Tal vez haya sido su último acto como el «padre protector» que cuida la salud de los argentinos. Alberto Fernández interpretó otra vez el viernes el papel que lo catapultó en las encuestas desde el inicio de la pandemia de coronavirus, pero le costó disimular que a nivel político él ya entró en una nueva fase.

El énfasis que puso en defender las vidas imaginarias que salvó su decisión temprana de instalar una cuarentena rígida fue el epílogo de lo que, con ironía, algunos miembros del oficialismo llaman «el gobierno de los infectólogos». Las urgencias de la economía empiezan a ser abrumadoras y, por mucho que los médicos enciendan alarmas por el pico de contagios que sigue en el horizonte, el Presidente dio luz verde para que empiece la desescalada paulatina en la industria y el comercio.

Los movimientos de Fernández en los últimos días reflejan una minuciosa lectura del humor social. La última semana fue pródiga en ajustes. Giró 180 grados en el conflicto por las salidas de presos. Registró el mensaje unívoco de los empresarios acerca de la necesidad de evitar el default, aunque el canje resultara -como resultó- un fracaso en su primera fecha tope. Cedió al clamor para retomar actividades paralizadas. Volvió a las negociaciones comerciales del Mercosur, de las que inexplicablemente se había levantado. Sentó de nuevo a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof a la mesa de los anuncios, después del cortocircuito que terminó en un fiasco tras la extensión anterior del aislamiento obligatorio.

El consenso nacional sobre la cuarentena parece reducirse y la preocupación por el bolsillo ya supera al miedo a enfermarse en la mayor parte de la población, según las encuestas. El «efecto bandera» -Miguel Pichetto dixit – se diluye, igual que el sonido de los aplausos en los balcones.

Habrá que mirar de reojo la evolución de la curva, pero las dos semanas que vienen tendrán al Gobierno enfocado en retomar la negociación con los bonistas y en monitorear la vuelta a la vida de la economía.

Las cuentas públicas están al límite. En mayo se repetirá la asistencia en el pago de salarios y en los subsidios de emergencia. Pero la caja del Estado exige un respiro, a riesgo de disparar la inflación.

La fragilidad del escenario abrió en el Gobierno el debate subterráneo -y todavía incipiente- sobre una reconfiguración del elenco presidencial. Fernández armó un equipo pensado para enfrentar una crisis económica aguda y con la mente puesta compensar de manera adecuada a las facciones que integran la coalición peronista que lo llevó al poder.

La meta en diciembre era mantener la paz interna -sobre todo con Cristina Kirchner- a partir de un loteo de las responsabilidades, incluso dentro de cada ministerio. El Presidente se reservaba para sí la gestión macroeconómica y las relaciones internacionales. La presentación oficial del gabinete, con más de 30 personas apiñadas detrás de Fernández, retrata ese objetivo.

La disrupción del Covid-19 trastocó toda lógica previa. En los diálogos entre oficialistas está cada vez más presente la idea de un cambio de nombres una vez que se complete la negociación de la deuda y que se termine de definir un horizonte concreto para la «nueva normalidad».

Las versiones inquietan a los ministros porque son momentos ricos para la operación. Hay cierto consenso en que, al cambiar las prioridades por la pandemia, se requiere otro diseño del Gobierno. Acaso menos ministros, rodear al Presidente de figuras de peso político que compartan con él el peso de la comunicación y encarrilar la gestión hacia un programa de reconstrucción.

El poder de Cristina

Un problema para el Presidente es que el virus no cambió la relación de fuerzas en el Frente de Todos. Otro es la carencia de un armado propio, falla de origen que por ahora prefiere no modificar. Él mismo se encargó de congelar el «albertismo». El peso de Cristina Kirchner sigue intacto, mientras que La Cámpora se ilusiona con el papel protagónico que tendrá en el asistencialismo estatal (vía Anses y PAMI).

Cerca del Presidente le bajan el tono a la idea de un conflicto con Cristina. Es cierto que ella fue decisiva en la llegada de la camporista Fernanda Raverta a la Anses. Pero también lo es que el saliente Alejandro Vanoli integraba el kirchnerismo duro. «Ella puso, ella sacó», es la explicación oficialista. El pacto de reparto se mantiene inalterable.

Hubo movimientos de la vicepresidenta que no pasaron inadvertidos en el gabinete. Sobre todo el apoyo a la política de Guzmán para negociar con los bonistas. Aunque la economía sea «terreno de Alberto». Ella bendijo las decisiones de las últimas horas. Tiene buen diálogo directo con el ministro de Economía, algo no habitual con el resto de los funcionarios ajenos al Instituto Patria.

A Guzmán el Presidente le dio señales de respaldo independientes del resultado del canje. Están en plena sintonía, repiten en la Casa Rosada. Al ministro le toca hacer de «policía malo» ante los bonistas. Fernández se reserva para sí el papel de conciliador, como demostró al anunciar que se ampliará el plazo de negociación. Los tres grandes fondos que concentran más del 70% de la deuda de US$69.000 millones elegible para el canje -Pimco, Fidelity y Blackrock- hicieron sentir su poder. El Gobierno optó por asumir que toca hablar más, en lugar de aferrarse a un discurso agresivo del estilo del que usó el kirchnerismo en su anterior encarnación. Esperan que en las próximas horas alguno de esos fondos presente una contraoferta para aceitar la discusión.

En paralelo, Fernández encargó a dirigentes políticos y funcionarios enviar mensajes a bancos de inversión, analistas e inversores de Estados Unidos de que el Gobierno no quiere el default. Más allá de que la hipótesis está sobre la mesa, hay conciencia de que una cesación de pagos agrandaría el desastre que dejará la coronacrisis.

Guzmán retomará el diálogo con los acreedores y, en paralelo, puso a su equipo a trabajar en el presupuesto 2021 y en un relanzamiento de la gestión económica pospandemia, que incluye una reforma tributaria y fiscal.

La economía real, mientras tanto, tendrá su prueba de fuego con la rehabilitación de actividades. Pese a que será tímida en el motor del país (conurbano y Capital), en esta semana empezará a palparse qué efectos tendrá la «nueva normalidad». Si el país ya tenía un déficit dramático en su producción, qué pasará ahora que para operar se requieren protocolos especiales de higiene y transporte y cuando la capacidad de consumo de la población se encuentra angustiosamente afectada.

La cuarentena se relajará con el sistema de salud bastante más preparado que en marzo, aunque sin los niveles deseables de testeos para minimizar los riesgos a un salto de las infecciones. La carta de «volver atrás» que se reservó el Presidente si la curva de contagios se dispara tiene un costo económico altísimo para aquel que se adapte a las nuevas normas y sea obligado a hibernar otra vez.

Más allá del discurso de «es la vida vs. la economía», la urgencia material termina por abrirse paso. A la política a veces solo le queda elegir lo menos malo.