Este martes se espera una sesión caliente y polémica en el Senado ya que dos temas que generan ruido y diferencias serán debatidos por los legisladores. Por un lado se tratará el desafuero de Marcelo Romano (Protectora), y además se prevé eliminar los privilegios de los equiparados a magistrados en la Justicia local.

A primera hora se realizará la reunión de labor parlamentaria para finalmente acordar la orden del día donde se incluirán estos proyectos. En ambos casos el oficialismo cuenta con los votos necesarios para dar luz verde a las iniciativas.

El desafuero Romano

El caso del legislador de Protectora sigue generando polémica, incluso la semana que pasó el debate se trasladó al Congreso cuando el diputado nacional, José Luis Ramón, acusó a Alfredo Cornejo de “fogonear” el desafuero de Romano.

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Desde el oficialismo desmintieron que se trate de una “persecución política”, y aseguran que solamente buscan darle curso a la Justicia para que pueda investigar. De hecho remarcaron que Romano continuará siendo legislador, pese a que le quiten los fueros.

En noviembre del año pasado, la fiscal Gabriela García Cobos imputó al legislador de Protectora y lo acusó de presunto “atentado contra la autoridad” por un altercado que mantuvo con agentes de la policía cuando frenaron a su hija, que circulaba en un Renault Clio en el Acceso Sur. Para seguir con la instrucción del caso, la fiscal solicitó el desafuero del senador.

Según se estableció en la denuncia, Romano habría amenazado a los policías con hacerlos echar cuando frenaron a su hija en un control vial, ya que aparentemente circulaba con exceso de velocidad.

“Es un senador que no le permitió a los policías hacer su trabajo invocando esa condición y amenazándolos con hacerlos echar. Está imputado por eso y no permitir que la Justicia siga avanzando en este caso concreto es un privilegio que no debería avalar el cuerpo”, señalan desde la UCR.

Equiparación de magistrados

En el mes de marzo se generó una fuerte polémica por el sueldo que cobran los funcionarios que no son magistrados pero perciben salarios como si lo fueran. El caso más emblemático que saltó a la luz fue el de Elizabeth María Carbajal, secretaria privada del presidente de la Corte, Jorge Nanclares. Por el beneficio de ser equiparada a magistrada, la mujer cobra un sueldo de $406 mil mensuales aproximadamente.

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Para terminar con las “asimetrías” el gobernador, Rodolfo Suarez, envió el proyecto a la Legislatura. Sin embargo, el tratamiento se vio demorado por la presión de los miembros de la Corte, ya que tienen a varios de sus empleados con ese beneficio.

Según trascendió desde el Poder Judicial buscaban un acuerdo “entregando” a la secretaria del juez pero “bancando” a su sobrino, Carlos Quiroga Nanclares, que también tiene un sueldo equiparado a un magistrado.

“Hay que terminar rápido con esta ficción que se inició en la primera presidencia de Nanclares y que además es ilegal porque utiliza fondos de jueces para pagar funcionarios que realizan tareas administrativas”, señalan desde el oficialismo.

Según contaron allegados al gobernador, la Corte tiene 15 personas en esa condición ganando entre 200 mil y 405 mil pesos por mes. “Es una malversación de caudales públicos”, aseguran.

En concreto, el proyecto en cuestión va contra los altos salarios en los distintos organismos del Estado, estableciendo que “ninguna norma o disposición podrá equiparar retribuciones por funciones y/o tareas distintas a las efectivamente prestadas por funcionario, empleado contratado, bajo cualquier modalidad”.

Una vez que se apruebe, se otorga un plazo de 30 días a partir de la publicación del mismo, donde se deberán adecuar todas las situaciones y se deberán suprimir los cargos equiparados a magistrados. En el ámbito judicial son más de 80 personas las que actualmente están en esa condición.

De todos modos, en el oficialismo no descartan que el proyecto original sufra algunas modificaciones.