La demanda de dólares volvió a batir un récord en junio: 3,3 millones de personas se lanzaron a exprimir lo máximo posible del cupo de compra de US$ 200 autorizado.

En total, por esta vía se alzaron con US$ 647 millones netos, aunque si se suman otros US$ 110 millones demandados para cumplir con gastos por viajes y consumos realizados en el exterior y abonados con tarjetas, requirieron en total US$ 757 millones. Esto supone que se apropiaron del 50% de las divisas que aportó en el mes la balanza comercial.

El total atesorado por los individuos resultó incluso 15% superior al aumento en US$ 653 millones que mostraron durante ese mes las reservas internacionales del Banco Central (BCRA).

La cantidad de compradores supone un nuevo máximo con un incremento de 37% respecto a los 2,4 millones de personas que habían operado el mes previo y el monto total demandado implica una suba del 46,5% para igual período, aunque la compra promedio descendió de US$ 195 a US$193 per cápita, lo que muestra que entre los compradores hay cada vez más gente que adquiere «lo que puede».

El nuevo «pico» de demanda paradójicamente ese registró el mes en que el ministro de Economía, Martín Guzmán, acuñó el concepto «soberanía monetaria» y habló de la necesidad de construir una moneda confiable.

El desafío lanzado por el ministro luce utópico.

Un problema de fondo

La desconfianza hacia el peso no nació espontáneamente. Se fue consolidando tras reiteradas devaluaciones y saltos inflacionarios y las situaciones que los generaron: déficit fiscal crónico, emisión monetaria descontrolada, etc no sólo no se modificaron sino que, más bien, se mantienen o profundizaron en los últimos meses por la irrupción de la pandemia. Es que ella hizo que una economía que ya estaba a los tumbos y sin crecer desde hace 10 años se hundiera a niveles de su última peor crisis (la de 2001/2002) perdiendo además todo tipo de visibilidad.

En estas condiciones, la pulsión dolarizadora es simplemente un intento desesperado de muchos argentinos por evitar seguir perdiendo. No es la causa de los desequilibrios: sino una de sus consecuencias.

La sostenida afluencia de ahorristas dolarizadores obligó al BCRA a ponerles límites durante julio a los denominados «coleros digitales», personas que recibían dinero para usar su cupo de US$200 y, una vez adquiridos, los trasferían a otras presuntamente vinculadas con el mercado negro de divisas a cambio de una comisión. De allí la inhabilitación de unas 365 cuentas dispuesta semanas atrás.

Incluso la autoridad monetaria llegó a analizar la posibilidad de vedarle la posibilidad de compra a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), aunque finalmente desistió.

El balance cambiario difundido hoy muestra que las empresas del sector real fueron vendedoras netas de moneda extranjera por US$ 1785 millones. Claro que ese saldo es posible sólo por las liquidaciones por US$ 2165 millones que hicieron las que operan con oleaginosas y cereales, ya que el resto de las compañías fueron compradoras netas por un total de US$ 380 millones. Este monto resultó acotado (cae en unos US$ 1100 millones respecto al promedio del bimestre anterior) por las restricciones a la demanda de empresas que impuso el BCRA «para ordenar el pago de obligaciones por la importación de bienes» (Comunicación «A» 7030 y complementarias).

En el mes la cuenta corriente cambiaria, que comprende el resultado neto de operaciones de cambio registradas como exportaciones netas de bienes y servicios, e ingreso primario y secundario registró un superávit de US$ 1562 millones. Pero la cuenta financiera del «Sector Privado No Financiero» tuvo un déficit de US$ 919 millones, como consecuencia de la formación de activos externos y las cancelaciones netas de deuda financiera compensadas, en parte, por ingresos vinculados a inversiones de no residentes.