Mientras Cristina Kirchner y su séquito de senadores recalientan el debate sobre la reforma judicial, Sergio Massa y Máximo Kirchner, la dupla que maneja los hilos del oficialismo en la Cámara de Diputados, enfriarán el tratamiento del proyecto no bien aterrice la media sanción del Senado. La estrategia se la impone la realidad: hoy el Frente de Todos no tiene los votos necesarios para aprobar la ley. El objetivo, entonces, será ganar tiempo hasta conseguirlos, por lo no que no descartan postergar la sesión hasta fines de octubre o noviembre próximos.

El presidente Alberto Fernández no tiene apuro por sancionar la reforma judicial, aseguran voceros encumbrados del oficialismo. Hay otras prioridades para el Gobierno: el mes próximo se presentarán los proyectos de presupuesto 2021 y, en paralelo, el de reforma tributaria. Esas son las urgencias al que el Frente de Todos enfocará sus mayores esfuerzos en el Congreso. Los oficialistas reconocen que será difícil avanzar en ambas leyes mientras la reforma judicial mantenga enturbiado el clima político y la relación con el principal bloque opositor, Juntos por el Cambio.

«No hay apuro con la reforma judicial, tenemos todo el año legislativo para debatirlo y discutirlo», confirmó Massa en declaraciones televisivas. El presidente de la Cámara no descartó, incluso, incorporar nuevas modificaciones al texto para ampliar la base de consenso. «Los votos que nos faltan son los que van a definir la letra de la reforma», sintetizan sus allegados.

Esto no significa que el proyecto -que recibiría media sanción del Senado esta semana- se congele en la Cámara de Diputados. La intención del oficialismo es abrir el debate en las comisiones y «escuchar a todas las voces» hasta tanto se defina el momento oportuno para el debate. Dicho en otras palabras, hasta que consiga la mayoría de los votos para poder aprobarla; hoy el Frente de Todos, con sus 118 miembros, no tiene esa mayoría. Le restan 11 voluntades para alcanzar el quorum y aquellos diputados aliados que en otras oportunidades supieron prestarle sus votos, ahora se muestran reticentes. Especialmente después del masivo «banderazo» opositor que se desplegó el lunes pasado en distintos rincones del país.

Aquella movilización, la más contundente que afrontó el presidente Fernández en lo que va de su gestión, obligó a un cambio de estrategia, deslizan en el oficialismo. En rigor, su intención original era llevar el dictamen de la reforma judicial al recinto del Senado recién el mes próximo; sin embargo, la protesta opositora no les dio margen para mostrar gestos de debilidad, esgrimen. Esto explica la reacción que tuvo el presidente Alberto Fernández tras la manifestación. «No nos van a doblegar, los que gritan suelen no tener razón», desafió.

Fue entonces cuando se decidió acelerar los tiempos en el Senado y apurar el dictamen apenas 20 días después de que el Poder Ejecutivo presentara el proyecto. En este breve tránsito el oficialismo incorporó modificaciones al texto aunque sin alterar el corazón de la reforma: la ampliación del número de juzgados de Comodoro Py con la fusión de los fueros Federal y Penal Económico más la creación de 23 juzgados. Estos nuevos cargos serán cubiertos, según el proyecto, con jueces subrogantes por el lapso máximo de un año y medio. La oposición advierte que, con esta jugada -a la que califican de inconstitucional y violatoria de la ley de subrogancias -, el oficialismo pretende colonizar Comodoro Py con magistrados afines.

De nada valieron las críticas opositoras y de la mayoría de los especialistas que desfilaron por las comisiones del Senado para presentar sus aportes. La legión kirchnerista en el Senado se ufanó de su mayoría para imponer el dictamen e incluir, para mayor provocación, la polémica «cláusula Parrilli», que obliga a los jueces a comunicar al Consejo de la Magistratura intentos de influencia de poderes «mediáticos».

