Se trata de uno de los anuncios del Gobernador Rodolfo Suárez ante la Asamblea Legislativa.

El Ministerio de Seguridad comenzará en junio el dictado de la Diplomatura en Perspectiva de Género en Seguridad y Justicia. Se trata de uno de los anuncios que dio el Gobernador Rodolfo Suárez en su discurso del 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa.

La diplomatura, que tiene formato de posgrado, será realizada a través del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), como unidad académica de la UNCuyo.

Se realizará de manera semipresencial, dependiendo del avance de la pandemia del COVID-19, su inicio será el próximo 19 de junio con la modalidad virtual y tendrá una duración de 5 meses.

Las directoras a cargo serán Paula Vetrugno, abogada y diplomada en Género e Igualdad (Universidad Champagnat-UCH) y Emiliana Lilloy, abogada, posgrado en políticas públicas de Género y Diversidad (Universidad Autónoma de Barcelona-UAB) y lo coordinará la licenciada Sandra Flores.

Estará dirigida a técnicos/as y licenciados/as en seguridad egresados de IUSP, alumnado del instituto en los niveles superiores de su formación, funcionarios/as y empleadas/os de las policías, licenciados/as, técnicos/as y profesionales de las ciencias de seguridad, jurídicas y sociales, agentes del ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial, tanto de la provincia como de la Nación y profesionales en general interesadas/os en sumarse a la propuesta de trabajo multidisciplinar.

Todos aquellos que deseen más información y realizar la preinscripciones pueden hacerlo accediendo a la siguiente página: https://forms.gle/jm1RHWaPJPMwUdGs9.

Por otro lado, se tratarán temas referentes a la detección, abordaje e investigación de los delitos que implican violencia de género, proponiendo una formación profunda de las fuerzas de seguridad y los/as operadores judiciales que intervienen desde la comisión, el contacto de la víctima de este tipo de violencia, la investigación y el juzgamiento definitivo.

Dicha diplomatura está enmarcada en los objetivos 2030 de ONU, en especial el 5, relativo a la equidad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres, las Convenciones internacionales ratificadas por el gobierno Argentino (CEDAW y la Convención de Belém do Pará), la Ley 26485 (Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales) y nuestros códigos penales y procesales que recogen estos mandatos constitucionales.