En un debate en el que oficialismo y oposición cruzaron fuertes acusaciones políticas, el Senado aprobó un proyecto de ley que apunta a paliar los efectos económicos de la cuarentena por el coronavirus y que establece la suspensión hasta mediados de 2021 de los plazos procesales de los concursos preventivos y quiebras declarados después del 1° de marzo.

La iniciativa fue modificada por el oficialismo tras su aprobación en Diputados, con una cláusula que lleva la impronta política de Cristina Kirchner y que acotó los alcances de la emergencia en materia concursal para impedir que el grupo empresario Vicentin, que el Gobierno intentó expropiar sin éxito, pudiera verse beneficiado.

Esta decisión fue duramente criticada por la oposición. «Siguen mirando por el ojo de una cerradura, con una lógica de amigo-enemigo, y lo que hacen es castigar a aquellas empresas que no pudieron expropiar», se quejó Silvia Elías (UCR-Jujuy), al fundamentar el rechazo de Juntos por el Cambio a las modificaciones impulsadas por el oficialismo. La principal bancada opositora pidió sancionar el texto tal cual lo aprobó Diputados el 31 de julio.

El proyecto fue aprobado por 41 votos a favor y 29 en contra. Por los cambios, la iniciativa deberá volver en segunda revisión a la Cámara baja para poder convertirse en ley.

La iniciativa suspende todos los plazos procesales y autoriza a los jueces a cargo de los concursos preventivos a readecuar el proceso. Además, amplía a 180 días -prorrogables por otros 60- el período de exclusividad que tiene el deudor para llegar a un acuerdo con sus acreedores.

La suspensión también alcanza a los procesos de ejecución, las subastas judiciales y extrajudiciales y los plazos de prescripción.

La oficialista Ana Almirón (Corrientes) justificó el proyecto en los efectos de la pandemia de coronavirus y recordó que fue el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, quien pidió que se modificara el texto para excluir a Vicentin de sus beneficios.

«Se busca que aquellos pedidos de quiebra que no tengan como fuente la suspensión de su actividad por la pandemia se vean beneficiados indebidamente por esta norma», explicó la senadora.

Hecker había pedido explícitamente excluir a la cerealera de los alcances de la norma. Luego de recordar que Vicentin solicitó su concurso preventivo el 10 de febrero, dijo que la sanción de la ley tal cual había salido de Diputados traerá aparejada «una exorbitante licuación de pasivos en favor del concurso y la consecuente licuación de activos» de la firma.

A raíz de este pedido, el oficialismo decidió excluir de los alcances de la ley a los procesos concursales y de quiebra iniciados después del 1° de marzo. Del mismo modo, el plazo de aplicación se extendió hasta el 30 de junio próximo.

El ultraoficialista Oscar Parrilli (Neuquén) criticó la postura de Juntos por el Cambio. «Los que hablan de la seguridad jurídica lo que están diciendo es que hay que suspender la seguridad jurídica y no aplicar la ley de concursos y quiebras porque gobernó el macrismo», acusó, antes de señalar al bloque opositor como «defensores seriales de fugadores y especuladores».

Le respondió el jefe del interbloque de la coalición opositora, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), quien le recordó que el proyecto salió casi por unanimidad de la Cámara baja y se preguntó si «el presidente de la bancada de diputados Máximo Kirchner, cuando discutió este tema con su bloque, lo hizo para empujar una ley para beneficiar a fugadores y especuladores seriales».

«No hay ninguna racionalidad en limitar esta ley, un proyecto que de Diputados salió por unanimidad», sumó su queja Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires), y le reprochó al oficialismo del Senado la demora de tres meses en tratar el proyecto.

El peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) también sumó su voz crítica y acusó al Gobierno de mostrar «un profundo sesgo anticapitalista y revanchista» con sus políticas, al tiempo que destacó que los cambios introducidas por el oficialismo también excluye de sus beneficios a las pymes y no solo a grandes empresas.