¿Cómo empezar este artículo? No se me ocurre otra manera que diciendo: ¡¡ ¡Ay, aayy, aaayyy!!!
Ay, por el dolor de oídos que causan algunas opiniones. Ay, por el dolor al alma republicana. Ay, por el dolor causado al espíritu democrático. Ay, por el dolor al futuro. Digo dolor a futuro, no dólar. Aunque el futuro del dólar, también nos traerá dolores. Pero esa es otra historia.

Que todo el mundo pueda opinar de todo, es para celebrar, y es una de las garantías de los sistemas democráticos. Esto no significa que todas las opiniones tengan el mismo valor. Cuando un verdulero habla sobre  cómo mejorar la calidad y la exposición de verduras, seguro que es una opinión más valiosa que la de un filósofo o un médico. Y cuando el tema sea sobre táctica deportiva, seguro que la de un director técnico sea una opinión idónea. Esto es importante reconocerlo, porque nos tranquiliza que ciertas decisiones importantes en una  sociedad, son tomadas por personas que están en su función de acuerdo a su especialización o a su idoneidad.

Esto también debería ser la norma para el mundo de la política. Aclaro: un funcionario de gobierno, no puede decir cualquier cosa, o por lo menos no debería decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no es la opinión de cualquier vecino. Porque su opinión trae consecuencias a veces inmensurables. Por que tiene el poder de tomar decisiones que afecten la vida de todoslos ciudadanos. O sea, después de una opinión, puede venir una decisión.

Por lo tanto, si las ideas y opiniones de un funcionario son descabelladas, reflejan ignorancia o poco respeto por los derechos de las personas, corremos el riesgo como sociedad, de sufrir nefastas o pésimas decisiones.

Decisiones y sufrimientos incalculables que golpearan la vida y el futuro de los ciudadanos.

¿Por qué esta reflexión? Por que en los últimos días hemos escuchado cada cosa, cada cosa de parte de algunos
funcionarios, que la primera reacción no puede ser otra cosa que ¡Ay, aayy, aaayyy!

Hace pocos días escuchamos a la viceministra de educación de la nación decir: “La culpa de la pandemia del corona virus, la tiene el neoliberalismo”. ¿En serio dijo eso? Humm… sí lo dijo. ¿Una de las principales personas que pueden tomar decisiones que afecten la formación de una o varias generaciones de ciudadanos dijo eso?

Sí, lo dijo. La primera reacción no puede ser otra cosa que ¡Ay, aayy, aaayyy! Que lo diga cualquier hijo de vecino… puede pasar, pero la viceministra de educación… ¡Ay, aayy, aaayyy! Pero bueno, sigamos adelante y suponiendo que esas opiniones fueron vertidas en un día complicado y poco feliz para dicha funcionaria, sabiendo que no todos los días son de maravillas para cada persona. Poniendo un manto de piedad, seguimos adelante pensando que fue una opinión aislada y poco fortuita. Avancemos, esperando no encontrar dentro de un tiempo, a otro funcionario, que se destaque por culpar al neoliberalismo de la caspa, el moquillo o la triquinosis.

Días después nos enteramos que una diputada presentó un proyecto. Un proyecto no es una opinión a las apuradas, requiere mucho tiempo de pensar organizar ideas, tratar de estructurar acciones, etc. El proyecto de ley proponía la apropiación por parte del estado de parte de las empresas que sean ayudadas por el mismo estado en esta época de crisis. El fundamento presentado fue que si el estado las ayuda a permanecer abiertas y a sobrellevar la crisis le correspondería por lo tanto ser dueño o socio en parte de la empresa. La primera reacción no puede ser otra cosa que ¡Ay, aayy, aaayyy!

Pero no quedó ahí, también apoyaron la propuesta otros diputados y senadores…. ¿En serio?…Sí, en serio ….
¡Ay, aayy, aaayyy!

Pero tampoco quedó ahí. Algunos ministros también apoyaron la propuesta …. ¿En serio?…Sí, en serio …. Uno de los ministros fue el ministro de educación de la nación …. ¿En serio?…Sí, en serio …. ¿Una de las principales personas que pueden tomar decisiones que afecten la formación de una o varias generaciones de ciudadanos dijo eso? Sí, lo dijo. … ¡Ay, aayy, aaayyy!
Ay, aayy … Se hace difícil explicar o justificar semejante locura. Una manera de explicarlo sería que, lamentablemente varios funcionarios sufren de “ideologitis”, o sea inflamación de la ideología. Vale la pena aclarar, que si bien la ideología nos sirve para acercarnos, conocer o analizar la realidad, a veces más, a veces menos acertádamente. Pero es bueno reconocer que los marcos ideológicos son eso, marcos. O sea, nos limitan y a veces deforman el conocimiento de la realidad. Cuando caemos en la exacerbación de la ideología, caemos en el error de que todo se justifica y queda al servicio de la ideología: el ignorar o deformar la ciencia, el desconocer los derechos del otro, el justificar el abuso de poder, etc.

