Incrementos y cortes de servicios, aumentos en alimentos, sobreprecios y mucho más fueron las quejas que cientos de consumidores plantearon tanto en las oficinas de Defensa del Consumidor como en el ONG Protectora.

Ambas instancias dieron cuenta que durante los primeros meses de la cuarentena hubo mucho desconcierto, falta de información por parte de las empresas, cierre de reparticiones públicas y privadas y a eso se le sumó la ausencia de líneas telefónicas y sistemas rápidos de consultas para dar respuestas a las exigencias de los clientes.

Los rubros más denunciados

El podio de las principales quejas de los consumidores locales en pandemia está liderado por el mal desempeño de algunas empresas de Servicios, donde las denuncias llegaron a un 40%.

De acuerdo con datos aportados por la ONG Protectora, las principales quejas fueron por avisos de corte de gas (Ecogas), luz (Edemsa), agua (Aysam), aumentos en las tarifas de telefonía móvil, TV por cable e internet (siendo Wesnet una de las empresas más denunciada ya que su incremento rondó el 50%).

Es necesario aclarar que el Gobierno nacional decretó el congelamiento de las tarifas de servicios básicos, telefonía e internet, entre otros, hasta el 31 de agosto, sin embargo,  Wesnet, una de las empresas más denunciadas por los consumidores locales explicó en sus redes sociales que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) acordó ese beneficio sólo con algunas prestadoras, entre las que no se encontraban ellos.

«Los damnificados no tuvieron opción a dar de baja a los servicios porque las empresas no contaban con personal disponible para la atención de reclamos, tampoco se pudieron generar planes de pago», advirtieron desde la ONG.

En tanto, desde la Dirección de Defensa del Consumidor, manifestaron: «La mayoría de las denuncias vinculadas a telefonía e internet se relacionaron a la baja calidad del servicio (velocidad), a la dificultad para dar de baja el mismo, aumentos en el abono de internet y televisión por cable y satelital, a pesar de que las tarifas fueron congeladas, previo acuerdo entre las distintas prestadoras y el Enacom (Ente nacional de comunicaciones)».

El podio es completado por reclamos vinculados a bancos, financieras, y tarjetas de crédito. Según Protectora las denuncias rondaron el 25% y se relacionaron con deudas impagas, pedidos de baja, refnanciación, intimación extrajudicial y acoso de estudios de cobranza.

Desde Defensa de Consumidor advirtieron: «Los reclamos relacionados con tarjetas de crédito fueron, básicamente, por incumplimiento del procesamiento de la baja; incumplimiento en descuentos o reintegro de promociones bancarias y/o falta o escasa información respecto de las condiciones de estas promociones».

«Además, hubo reclamos de cobro de intereses punitorios por saldos impagos de créditos, otorgados tanto por entidades financieras como así también por tarjetas de crédito. Cabe aclarar que la aplicación de esos intereses se encontraba suspendida por los Decretos de Necesidad de Urgencia (DNU) dictados en pandemia por el Gobierno nacional», aseguraron desde el ente provincial.

Otra de las quejas recurrentes que le generó un dolor de cabeza a más de un consumidor fue el comercio electrónico. Según la ONG Protectora hubo un 15% de denuncias por falta de entrega y anulación de compras.

«Muchos consumidores tuvieron problemas de demora en la entrega de los productos comprados (por encima de los plazos máximos fijados); otros reclamaron que los productos entregados no se correspondían con los acordados originalmente; también se detectó falta de stock e, incluso, información confusa referida a los gastos de envío», advirtieron desde la cartera conducida por Mónica Nofal.

También se asentó un 13% de quejas por precios y sobreprecios en alimentos y productos de higiene, incluso, hubo faltantes en las góndolas.

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto por el Ejecutivo Nacional para ser percibido por trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías también fue motivo de queja de varios consumidores.

Según los datos reportados por Romina Ríos, titular de Protectora, se acreditaron un 5% de denuncias relacionadas al IFE por rechazo, falta de pago y de atención en Anses.

El listado se completa con un 2% de quejas por medidas relacionadas al aislamiento preventivo social y obligatorio, entre ellas, los permisos pertinentes para circular en forma exceptuada.