El superintendente rebatió a quienes “hacen politiquería y confunden” sobre este tema.

El superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, dialogó con medios del Sur provincial y aclaró algunos puntos de la Resolución 408/20, de reciente publicación y de orden interno de áreas específicas del organismo, que implican una serie de acciones para gestionar el agua.

“Esta resolución es de carácter interno: les da instrucciones a tres direcciones de Irrigación a los efectos de actuar en consonancia con lo que dice la Ley de Aguas”, aseguró Marinelli.

“He leído y escuchado declaraciones, mensajes por las redes sociales y, la verdad, son de una profunda ignorancia. Confunden. Creo que hay una cuota de picardía política en esto. No obstante, les reitero a los regantes, a referentes de la política y al público en general: yo siempre estoy abierto a charlar, a dialogar”.

“La resolución busca, en el marco de escasez y sequía, dar seguridad a los productores que están trabajando la tierra para poder producir a partir de lo que nos da la naturaleza. Irrigación no fabrica el agua. Irrigación no cobra el agua. Lo que cobra es el costo que tiene poder hacérsela llegar, en la cantidad que se puede. Se habla de darles el agua por las hectáreas, sí, a quienes pagan, y las que están cultivadas, a los que pagan dando a la unidad de manejo que son las Inspecciones de Cauce, no a la finca. Si el productor tiene 10 hectáreas y está cultivando 5, en la medida que tenga derechos, va a seguir recibiendo el agua para las 10 hectáreas”, explicó Marinelli.

“Esta resolución tiene tres capítulos distintos que hablan de distintas cosas. Uno tiene que ver con los permisos precarios que dan los superintendentes. Y lo que estamos relevando es cuándo se vencen, porque cuando la oferta hídrica es escasa, esos permisos no deben darse para garantizar el agua a los que tienen derechos definitivos, otorgados por la Legislatura, que son los eventuales. Este capítulo es prácticamente para el río Tunuyán”, aseguró.

“Cuando se habla de cantidad de agua se la busca medir y es para el agua potable en el Gran Mendoza, porque este año el río Mendoza tuvo que darle el 35% al servicio público producto de las pérdidas de agua y el mal uso del agua potable que se hace, sobre todo porque se riega mucho los jardines con agua potable”.

“La posibilidad de revisar aquellas concesiones que no han pagado, de acuerdo a lo que dice la ley, por más de 5 años o 10 años, es porque no han hecho uso del agua. Esto lo dice la Ley de Aguas. Yo soy funcionario público y tengo que hacer cumplir la ley. Esto va a favor de los productores”.

“Hay productores que se quejan de que haya turnados, que se corte, porque están acostumbrados a tomar el agua sin haberla pagado nunca. La idea es que la gran mayoría, mucho más del 50 por ciento de los empadronados, que pagan el agua con un gran esfuerzo, sean tenidos en cuenta. ¿Qué significa estar al día? Tener tres bimestres hacia atrás pagos. Si una persona viene hoy a Irrigación y paga un bimestre del vigente y regulariza su situación con algún plan de pago hecho a la medida de la producción, puede tener agua toda la temporada, porque recién vendrá a pagar en marzo del año que viene. Es mentira que se les produce la imposibilidad de regar a los productores”, aclaró.

“Todos aquellos que tienen imposibilidad de pagar por razones climáticas están contemplados por la Ley de Emergencia. A nadie se le va a quitar el derecho. Lo que se está haciendo es optimizar el proceso de aquel que tenga el agua en el momento oportuno, con un régimen más flexible que el tradicional, porque la escasez nos obliga a ir a esto”.

“El río Diamante tiene un sistema constructivo muy bueno y muy moderno, que derivaba agua a todos los cauces cuando había agua. Y hay productores acostumbrados a eso, paguen o no paguen. Pero, en la escasez, tenemos que hacer obras para ir conduciendo agua para llegar a aquellos sectores productivos que están trabajando. Entonces está todo pensado, escrito y diagramado en función de la Ley de Aguas y de una forma más moderna de flexibilizar el riego para que le llegue a quien lo necesita. Lo demás son excusas baratas y politiquería que lo único que hace es confundir al productor”, sostuvo el funcionario.

“En Irrigación tenemos estudios de costos que vamos actualizando en forma permanente sobre cuánto significa pagar el canon de riego, del cual el 60% es para la Inspección de Cauce y el 40% para Irrigación. En algunos casos, 70% y 30%, respectivamente. La incidencia en un cultivo de vid o frutales va de 2% a 4%. Todos los insumos que tiene el agro han aumentado sustancialmente porque son en dólares. Si hay algún productor con verdadero problema de subsistencia, lo tenemos en cuenta. Con los que vienen a charlar en serio, a consensuar, hacemos reuniones, y yo personalmente estoy disponible para eso”, finalizó el funcionario.