El viernes 25 de junio y luego de dos meses de trabajo, los terrenos ubicados en la Villa cabecera de San Carlos que habían sido usurpados por unas 100 personas que decían buscar mejores condiciones para vivir, fueron restituidos a Irrigación.

El terreno en el que los usurpadores habían montado precarias casas con techos de nylon está ubicado en un bosque en el que se encuentran dos pozos de agua subterránea, motivo por el cual Irrigación inició las acciones legales necesarias para la recuperación de este predio, en resguardo del patrimonio del Departamento; y por ello efectuó una denuncia penal el 8 de mayo (Causa N° 36417/20). Además se incluyó otra imputación por no respetar el art. 205 sobre normas sanitarias que se deben cumplir durante la pandemia.

El cuerpo legal de Irrigación prosiguió con la denuncia tras dos exposiciones judiciales con el firme propósito de defender lo que pertenece a la institución y todos los regantes.

Tras la denuncia, el organismo del agua propuso un pedido de resolución de conflicto en una mesa de diálogo, que fue aceptado por la Fiscalía y de este modo se le otorgó a las familias 19 días retirarse del lugar.

Desde Irrigación se percibió un ‘manejo político’, ya que estas familias usurpadoras aseguraron estar representadas por una reconocida abogada del Partido Justicialista. Por lo tanto, el DGI como organismo defensor de los intereses productivos que atañen a la economía de la región y en presencia de manipulación de las necesidades de las personas; recurrió a la justicia.

Es importante destacar el trabajo conjunto del Subdelegado de Aguas de la cuenca del río Tunuyán Superior, Gabriel Testa; del Consejero de la cuenca, Omar Sorroche y del abogado Agustín Speridione, del cuerpo técnico legal de Sede Central de Irrigación.