El capítulo penal de la reforma judicial que anunciará el presidente Alberto Fernández produce en los funcionarios judiciales de Comodoro Py sensaciones encontradas y, principalmente, desconcierto. Mientras algunos funcionarios judiciales de Retiro reconocen como «necesario» licuar el poder de los jueces federales, otros interpretan que se trata de una «avanzada» contra el fuero.

Los detalles de la reforma fueron ultimados en la tarde de este domingo entre el Presidente y el equipo del Ministerio de Justicia, que conduce Marcela Losardo, en la Quinta de Olivos.

La reforma prevé que los doce juzgados federales de Comodoro Py, donde se tramitan las causas por corrupción, pasen a ser 46. Tal como adelantó LA NACION, se fusionarían con los once juzgados en lo Penal Económico, que hoy están ubicados en el edificio de la Avenida de los Inmigrantes. A su vez, cada uno de esos juzgados se desdoblaría, para llegar a 46.

El nuevo esquema generaría más de una veintena de vacantes, además de las ya existentes en Comodoro Py tras las salidas de Sergio Torres y Rodolfo Canicoba Corral y la muerte de Claudio Bonadio. Si se hiciera efectiva la designación de Daniel Rafecas como procurador general de la Nación, se sumaría una cuarta vacante.

«Lo hablé con varios colegas, no se entiende mucho por qué buscan aumentar la cantidad de jueces si ya hay una ley que plantea el sistema acusatorio en todo el país», dijo a LA NACION un magistrado de Comodoro Py que espera con inquietud el anuncio. Ese mismo magistrado agregó: «Es cierto que hay una concentración de poder en este edificio, pero la implementación del sistema acusatorio parece ser la mejor manera de sanearlo».

Otro juez de primera instancia que trabaja en Comodoro Py y que tiene a su cargo la instrucción de varios casos de corrupción considera que la reforma es «una avanzada» contra los tribunales donde se investigan delitos de los funcionarios públicos.

En la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, la idea de la fusión es aún más resistida. Lo mismo sucede con la implementación del nuevo Código Penal acusatorio, que amplía las facultades de los fiscales y quita poder a los jueces. El único juez de la Casación que apoyó públicamente la reforma judicial fue Alejandro Slokar.

Los candidatos para el «consejo de notables»

Pero además de observar con inquietud el anuncio sobre la fusión de los fueros, los judiciales también prestan atención a la conformación de un «consejo de notables» para evaluar el funcionamiento de la Corte Suprema.

Algunos funcionarios judiciales de Comodoro Py observan con escepticismo el hecho de que Carlos Beraldi -abogado de Cristina Kirchner y del empresario Fabián de Sousa-y León Arslanian -abogado de Ricardo Echegaray- integren el consejo de notables para la Corte Suprema.

«Lo que no pueden lograr en los tribunales de Comodoro Py lo van a lograr en la Corte. Quieren crear una Corte adicta. Quizás no es así, pero genera mucha duda esto», dijo a LA NACION un fiscal que interviene en varias causas de corrupción y narcotráfico. Y agregó: «No veo para nada saludable que ellos sean los elegidos para evaluar el funcionamiento de la Corte, con la perspectiva de que en unos años las causas de Cristina Kirchner van a llegar a la Corte Suprema».

El Ministerio Público Fiscal -hoy conducido por el interino Eduardo Casal- será un actor clave en la implementación del sistema acusatorio. Ante las dificultades de lograr el acuerdo necesario -dos tercios de los votos en el Senado- para nombrar a Rafecas, el Gobierno busca desplazar a Casal y lograr que sea el procurador fiscal ante la Corte, Víctor Abramovich, quien continúe de manera interina al frente del MPF.