San Rafael, Mendoza martes 26 de noviembre de 2024

El IPV congelará las cuotas en UVA hasta diciembre de 2020

A los adjudicatarios que pagan sus viviendas en Unidad de Valor Adquisitivo no se les aplicará el ajuste semestral correspondiente a julio. En total son 4.546 beneficiarios que seguirán abonando el mismo importe que a principio de año.

El Gobierno de Mendoza dispuso una medida que alcanzará a más de 4.500 beneficiarios de viviendas sociales que pagan sus cuotas en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Se trata del congelamiento de los valores de las cuotas hasta diciembre de este año.

El Instituto Provincial de la Vivienda es el organismo responsable del cobro de las cuotas de las viviendas que se ejecutan en la Provincia. Desde diciembre de 2017, todos los barrios que se entregaron fueron adjudicados con planes de pago en UVA, lo que le permite al IPV la capitalización de su cartera.

El 7,3% de la cartera de créditos activos está bajo este sistema, con cuotas que rondan los $6.000. Estos valores se ajustan semestralmente, en enero y julio de cada año, de acuerdo a la cotización del índice UVA en cada momento.

En enero de este año se realizó la actualización correspondiente al primer semestre tomando el UVA a $47,23, según la cotización para esa fecha.

La buena noticia para los 4.546 adjudicatarios del IPV es que el ajuste de julio no se aplicará. Es decir que seguirán pagando sus cuotas al mismo valor del mes de enero.

Este congelamiento será aplicado a las cuotas con vencimiento vigente y se extenderá hasta diciembre de 2020.

La cotización del índice UVA de julio, que se debería aplicar a las cuotas del segundo semestre, fue de $55,06. Es decir, que las cuotas deberían haber sufrido un incremento del 16%.

Las actualizaciones de las cuotas se retomarán a partir de enero del 2021 a los valores que cotice el UVA en ese momento.

Vale aclarar que el congelamiento de la UVA no corresponderá para el programa de Ahorro Previo, debido a que esto significaría una descapitalización para el adjudicatario.

Con esta medida, el Gobierno de Mendoza pretende cuidar la economía de las familias adjudicatarias de viviendas sociales, en el contexto de la pandemia.

 

 

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