Es que esta corporación alimenticia, de origen santafesino pero con negocios y sedes en el país y en el exterior, está en situación concursal desde hace cuatro meses por no poder pagar deudas por 350 millones de dólares, y su principal acreedor es el Banco Nación. El concurso de acreedores asciende a 1.350 millones de dólares.

Durante la gestión de Mauricio Macri, esta entidad financiera pública le prestó al Grupo 18.500 millones de pesos. El expresidente del Banco Nación, Javier González Fraga, un economista del radicalismo, fue imputado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien pidió que se lo investigue en una causa penal abierta, al igual que a directivos de Vicentín, por las supuestas irregularidades en el otorgamiento de esos créditos.

Vicentín, a su vez, fue el principal aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, con $ 13,5 millones. Es decir que la empresa le pidió préstamos multimillonarios al gobierno de Macri, del que después fue su principal benefactor electoral.

El Grupo Vicentín tiene intereses en la provincia de Mendoza. Es dueña de bodega Sottano, que compró en 2016 por 10 millones de dólares y Viñas Argentinas S.A, la división vino y mostos que pertenecía al Grupo Cartellone  Lavalle.

Esta última adquisición la realizó en 2017 e incluía una bodega con capacidad de 110 millones de litros, la fábrica de mosto (20 mil toneladas anuales) y la finca ubicada en Costa de Araujo; la cifra definitiva se resguardó en un acuerdo de confidencialidad.
Vicentín arrancó en el mercado vitivinícola en 2010 clon vinos producidos en bodegas de terceros.

Aporte mendocino

El presidente Fernández realizó el anuncio ayer a la tarde en la Quinta de Olivos, en una conferencia de prensa en la que planteó con claridad el objetivo de su decisión: “Le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario”, dijo y señaló que el país está “dando un paso hacia la soberanía alimentaria”, porque “un mundo post pandemia va a poner a los alimentos en el centro de la discusión”.

El jefe de Estado apareció escoltado por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, a quien definió como “una amiga”, y por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

A ambos les atribuyó la idea de declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación a la empresa, con un proyecto de ley que será discutido en el Congreso, mientras la compañía permanece intervenida por DNU.

Está por verse si juntan los votos para cumplir el objetivo parlamentario: Juntos por el Cambio ya salió a cuestionar la decisión por considerar es el anticipo de una nueva Junta Nacional de Granos (ver aparte).

El proyecto establece “la expropiación del Grupo Vicentín para que el Estado nacional se haga cargo todos los activos del grupo”, que “serán parte de un fondo fiduciario” cuya administración le será encomendada a la empresa YPF Agro, según afirmó Fernández.
Junto al Presidente, la senadora Fernández Sagasti y Kulfas también estuvo Gabriel Delgado, designado interventor de Vicentín; un economista que trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y es experto en finanzas y en economía agropecuaria.

El presidente Fernández resaltó que los trabajadores de Vicentín deben tener “la tranquilidad” de que continuarán en sus trabajos y que los “2.600 productores” vinculados a la compañía seguirán “contando con una empresa a quien venderle”.
Y sostuvo que su gobierno está buscando “que una empresa líder de capitales mixtos en la Argentina, que tiene un enorme reconocimiento en su gerenciamiento, pueda seguir haciéndose cargo de la gestión futura”.

Quien salió con vehemencia a cuestionar la decisión gubernamental fue Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agroindustria de Macri, quien calificó a la medida de  “aventura empresarial”, porque “van a intervenir y/o expropiar una empresa, con dinero de todos los argentinos” y sostuvo que “la empresa está en concurso” y que, por lo tanto, se debería esperar la consumación de ese proceso antes de intervenirla y proponerle al Congreso nacional su expropiación.

“Cuando una empresa gana, hay que dejar que gane, en buena ley, respetar la propiedad privada y la legitimidad del lucro, y cuando pierde, está previsto en el Código Civil que tiene que concursarse, revisar sus bienes y proponer planes de pago a satisfacción de los acreedores. Y eso es lo que estaba sucediendo. Así funciona el capitalismo”, dijo Etchevehere.

“Es ilegal y pasa por encima del Congreso y la Justicia”

Al anochecer, las principales espadas de Juntos por el Cambio emitían un comunicado en el que fustigan la expropiación del grupo Vicentín, al considerar que es inconstitucional y va a costar millones de dólares a los argentinos.

El comunicado lleva la firma de los presidentes del radicalismo, el Pro y la Coalición Cívica, Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro respectivamente; y de los jefes de bloque de ambas cámaras del radicalismo y el Pro.

Según el espacio opositor “el anuncio es ilegal y pasa por encima del Congreso y el Poder Judicial. El Estado sólo puede intervenir empresas con una ley del Congreso, que por ahora no existe”.  Además agrega que el Gobierno crea por decreto la figura de intervención estatal de empresas, “que viola la propiedad privada consagrada en la Constitución”.

En el comunicado sostienen que la medida es “Con la excusa de la ‘soberanía alimentaria’, un concepto rechazado por la OMC y la FAO de Naciones Unidas, la expropiación de Vicentín puede ser el primer paso del Gobierno para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos, que funciona bien y es la principal fuente de divisas del país”.

“El kirchnerismo ya hizo esto con empresas como YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, a las que expropió por decreto con un discurso triunfalista y por las que después los argentinos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas”, continúa el comunicado.

“Si la excusa para expropiar Vicentín es que estaba en problemas, ¿qué seguridad tienen las miles de empresas argentinas hoy al borde de la supervivencia por las restricciones impuestas durante el aislamiento social obligatorio?”, agregan desde el espacio opositor.

La cuarta estatización K

El kirchnerismo ya estatizó Aerolíneas Argentinas, Ciccone e YPF.
Aerolíneas pasó al Estado en 2008 y es sostenida por fondos públicos ya que es deficitaria.

El 51% de YPF pasó al Estado en abril de 2012. Esa expropiación derivó en demandas judiciales presentadas por fondos de inversión que se hicieron del 25% de las acciones que estaban en manos del Grupo Petersen (familia Eskenazi). El juicio lo tiene Loretta Preska, la sucesora de Thomas Griesa.

En agosto de 2012 fue el turno de Ciccone Calcográfica, empresa que antes había sido comprada por Amado Boudou. La operación le valió  una condena a cinco años y 10 meses de prisión.