La pandemia provocada por el Covid-19 ha puesto de moda un tradicional principio de la salud pública: es preferible prevenir que curar. Todos nos lavamos las manos con agua y jabón decenas de veces al día, nos quedamos en casa porque la cuarentena es obligatoria y, de salir, nos imponemos la distancia social y el barbijo o tapabocas . Estamos previniendo.

La corrupción funciona igual que una pandemia. Mucho más silenciosa, se cobra decenas de víctimas fatales y nos lega infraestructura arruinada y servicios públicos de nula o bajísima calidad. 

La digitalización de trámites (como las compras electrónicas), la apertura total de datos públicos, el control de la integridad de proveedores y funcionarios, y, la explotación de datos masivos para conseguir mejor precio y calidad son algunas de las recetas que aplicamos desde 2015 para combatir este flagelo silencioso. Y tuvimos buenos resultados. La Argentina obtuvo su mejor puntaje en el índice de Transparencia Internacional en 2019, cambió la tendencia y mejoró notablemente en otros estudios internacionales de buen gobierno. Habíamos invertido, con bastante efectividad, en la prevención.

Lamentablemente las «emergencias» siguen presentando condiciones inestimables para aquellos que están llamados a hacer las cosas mal, por impericia o por corrupción. En Argentina, este fenómeno se potencia cuando un nuevo gobierno, en busca de su destino, despide a los equipos técnicos que, en tiempo récord, habían logrado la admiración de un cúmulo de organismos internacionales y expertos por su eficacia y efectividad en la implementación de reformas extremadamente complejas en muy corto plazo.

Frente al escándalo de la contratación de alimentos con sobreprecios que simulaba una contratación competitiva y casi seguramente un retorno, proponemos las siguientes soluciones:

• La derogación con necesidad y urgencia del decreto 338/2020 que estableció el retorno del papel en trámites administrativos y la muerte agónica del sistema de expediente digital frente a «contingencias» (que serán la norma y jamás la excepción);
• El fortalecimiento de los equipos técnicos de programadores para operar los sistemas digitales;
• La concentración en un único sitio web de toda la información pública, en formato abierto y reutilizable, sobre las contrataciones de emergencia las que deben realizarse exclusivamente a través de los sistemas electrónicos ComprAR y ContratAR;
• La limitación expresa a la Oficina Nacional de Contrataciones de dictar disposiciones que exceptúen trámites por fuera de los sistemas electrónicos de contratación;
• La conformación de una Mesa Institucional Ejecutiva de Revisión y Respuesta Rápida de las propuestas de compras conformada por la SIGEN, la Oficina Anticorrupción, la Agencia de Acceso a la Información Pública, la Oficina Nacional de Contrataciones, la Secretaría de Modernización Administrativa, la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia y expertos de los bancos multilaterales de desarrollo;
• La autorización presidencial para que los funcionarios y los empleados de los organismos públicos mencionados anteriormente vuelvan a sus tareas con urgencia. No se puede gobernar una emergencia sin órganos técnicos y de control.

Recordemos a las empresas y a los proveedores del Estado que la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en casos de corrupción está vigente, no se suspende por pandemia y que serán pasibles de duras sanciones si no la cumplen. El sector privado debe actuar colectivamente para prevenir la corrupción de sus miembros y de los funcionarios descarriados. Están frente a una oportunidad inestimable de colaborar con la producción de bienes y servicios de calidad, y, aportar su mejor integridad empresarial.

Como ya fuera dicho hasta el hartazgo, la transparencia es el mejor de los desinfectantes. En épocas de Covid-19 y, por razones obvias, vale doble.

Ex diputada nacional y titular de la Oficina Anticorrupción