Con el decreto que le asigna a Buenos Aires la coparticipación que se le restó a Caba, la provincia cerrará el año con un coeficiente en la distribución secundaria de recursos del 22,7%, el más alto desde 2002. Ariel Barraud, economista del Iaraf y autor del trabajo, indica a LA NACION que esa recuperación «no fue de un día para el otro. Lo de ahora hace pie sobre la estructura que le dejó la gestión anterior del consenso fiscal, la compensación y la restitución del Fondo del Conurbano actualizado por inflación».

Diecinueve gobernadores peronistas firmaron una carta de respaldo a Fernández en la que le solicitaron «reabrir el diálogo sobre la distribución de recursos para evitar cualquier tipo de favoritismo en distribución de fondos o proyectos». En el texto recordaron su reclamo cuando Mauricio Macri, en 2016, le subió -también por decreto- el coeficiente a Caba. «Esa vez el monto detraído nos afectaba a todos, ahora no», aclara el ministro de una provincia norteña. El único ausente de la solicitada, además de los de la oposición, fue Juan Schiaretti.

Subraya que con Cambiemos hubo una «federalización» de los ingresos nacionales como porcentaje de los ingresos totales de las provincias, pasaron de 42% a 47% mientras que con el kirchnerismo -desde Néstor al final del segundo mandato de Cristina- cayeron de 51% a 42%. «Podemos estar regresando a un esquema similar, de concentración».

En consultas realizadas por este diario a funcionarios de distintas provincias, fue frecuente la respuesta de que declinaban de responder porque estaban negociando más asistencia financiera, partidas para obras públicas e incluso la continuidad de determinados subsidios.

«A la percepción de que no hay reglas de juego que se mantengan se suma la magnitud creciente que van adquiriendo las TNA y la incertidumbre de cuándo termina la pandemia y ese mix condiciona», interpreta el economista Jorge Vasconcelos del Ieral, quien también agrega la «percepción electoral» que hay en cada distrito que consolida el circuito «causa – consecuencia» entre economía y política.

Temores

Un ministro de una provincia gobernada por la oposición se pregunta si «la decisión de quitar coparticipación a una y dársela a otra en apuros» no podría repetirse. «Por ahora todo parece concentrado en Caba, pero quién lo puede asegurar», agrega. El constitucionalista Daniel Sabsay coincide: «No se puede hacer, pero esto sienta un precedente. Estamos en el mundo de la discrecionalidad y la arbitrariedad, es el no derecho».

Respecto del decreto con que Macri aumentó los fondos para Caba-al que también califica de «inconstitucional»- señala que la diferencia es que previamente «hubo un acuerdo entre las partes que fue al Congreso, ahora eso no existió».

Barraud describe que la posición fiscal de las provincias es «muy delicada» aunque todavía no la define como de «asfixia» básicamente porque el gasto en personal registra un crecimiento más moderado que otros años y para atender la pandemia recibieron ayuda del Tesoro Nacional. Al igual que sus colegas entiende que la clave está en el rol que juegan las TNA: «Con Macri no tuvieron un papel tan preponderante, pero con las partidas ‘obligaciones a cargo del Tesoro’ se benefició fuerte a Buenos Aires, en especial en los últimos dos años».

En la actual gestión del Frente de Todos, el distrito que gobierna Axel Kicillof aparece como ganador en el reparto discrecional de fondos. El último monitor fiscal del Ieral, elaborado por Marcelo Capello, señala que por habitante recibió en el primer semestre $839, el doble que Caba, Córdoba y Santa Fe, y casi tres veces más que Mendoza.

Ese informe agrega: «En las últimas tres décadas el sistema de transferencias fiscales no jugó precisamente a favor de Buenos Aires, en especial entre 2003 y 2017, cuando resultaba restrictivo el techo al Fondo del Conurbano. No obstante, esa provincia -en especial en el conurbano bonaerense (así como Caba)- fue claramente beneficiada por la asignación jurisdiccional de subsidios económicos en los últimos 15 años, es decir, los que se utilizan para mantener las tarifas de los servicios de utilidad general por debajo de sus costos (agua, electricidad, gas, transporte, etc.)».

El monitor identifica con un semáforo fiscal rojo a las provincias más comprometidas este año, aquellas que presentaban menor ahorro corriente en 2019 y enfrentan mayor peso de los vencimientos de deuda (Buenos Aires, Chaco, Chubut, Jujuy, Neuquén y Río Negro); verde para las más aliviadas, por contar con alto ahorro corriente inicial y menor peso de deuda (Catamarca, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Pampa, Misiones, San Juan, San Luis, Santiago del Estero).El amarillo es para Caba, Mendoza y Tierra del Fuego (tienen vencimientos de deuda pero ahorro) o Entre Ríos, La Rioja, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán, con escaso peso del endeudamiento.