguridad y de defensa no intervengan, incluso en la usurpación y daños de bienes del ejército y de otras dependencias del estado.
  • La desaparición o robo de miles de municiones en cuarteles de Neuquén, se podría agregar casos en otra provincia.
  • Las paradojas en el ámbito de la seguridad siguen. Se observa que el funcionario responsable de la seguridad de testigos en los casos de corrupción, está procesado en los mismos casos de corrupción. La consecuencia paradójica es que los testigos renuncian a la protección del estado. Desconfían que el estado pueda garantizar su seguridad. El recuerdo de Nisman se hace inevitable. La muerte violenta del exsecretario de la expresidente, muestra la desprotección en que se encuentran los testigos. La paradoja crece al saber que la expresidente multiprocesada por delitos de traición a la patria, corrupción y un largo etc. tiene una custodia de no menos de 45 guardias a los que les paga el estado. La desigualdad en la seguridad implementada por el estado es notable.

En relación a las medidas en las que se observa un avance e intervención en la justicia se destacan las siguientes:

  • Intento de aumento del número de miembros de la Suprema Corte de Justicia
  • Proyecto de remoción de jueces que intervienen en casos de corrupción de funcionarios
  • Nombramiento de jueces nuevos sin la participación de bloques opositores. Esta situación contradice la tradición democrática de nombrar los jueces con cierto consenso político. Se le suma una complicación más, que es no priorizar los antecedentes y el mayor puntaje. ¿Se puede empañar más el proceso? Sí. Nombrando jueces pertenecientes a la agrupación política partidaria Justicia Legítima. Esto merece una reflexión extra. Parece increíble que en una democracia exista en el ámbito judicial una agrupación política partidaria. Tomando como analogía el futbol, sería lo mismo encontrar en la Asociación de Árbitros Argentinos una agrupación llamada Agrupación de Árbitros Bosteros u otra Dale Millo, etc. Lo que sentiría cualquier hincha de cualquier equipo es que no se garantizaría la imparcialidad de los arbitrajes, y dudaría de las decisiones que tomen estos jueces. Ahora bien lo que para el deporte sería ilógico, inverosímil o descabellado, para la política es posible.
  • Ya Cristina Fernández recibió un beneficio con un fallo de un juez de dicha agrupación, que le permite no pagar impuesto a las ganancias. Esto muestra por parte de la vicepresidente, bajísima empatía y mayor desigualdad con los ciudadanos argentinos.
  • Siguiendo esa línea encontramos que se nombra juez federal de Chaco al primo del gobernador, a pesar de estar 40 puntos por debajo del primero y tener varios colegas por encima de él en los exámenes del concurso.
  • En esta sintonía se suma el intento de remover sin causa alguna al procurador general (jefe de fiscales), Vale destacar que su actuación es reconocida y valorada a nivel internacional por haber transparentado y mejorado la calidad institucional.
  • Se puede agregar la renuncia de la Oficina Anticorrupción a actuar como querellante en las causas contra funcionarios  acusados de haber dañado o perjudicado al estado y sus bienes. Recordemos que varios funcionarios ya están  procesados y algunos condenados en otras causas. El motivo que se aduce es la falta de personal. ¿Es sostenible este argumento? Difícilmente lo sea. Ya que el mismo organismo no renovó contrato y  también desplazó  a parte importante del plantel técnico profesional que tenía. Sin duda que la situación se vuelve paradójica.
  • En esa línea también se resuelve desplazar e investigar al personal técnico profesional de la AFIP y de la Unidad de Investigaciones Financieras que trabajó profesionalmente en la investigación de casos de corrupción.
  • Reforzando la paradoja, nos encontramos con un aumento de personal de más de 3000 empleados en la órbita ministerial y de la legislatura. Recordamos que estamos en cuarentena y con reducción de actividades en todas las esferas administrativas.
  • Con ese hilo conductor vemos la creación de un organismo encargado de controlar a los periodistas y sus publicaciones que pone en juego la libertad de expresión. La idea es analizar los grados de verdad de lo que publican los periodistas. ¿No habría que crear un organismo que analice los grados de verdad de lo que dicen los funcionarios?

Cuando observamos las medidas, surge la pregunta: ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? Se hace difícil, muy difícil creer que sea mejorar la justicia y las instituciones. Se hace difícil de creer que sean todas medidas aisladas de algún funcionario o legislador.

Se hace preocupante que sean apoyadas por varios legisladores,  funcionarios y dirigentes sociales y sindicales.

Se hace difícil procesar que la discusión en las esferas políticas sea si hay o no que cumplir la ley.

Se hace difícil esperanzarse en un acuerdo nacional, cuando estas medidas adoptadas llevan a la desintegración social, a mayor enfrentamiento y desunión; en  fin, a agrandar la grieta y a generar nuevas.

En fin, parece ser que estas situaciones lo único que transparentan es la falta de transparencia.

Cuando observamos las consecuencias de estas medidas, veremos mayor inseguridad jurídica, mayor inestabilidad política, mayor enfrentamiento y desintegración social y mayor desconfianza económica. Sin duda que esta suma de consecuencias negativas van debilitando y golpeando a la democracia y al  sistema republicano.

Si observamos las medidas descriptas  en relación a nuestro pacto social, a través de los objetivos planteados en el Preámbulo, nos preocupa y entristece:

Consolidar la paz interior. Constituir la unión nacional. Parece difícil al ver funcionarios que agudizan los enfrentamientos, que promueven no respetar las leyes y hacen prevalecer más la identidad de facción que la de nación.

Afianzar la justicia. Las medidas implementadas, se alejan de este objetivo y parecen traslucir uno nuevo: Manipular la justicia

Asegurar los beneficios de la libertad. Se hace difícil al notar mayor intervención y restricción en las redes, el ataque a periodistas y la creación de organismos autoritarios.

Promover el bienestar general. La realidad nos deja sin palabras.

Entristece y duele muchísimo ver que estos pilares de nuestro pacto social, parecen no marcar el norte en la gestión de gobierno.

Lo triste y preocupante es que este debilitamiento institucional que puede llevar a la destrucción del mismo estado democrático y a la desintegración social, no es ocasionado por agentes externos a la nación, sino, es ocasionado por las medidas enunciadas. O sea, desde el mismo estado, desde las esferas gubernamentales.

La pregunta inevitable es si el riesgo actual que puede llevar a la ruptura final del pacto social de nuestra patria es: ¿Simple ineptitud o un plan programado? Hay señales como para que cada uno se responda.

Gentileza: 

Por: Prof. Fabio Misino – famisino@gmail.com

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