El histórico proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento , en Mendoza, empieza a tambalear. A menos de un mes del inicio de la licitación internacional para la «obra del siglo», el presidente Alberto Fernández decidió patear el tablero, y así encendió las alarmas en tierra cuyana, en medio de la guerra por el agua que mantiene con La Pampa. De visita en esa provincia, el primer mandatario le puso freno a la soñada megarepresa en Malargüe, sobre el río Grande, principal afluente del Colorado.

«No quiero financiar una obra cuestionada por cuatro provincias», indicó el mandatario durante una conferencia de prensa que brindó en Santa Rosa, acompañado del gobernador pampeano Sergio Ziliotto, quien viene reclamando por el «impacto ambiental» que tendría el gran dique en su tierra, principalmente por «la escasez de agua» de los ríos.

Ahora, a contramano de Mendoza, se sumaron al planteo las demás provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco): Buenos Aires, Neuquén y Río Negro. El gobernador mendocino, Rodolfo Suarez, fue convocado por este organismo para debatir el 26 de junio con los demás mandatarios el futuro de la obra. Esto, luego de que el ministro de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, revocara el archivo que dispuso el presidente Mauricio Macri de un «laudo» pedido por La Pampa para que realizara un estudio de impacto integral de la cuenca.

«Es una obra que debe servir a todos, sobre la que no se pudo hacer nunca un estudio de impacto ambiental en todos los lugares donde el río llega», añadió el Presidente. De esta manera, Suarez deberá convencer no sólo a Ziliotto, sino a Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Arabela Carreras (Río Negro). «Tenemos que ver cómo atendemos ese tema. No quiero financiar una obra del Estado cuestionada por cuatro de las cinco provincias. Tengo que encontrar una solución con Mendoza. Tal vez la obra tiene sentido si es que todos participan de la administración», agregó Fernández.

Tras la sorpresa, el gobierno de Mendoza salió a comunicar que Portezuelo del Viento cuenta con todos los avales técnicos y jurídicos para seguir avanzando, a poco menos de un mes de la apertura de sobres de la licitación por más 1000 millones de dólares, que ya cuenta con la tercera cuota del desembolso nacional, como parte del acuerdo por los perjuicios sufridos con la promoción industrial.

«El gobernador Rodolfo Suarez asistirá a la reunión del 26 de junio con todos los elementos técnicos y políticos necesarios para pelear por la obra de todos los mendocinos y lo va a llevar a cabo con todo el andamiaje técnico, político y jurídico que esto requiere», expresó Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno mendocino.

Según pudo saber LA NACION, la convocatoria del Gobierno movió el avispero entre las grandes empresas nacionales e internacionales interesadas en participar del proyecto, entre ellas, las reconocidas Impsa y Techint, además de las gigantes chinas. «Hay mucha intranquilidad. Una verdadera pena si atrasan todo», indicaron a este diario.

 Alberto Fernández, en La Pampa. El presidente dejó en claro que la obra de los mendocinos deberá analizarse con las demás provincias que tienen injerencia sobre el río Colorado.

La Pampa, por su parte, está expectante ente el encuentro que le permitirá visibilizar uno de sus históricos reclamos sobre la baja cantidad de agua que llega a la provincia y que se profundizaría con esta obra, además del efecto que tendría la megarepresa sobre el ecosistema, un planteo similar al ya realizado en la puja por las aguas del río Atuel, que quedó en manos de la Corte nacional.

Curiosamente, Alberto Fernández confundió la puja por el Atuel con lo que está ocurriendo hoy con el río Colorado. «Espero que lo podamos resolver conversando entre todos, teniendo presente que la naciente de un río no determina propiedad de las aguas de ese río. Si hay un río que recorre cinco provincias, quiero que las cinco provincias lo aprovechen», señaló Fernández, cuando en realidad el Atuel sólo abarca a Mendoza y a La Pampa. «Tenemos que atender la situación de todas las provincias. Es un criterio de solidaridad. No se pueden resolver los problemas a costa de otros», concluyó.