Se desarrollará a través del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), como unidad académica de la UNCuyo.
El Ministerio de Seguridad comenzará el viernes próximo la “Diplomatura en Perspectiva de Género en Seguridad y Justicia”.
La iniciativa, que tiene una formación de posgrado, será a través del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), como unidad académica de la UNCuyo.
Su cursado se realizará de manera semi-presencial por la pandemia del COVID-19, con la modalidad virtual y tendrá una duración de 5 meses.
Las directoras a cargo son Paula Vetrugno, abogada y diplomada en Género e Igualdad (Universidad Champagnat- UCH) y Emiliana Lilloy, abogada, posgrado en políticas públicas de Género y Diversidad (Universidad Autónoma de Barcelona-UAB) y lo coordinará la licenciada Sandra Flores.
Estará dirigida a técnicos/as y licenciados/as en seguridad egresados de IUSP, alumnado del instituto en los niveles superiores de su formación, funcionarios/as y empleadas/os de las policías, licenciados/as, técnicos/as y profesionales de las Ciencias de Seguridad, jurídicas y sociales, agentes del ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial, tanto de la provincia como de la Nación y profesionales en general interesadas/os en sumarse a la propuesta de trabajo multidisciplinar.
Todos aquellos que deseen más información y realizar la pre inscripción pueden hacerlo accediendo a la siguiente página: https://forms.gle/jm1RHWaPJPMwUdGs9.
Por otro lado, se tratarán temas referentes a la detección, abordaje e investigación de los delitos que implican violencia de género, proponiendo una formación profunda de las fuerzas de seguridad y los/as operadores judiciales que intervienen desde la comisión, el contacto de la víctima de este tipo de violencia, la investigación y juzgamiento definitivo.
Para finalizar, dicha diplomatura está enmarcada en los objetivos 2030 de ONU, en especial el N 5 relativo a la equidad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres, las Convenciones internacionales ratificadas por el gobiernos Argentino (CEDAW y la Convención de Belém do Pará), la ley 26.485 (Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales) y nuestros Códigos penales y procesales que recogen estos mandatos Constitucionales.
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