Pareciera ser que en el espíritu ideológico de muchos funcionarios se está percibiendo una afinidad extrema por el estatismo ciego, una repulsión por la actividad privada, como así también repulsión por muchos derechos y principios republicanos y constitucionales. Esto, es preocupante, muy preocupante.

Volvamos al proyecto en particular. Según la perspectiva ideológica a la que adhieren, justifican esta expropiación porque el estado auxilia a la empresa, si no fuera por el estado la empresa, tiene que cerrar.

Para un mejor análisis social, desde la ciencia social, es necesario tomar más de una perspectiva, lo que se conoce como múltiperspectiva. Vamos a tratar de mostrar una perspectiva que no se ha tenido en cuenta todavía, según lo que hemos observado en los diferentes medios de comunicación y en la opinión de muchos de los actores intervinientes.

Se puede observar que los productores no producen, las empresas grandes, medianas o pequeñas no funcionan, los trabajadores no trabajan, no por una decisión propia, sino por una decisión que el estado les impone. Esto se toma como la generación de un lucro cesante. Lucro cesante es lo que una persona o empresa ganaría normalmente, y que, por un motivo u otro está impedido de realizar, y por lo tanto, impedido de obtener dicha ganancia. Por ejemplo, si yo choco un taxi, y salgo culpable, no solo tendré que hacerme cargo del arreglo del vehículo, sino del lucro cesante que le ocasiono. O sea, de lo que ganaría esos días que no puede estar trabajando ya que no puede disponer de su medio de trabajo.

Sintetizando el análisis: si las empresas y trabajadores no pueden trabajar porque el estado se los impide, y por lo tanto es quien les genera el lucro cesante, es el estado quien se tiene que hacer cargo de las pérdidas que les ocasiona.

Sería bueno que los funcionarios y la sociedad en su conjunto, también consideren esta perspectiva, ya que es una mirada que tiene en cuenta y defiende los derechos de todas las personas, y que parecieran ser ignorados por quienes ejercen los organismos de poder.

Es bueno que todos en conjunto, en esta situación de pandemia con todo lo que implica, apelemos a la buena voluntad, y que por lo tanto hagamos un esfuerzo o sacrificio.

Ahora bien, es responsabilidad del gobierno y sus funcionarios, cuidar la paz social. Estas medidas o proyectos no ayudan para nada, ya que provocan más tensión social y generan desesperanza. Estas medidas violan los derechos y garantías  constitucionales. Este ataque a los derechos y garantías es de trascendental importancia, ya que genera consecuencias gravísimas.

Al sector privado, que es el generador de riqueza genuina, se le exige que no produzca, que mantenga a todos los empleados, que siga pagando impuestos o servicios, o sea, una carga insostenible. La salida de la crisis, va a tener al sector productivo privado como principal y necesario protagonista. Es decir, necesitamos sustancialmente a este sector. Si los funcionarios de turno profetizan expropiaciones. Lo único que lograrán será el aumento de las tensiones sociales, el achicamiento del aparato productivo, la falta de inversiones, mayor desocupación y pobreza, y mayor desesperanza social.

¿Qué generan estas ideas o proyectos descabellados? La respuesta es: inseguridad jurídica, desconfianza
económica e inestabilidad política. Podemos calificarlo como: lindo combo, ¿no?

Cualquier analista que tome nuestro caso y observe que lo que se discute a nivel político es que: si se respetan o no los derechos de las personas, le costaría creerlo. Una discusión tan básica parece inverosímil. En ningún lugar del mundo democrático, ésto, lo ponen en discusión En términos futbolísticos nos diría que nuestra política está en Primera “D”, y que la Primera “A” parece un sueño lejano.

Siguiendo esta secuencia, pensemos: ¿Alguien que quiera invertir y producir, va a elegir hacerlo en la Argentina con este tipo de funcionarios y con estas decisiones? La respuesta es más que obvia, ni loco, ni en sueños.

Por lo tanto, es necesario que reflexionemos acerca de la responsabilidad de los funcionarios que conducen el destino de un país. El rol que ocupan implica una responsabilidad importante, no pueden decir o hacer cualquier  cosa. Lo que digan o hagan puede traer graves consecuencias. El daño que generan, por lo que vimos, no es sólo en el presente, sino también a futuro. Daño imposible de calcular.

Sería bueno que los funcionarios tuvieran la precaución de, si lo que van a decir o decidir va a ayudar a obtener mayor seguridad jurídica, confianza económica y estabilidad política.

Sería bueno que, como pueblo, también lo exijamos.

Sería bueno entender que este tipo de funcionarios tan irresponsables o inconscientes, como los que analizamos, el mayor servicio que podrían hacer, es dar un pasito al costado e irse a su casa. El país no necesita tanto daño ni tanto dolor

Sería bueno que los ciudadanos no tengan que sufrir más los “¡Ay, aayy, aaayyy!” de la irresponsabilidad política.

Gentileza: 
Prof. Fabio Misino – famisino@gmail.com