Cambio de estrategia en diputados

La avanzada kirchnerista en el Senado, que anticipa un final cantado en la votación de la semana próxima, trasladó toda la expectativa a la Cámara de Diputados, donde la oposición apuesta a bloquear la iniciativa. El primero en plantar esa bandera fue Juntos por el Cambio; el jefe del interbloque, Mario Negri, incluso reclamó que el Gobierno retire el proyecto del Congreso.

El rechazo del principal bloque opositor, por previsible, no perturbó demasiado al Gobierno. El golpe de gracia lo dieron los diputados del interbloque Federal cuando, al día siguiente del «banderazo», anunciaron que no votarían la reforma judicial por inoportuna y carente del respaldo de un amplio consenso político. Lo anticipó la diputada Graciela Camaño a LA NACION, lo confirmó su compañero de bloque Alejandro «Topo» Rodríguez y luego se sumaron los restantes miembros de la bancada. Entre ellos los cuatro diputados por Córdoba que responden al gobernador Juan Schiaretti, habituales aliados del oficialismo a la hora de alcanzar el quorum en el recinto.

«Nuestro límite es Cristina», se sinceró uno de ellos tras el «banderazo» en Córdoba, que fue multitudinario; a manera de advertencia, varios manifestantes agitaron las fotografías de los cuatro diputados schiarettistas. Se entiende: el electorado cordobés ha probado ser visceralmente antikirchnerista y el gobernador hizo saber que no se inmolará por un proyecto al que se lo asocia con un presunto plan para la impunidad de la vicepresidenta.

Eduardo «Bali» Bucca, presidente del interbloque Federal, ya se lo había advertido a Máximo Kirchner: no queremos un debate exprés de la reforma judicial. Bucca logró construir una relación fluida con el jefe del bloque del Frente de Todos. Tras su último encuentro, Bucca se llevó la sensación de haber convencido al hijo de la vicepresidenta de bajar un cambio en el debate del proyecto en la Cámara baja.

En rigor, al Frente de Todos no le quedan demasiadas alternativas. Al interbloque Federal se sumó la deserción de un par de diputados aliados del interbloque Unidad para la Equidad y el Desarrollo –Beatriz Ávila y Antonio Carambia-, como también los diputados de izquierda Romina Del Plá y Nicolás del Caño. Massa hizo las cuentas. Sin esos votos, el Gobierno enfrentaba al riesgo de una derrota estrepitosa en la Cámara baja.

El tigrense sugirió entonces la vieja estrategia de desensillar hasta que aclare y enfriar la discusión. En el ínterin convocará a largas exposiciones de especialistas para debatir nuevas modificaciones al texto. Massa tiene las suyas. Está empecinado, por caso, en promover el juicio por jurados en todo el país. También, de establecer algún tipo de control sobre los jueces y un límite temporal para emitir sus sentencias.

«Así como cada cuatro años la ciudadanía le sube o le baja el pulgar al intendente, al gobernador, al Presidente, vemos que los jueces, a los que no elegimos, están en su cargo para toda la vida y no hay mecanismos de control. Acá hay un tema de fondo, resolver el problema que los ciudadanos tienen con el Poder Judicial. No puede ser que un juicio de adopción dure cinco años. El Estado está al servicio del ciudadano y claramente la actitud de algunos jueces que demoran años en condenar o en absolver a alguien no es de servicio», sostuvo Massa en declaraciones televisivas.

Massa parece tentado a dejar su sello en la reforma judicial. Habrá que ver si Cristina Kirchner acepta el texto remozado que eventualmente se vote en la Cámara baja. El Senado, con la media sanción que aprobará esta semana, ya tendrá ganada la primera mano. Se la podrá remontar, pero como en el juego de truco, la tercera es la que vale: con simple mayoría, la vicepresidenta podrá imponer la media sanción original y desechar sin más las veleidades reformistas de los diputados.