En medio de la fuerte crisis económica, el Gobierno informó en las últimas horas a los sindicatos estatales que pagará en cuotas el aguinaldo de los trabajadores del sector público nacional con salarios más altos, mecanismo que serviría de caso testigo para las negociaciones de provincias y municipios con el resto de los empleados en todo el país.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, informaron a las cúpulas de UPCN y ATE el viernes pasado que, debido a los problemas de caja, parte de los empleados del Sistema Público Nacional (que incluye Banco Central, Fuerzas Armadas y de seguridad, y empresas públicas o con mayoría estatal, entre otros) cobrarán sus sueldos hasta en cinco partes. 

Sin contar a aquellos que trabajan en empresas públicas o de mayoría estatal, son cerca de 400.000 empleados, por lo cual el universo alcanzado es aún mayor, indicaron fuentes oficiales a LA NACION.

En la Casa Rosada dos fuentes confirmaron que se está trabajando en ese sentido, pero aclararon a este medio que la decisión todavía no fue firmada por el Presidente, lo que abrió un resquicio para la negociación que pueda haber con los gremios del Estado.

Según confirmó LA NACION, el tope para cobrar el medio aguinaldo completo con el sueldo de junio serán $80.000 brutos. Esto quiere decir que el máximo de medio aguinaldo a cobrar será de $40.000. Por encima del tope, se pagará ese máximo ($40.000) y el resto a cobrar por el trabajador se abonará en cuatro partes siempre y cuando no sean menores de $1000.

«Estamos analizando el tema con el consejo directivo nacional, al que que hemos convocado mañana», dijo Hugo «Cachorro» Godoy, secretario nacional de ATE. Allí estimaban que la «cuotificación» del pago del excedente del aguinaldo no sería de más de dos cuotas. «Hay preocupación», afirmó, y señaló que esta situación es «un mal caso testigo para lo que luego puedan terminar haciendo provincias y municipios» con sus empleados públicos.

«Queremos un cuarto intermedio y discutir esto directamente con el presidente de la Nación», aseguró Godoy en referencia a Alberto Fernández. «Es un mensaje complicado para las provincias y municipios. El ajuste ya se hizo», dijo el dirigente, que señaló que los empleados públicos perdieron «un 50% de poder adquisitivo» durante el gobierno de Mauricio Macri.

En UPCN , en tanto, prefirieron no responder. Sin embargo, fuentes cercanas a ese gremio confirmaron que el sindicato fue notificado de las intenciones oficiales la semana pasada. «El gremio no va a poder avalar eso», confiaron esas fuentes. «Es cierto que abarca a los trabajadores de AFIP y a los que tienen sueldos altos, pero no se puede avalar», ratificaron fuentes que trabajan cerca del secretario general del gremio, Andrés Rodríguez.

 Según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en la Argentina hay 3.179.000 trabajadores públicos. Este dato incluye a la administración central, para la que estaría en principio destinada la medida de «ahorro» del gobierno de Alberto Fernández, pero también a empleados de las diferentes provincias y municipios, que son la mayoría.

Sin acceso al financiamiento y sin ahorros, el Gobierno recurre a la emisión monetaria para inyectar pesos en la economía en medio del freno de la actividad. Sin embargo, no alcanza. Hay varias provincias que ya decidieron pagar con bonos a sus proveedores directos y algunos analistas privados ya alertaban sobre una posible «cuotificación» de los salarios públicos.

«La emisión es el instrumento en medio de la crisis, pero eso no impide que una porción inusitada de pymes anuncie que no podrá pagar los sueldos de abril, con provincias y municipios que anticipan cuotificación de salarios estatales, mientras comienzan a emitir bonos para sus proveedores», describió un informe del Ieral en abril pasado.

«Esta paradoja emerge porque la liquidez no alcanza suficiente capilaridad y porque bajo la lógica del distanciamiento los problemas de funcionamiento del lado de la oferta requieren mayor coordinación público-privada, más flexibilidad en el mercado de trabajo y mejor focalización de las políticas públicas, tanto en la salud como en la economía», agregó el estudio.

Los últimos dos meses, en medio de la cuarentena que restringió la circulación y la actividad económica, la recaudación nacional cayó por arriba del 20% mensual. En las provincias, la recaudación tuvo retrocesos incluso mayores restringiendo los flujos de caja de esos gobiernos.

Hoy, por caso, el Ministerio de Interior, que conduce Eduardo de Pedro, anunció que el gobierno nacional otorgará créditos preferenciales a las provincias de Santa Cruz, Misiones, Córdoba y Santa Fe en el marco del Programa para la Emergencia Financiera Provincial, «diseñados para mitigar los efectos originados por la pandemia de coronavirus».