Máximo Kirchner y Carlos Heller, los autores de la iniciativa para gravar las grandes fortunas, contaron con el apoyo del presidente Alberto Fernández

Con el apoyo de distintos bloques opositores, el oficialismo suscribió ayer en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados el dictamen en favor de la creación de un impuesto extraordinario para gravar los patrimonios superiores a los $200 millones, iniciativa impulsada por los legisladores Máximo Kirchner y Carlos Heller. En su redacción final, el oficialismo descartó afectar con el impuesto las tenencias en el país de los no residentes, uno de los puntos más polémicos que se evaluaba incluir en la iniciativa.

Pese a que el principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, rechazó el proyecto oficialista, el Frente de Todos tendría asegurada la mayoría agravada de votos requerida para la creación de este nuevo gravamen. En efecto, el dictamen -que reunió 27 firmas- contó con el aval de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, claves para avanzar con su aprobación en el recinto. Juntos por el Cambio presentó una propuesta alternativa, al igual que los diputados de izquierda, aunque estos últimos comparten el espíritu de gravar las grandes fortunas.

Todavía no hay fecha de tratamiento del proyecto en el recinto. Juntos por el Cambio reclamó que el debate fuese presencial, por lo que los tiempos podrían dilatarse si el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, decide trasladar el debate a un lugar fuera del Congreso para garantizar la distancia social.

«Aporte solidario y extraordinario»

En líneas generales, el proyecto propone la creación de un «aporte solidario y extraordinario», (es decir, por única vez) destinada a paliar la emergencia que generó la pandemia en el país. Afectará a las personas físicas con patrimonios que superen los $200 millones declarados a la fecha de entrada en vigencia de la ley, lo que significa un cambio respecto del proyecto original, que lo hacía retroactivo al 31 de diciembre pasado.

«Lo hemos puesto a partir de la promulgación de la presente ley -aclaró Heller-. En función de eso, agregamos que cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hiciera presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinado a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación».

El impuesto por los bienes en el país impondrá alícuotas progresivas que van del 2% al 3,5% conforme la magnitud del patrimonio. Cuando se trata de bienes en el exterior, la alícuota base será del 3%, salvo que la persona decida repatriar, en un plazo de 60 días, al menos el 30% de sus activos financieros. El oficialismo espera alcanzar un universo de poco más de 9200 personas y recaudar unos $307.000 millones, lo que representa el 1.1% del PBI.

«Descartamos el tema de los no residentes, circunscribiendo solamente a los residentes; y también descartamos la posibilidad de que las empresas multinacionales que actúan en el país pagaran por las personas supuestamente dueñas que en algún lugar de la tierra están. Creímos conveniente no incluir esa ampliación», aclaró Heller, lo que eliminó las dudas y los reparos que tenían varios diputados, entre ellos los integrantes del Interbloque Federal.

Las modificaciones no convencieron, sin embargo, a Juntos por el Cambio. «Reconocemos que el dictamen oficial mejoró con respecto al original, por ejemplo en lo que tenía que ver con la retroactividad (el proyecto original planteaba que se gravaban los bienes declarados al 31 de diciembre pasado) -indicó el radical Luis Pastori-. Pero subsisten vicios que nos llevan a rechazarlo, ya que se puede dar una confiscatoriedad porque los bienes gravados son los mismos que se gravan con Bienes Personales».

Pastori enfatizó que la Oficina Nacional de Presupuesto, que elaboró un informe sobre este proyecto, calificó al gravamen como un impuesto, no como un «aporte extraordinario», como lo bautizó el oficialismo. Según el informe de la OPC, la incorporación de activos excluidos del Impuesto a los Bienes Personales (depósitos bancarios, títulos públicos e inmuebles rurales, principalmente) genera que la base imponible del gravamen sea aproximadamente cuatro veces superior a la de dicho tributo.