Dos diques como Portezuelo del Viento. Mil escuelas. Veinte mil casas. Esas obras podría encarar Mendoza en apenas los cuatro años que dura el mandato de un gobernador si cobrara la misma coparticipación por habitante que San Juan. ¿De cuánto dinero hablamos? El año pasado, debería haber recibido de la Nación más de 57 mil millones de pesos extra.

La injusticia en el reparto, como ya se sabe, ubica a Mendoza en el podio de las que menos perciben del país, sólo por debajo de las dos Buenos Aires, provincia y ciudad. Hasta las sojeras, ganaderas e industriales Córdoba y Santa Fe la superan, aun cuando son de las más ricas.

La comparación con la vecina, la octava más favorecida en el reparto nacional, es la más directa. Mientras Mendoza, con dos millones de habitantes, recibió el año pasado 47.784 millones de pesos en concepto de coparticipación, a San Juan, cuya población es de algo más 750 mil personas, llegaron 41.306 millones de pesos, según datos publicados en la página del Ministerio de Economía de la Nación correspondientes a 2019.

Equiparar el ingreso nacional per cápita implicaría que nuestra provincia hubiera recibido 57.675 millones de pesos más el año pasado, un monto suficiente para financiar la discutida represa malargüina, Los Blancos en el Valle de Uco o algunos de los diques planificados sobre el río Mendoza, aguas arriba de Potrerillos.

Ese dinero extra hubiera implicado sumar 10% aproximadamente al Producto Bruto Geográfico y 40% a los ingresos fiscales de Mendoza. Esto hubiera evitado que desde 2009 arrastremos un déficit fiscal que parece irreversible en el corto plazo, mientras San Juan tiene superávit.

Pero claro, como esta inequidad ocurre desde hace tres décadas, podría pensarse que con ese dinero extra durante todo este tiempo ya podrían estar hechas todas esas obras hídricas clave, además de haber reducido a cero el déficit habitacional y tener la mejor red vial del país, sin depender de los humores e intereses del Gobierno nacional de turno o de las mezquindades de otras provincias.

De hecho, La Pampa, que encabeza la ofensiva contra el complejo hidroeléctrico Portezuelo del Viento sobre el río Grande, y el viernes logró poner en aprietos su construcción, es otra gran beneficiada por la coparticipación: el año pasado le llegaron 23.879 millones de pesos, la mitad que Mendoza, cuando su población actual no llega a los 400 mil habitantes.

Vivir con lo propio

A diferencia de todas las provincias beneficiadas por la coparticipación, Mendoza recibe de la Nación casi lo mismo que produce y depende mucho más de sus recursos propios: el dinero aportado por los impuestos y otros ingresos provinciales es equivalente a los fondos nacionales que llegan, con alguna variación leve de un punto más o menos según el año.

En 2019, de hecho, hubo más dinero local (51%) que nacional. Sólo en concepto de tributos se recaudaron 39 mil millones de pesos mientras que por regalías petroleras, pese al retroceso constante de la producción y los vaivenes del precio del barril, ingresaron casi $ 8.000 millones.

En San Juan, los recursos nacionales representaron el 71% de los 66 mil millones de ingresos corrientes el año pasado, mientras los impuestos locales (como Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario) apenas sumaron 8.800 millones de pesos y las regalías mineras 1.200 millones, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda de esa provincia.

Pero no es el único caso. Tucumán, que con 1,6 millón se ubica debajo de Mendoza en cantidad de habitantes, recibió 56.700 millones por la coparticipación exclusivamente y su recaudación fue de 26.500 millones

En Entre Ríos, por ejemplo, una provincia de 1,3 millón de habitantes, las remesas por coparticipación representaron el año pasado 60 mil millones de pesos, mientras la recaudación propia fue de 23.500 millones.

Santiago del Estero tiene algo más de 900 mil habitantes, la mitad que Mendoza, pero recibió 49.500 millones y la recaudación impositiva propia fue de 6.100 millones. En La Pampa, en tanto, la recaudación propia fue de 9.000 millones de pesos.

Una salida difícil

Cambiar esta realidad es prácticamente imposible: cualquier modificación de la coparticipación necesita de la aprobación unánime de las provincias. Obviamente ninguna aceptaría ceder plata que ya tiene asegurada y le permite no depender de sus propios y en general escasos recursos.

De hecho, en este momento económico crítico generado por la pandemia del coronavirus, los Adelantos del Tesoro de la Nación se han repartido con los mismos criterios que la coparticipación y así Mendoza volvió a ser perjudicada.

Todas las provincias favorecidas cada año por los fondos coparticipables, que se liquidan automáticamente a medida que los contribuyentes pagan los impuestos nacionales, también han sido beneficiadas ahora por los ATN: por eso La Pampa, San Luis y San Juan, por ejemplo, están quinta, sexta y séptima en cuanto a dinero recibido por habitante, y Mendoza no sale del puesto 22.

En el oficialismo provincial dicen que pese a todo lo negativo, al menos esto les da alguna previsibilidad porque han tenido menos suerte aún con las ayudas nacionales que dependen de la buena voluntad y arbitrariedad del poder de turno.

Por ejemplo, mientras Tucumán recibió una asistencia de 6.000 millones, a Mendoza llegarán sólo 1.900 millones de pesos en calidad de préstamo para cubrir la caída de la recaudación y afrontar el pago de gastos corrientes.

“Es imposible no reconocer que Mendoza está siendo perjudicada, pero nadie va a ceder. La coparticipación les resuelve casi todo a muchas provincias y entonces no deben preocuparse por salir a cobrar impuestos y quedar mal con los votantes”, se lamentan en el Gobierno mendocino.

El senador nacional Julio Cobos vivió durante su mandato como gobernador el peso de la inequidad en el reparto y asegura que, ante la traba que implica la exigida unanimidad para modificar los índices de las provincias, la única salida que ve es crear por fuera de ese sistema un fondo para obras de infraestructura básica que en alguna medida compense a las menos favorecidas.

“Yo se lo planteé en su momento al ex presidente Macri y al ex ministro Frigerio, pero no pasó nada. Cuando asumí como gobernador yo hice eso con los municipios. Reuní a los intendentes y definimos un criterio para repartir recursos para obras como agua y cloacas, y creé el Fondo de Infraestructura Provincial”, recordó.

En el gobierno, un funcionario que hace dos décadas lidia con los números de la coparticipación, ve otra posibilidad: que así como se dispuso el Fondo del Conurbano para compensar a la provincia de Buenos Aires, la más perjudicada por el índice de coparticipación, se constituya también un fondo similar para Mendoza. Pero suena difícil porque hasta ahora ningún gobierno nacional ha puesto a la provincia entre sus favoritas.

El mito de la “provincia rica” en el origen del perjuicio

José Octavio Bordón era el gobernador de Mendoza cuando en 1988 se aprobó la ley de Coparticipación Federal de Impuestos, la 23548. Había asumido poco antes y fue parte de la negociación del bloque de mandatarios justicialistas (entre los que estaban Carlos Menem y Antonio Cafiero) con el gobierno del radical Raúl Alfonsín. Pero ya desde antes había participado en el tratamiento del tema en el Congreso como diputado nacional.

“En aquellos años se instaló erróneamente la idea de que las regalías petroleras, que representaban un monto importante entonces, eran parte de los fondos nacionales que se enviaban. Pero no era contra Mendoza, sino que también les pasó a otras provincias petroleras”, relata Bordón, que recuerda con minuciosidad detalles y datos de esos tiempos.

Por entonces, Mendoza era la segunda productora de petróleo del país pero el hombre que enfrentó a Menem en 1995 remarca que “no era ni es rica” y que nunca se ha valorado “el esfuerzo que hace para cobrar impuestos” a diferencia de lo que ocurre en otras provincias.

Igual, considera que la ley tuvo tres beneficios concretos. El primero fue que asignó a las provincias un mayor porcentaje de los impuestos recaudados. Además, fijó la automaticidad del envío de los fondos a medida que ingresaban a las arcas nacionales, para desterrar ciertas arbitrariedades que había hasta ese momento. Concretamente para Mendoza significó algunas décimas más respecto del índice establecido en la ley anterior, de 1973.

“Nuestra visión fue la correcta, esto no quiere decir que fue todo lo que necesitaba Mendoza”, asume sobre aquel debate de hace 32 años y reclama que nunca se volvió a discutir la ley como se dispuso en la Constitución del 94.

En la reforma de hace 26 años, se le dio rango constitucional al sistema de coparticipación y se estableció un plazo de dos años para una nueva ley, que debería contar con el aval de todas las provincias.

Una economía multitarget sin horizonte

El futuro parece complotarse contra Mendoza. Cada luz de esperanza, aunque tenue, se apaga y le economía parece atada a la suerte nacional: cuando el país cae, caemos más. Cuando crece, crecemos menos. Ahora es el turno de Portezuelo del Viento, una obra que daría mucho trabajo durante su ejecución y que luego generaría ingresos a las provincias por la venta de energía.

La negativa pampeana, que logró el apoyo de otras provincias, ha puesto un obstáculo a un proyecto cuyo proceso licitatorio está en marcha con un cronograma que se extiende hasta fin de año.

Precisamente, la generación y venta de energía, a través de centrales hidroeléctricas pero también con parques solares y eólicos, es una de las apuestas del radicalismo, desde que volvió a gobernar en 2015. Aunque no se avanzó como se pretendía, en el Gobierno creen que sigue siendo una opción.

El petróleo, con caída de producción y precio regulado, hace mucho dejó de ser la salida. La provincia ocupó el segundo lugar entre las productoras en los ’80 pero sus yacimientos convencionales flaquean y debe esperar un corrimiento de las inversiones de Vaca Muerta en Neuquén hacia el sector mendocino de ese yacimiento no convencional.

Igual, hoy este sector genera ingresos al Estado provincial por regalías (casi $ 8.000 millones el año pasado), además del impacto económico y en el empleo.

La vitivinicultura es obviamente otra pata de la economía diversificada de la provincia. En el Gobierno remarcan que es importante por los ingresos que genera en sí el vino, tanto en el mercado interno como por las exportaciones, pero sobre todo por el valor que aporta: la marca Mendoza se instaló en el mundo gracias al malbec.

El rubro de servicios tecnológicos ligados al software es el que más ha crecido en el Producto Bruto Geográfico. Significa exportaciones, o sea dólares que entran, y tiene una gran proyección, favorecida por la ubicación estratégica y la calidad de recurso humano de la provincia.

Por eso, el Gobierno quisiera instalar polos TIC como el de Godoy Cruz en el Este y en el Sur, pero en tiempos de crisis la inversión se complica. Una vez más, si el reparto de los fondos nacionales no hundiera a Mendoza en el fondo de la tabla, sería más fácil.

Hay una idea que no se va de la cabeza del Gobierno, pese a lo ocurrido en diciembre: la minería. Por ahora, busca avanzar con Potasio Río Colorado. Para ello debe lograr un acuerdo con Vale que permita avanzar a otra empresa en la explotación, aunque el proyecto será mucho más chico que el original.

Pero más allá de esto, se piensa insistir con la habilitación de la minería metalífera. No será ahora, obviamente, pero tal vez 2022 sea el momento. El plan es retomar la propuesta de concentrar la actividad en Malargüe, donde tiene respaldo social.