Alberto Fernández empuja una ambiciosa agenda política que puede consolidar su poder interno si triunfa frente a los fondos de inversión de Wall Street, la Mesa de Enlace, Francisco y la comunidad evangélica, y la oposición liderada por Mauricio Macri que no respalda la designación de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación.

Cristina Fernández de Kirchner mira detrás del cortinado y aún resiste en silencio el perfil de la agenda exterior, no comparte que se negocie con el FMI sin quita de capital, considera que la suba de las retenciones al campo deberían ser más filosas y no confía en la lealtad de Rafecas como eventual jefe de los todos los fiscales del país.

El presidente decidió no hacer olas y apuesta a su propia acumulación de poder para acotar al ala más kirchnerista del Frente de Todos. Sólo desde este pragmatismo político se puede explicar que todavía no haya eyectado a Sergio Berni como ministro de Seguridad del gobernador Axel Kicillof.

Alberto Fernández leyó a Maquiavelo, Lenín, Hobbes y a Carl von Clausewitz, un general prusiano muy apreciado por el peronismo que se formó bajo su axioma bélico más conocido: “La guerra es la continuación de la política por otros medios”, escribió en El Arte de la Guerra, su obra más apreciada por la ciencia política.

El Presidente respeta esa máxima de Von Clausewitz, y a partir de allí trazó un plan de acción que tiene batallas que decidió librar, y conflictos de matriz económica que sabe que son imposibles de evitar. El presidente considera lógica la despenalización del aborto en el siglo XXI, asume que tendrá una negociación durísima con los bonistas, cree en la designación de Rafecas y asegura que es indispensable elevar las retenciones.

La despenalización del aborto es una batalla de sesgo ideológico y normativo. Alberto Fernández tiene excelente relación Francisco y le agradece su apoyo incondicional a la negociaciones con el FMI por la deuda externa. Sin embargo, el presidente hace abstracción de sus vínculos personales con el Papa y empuja un proyecto de ley que coincide con sus convicciones y con la necesidad respetar sus promesas en la campaña electoral.

Si no hay sorpresas de último momento, Alberto Fernández anunciará en la apertura de las sesiones ordinarias el envío a Diputados del proyecto de Despenalización del Aborto. Ocurrirá el primero de marzo cerca del mediodía, y cuando llegue la iniciativa a la Cámara Baja, el presidente iniciará una batalla política-religiosa que pondrá en juego su liderazgo ante la influencia de Francisco en las provincias peronistas más confesionales.

Alberto Fernández tiene los votos seguros en Diputados, pero la Iglesia prepara su plan de defensa para evitar que la Cámara Alta sancione una norma que ya existe en la mayoría de los países del mundo, incluso en Italia que desde hace más de un siglo tiene una agenda institucional influida por las homilías que se dictan en San Pedro.

la ley de Despenalización del Aborto fracturará a la sociedad -verdes y celestes-, y el presidente está dispuesto a cargar con los costos políticos y sociales. En Casa Rosada ya asumieron que las bancadas parlamentarias no respetarán el conocido verticalismo justicialista, y que los senadores de las provincias del Norte -Chaco, Formosa, Jujuy, Salta y Santiago del Estero- obedecerán más a Santa Marta que a la Casa Rosada.

La Iglesia Católica convocó a una marcha para el 8 de marzo en la Básilica de Luján para rechazar la iniciativa que Alberto Fernández anunciará en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. El Papa ya movió: no sólo avaló esa marcha opositora en Luján, sino que decidió enviar a la Basílica el cáliz que le había regalo Fabiola Yañez -pareja de Alberto Fernández- cuando lo visitó en el Vaticano.

El presidente cita a Rosa de Luxemburgo cuando le preguntan si está molesto por la reacción de la Iglesia frente a su decisión de apoyar la despenalización del aborto. “La libertad sólo sirve cuando la pueden usar lo que piensan distinto”, recuerda Alberto Fernández que le planteó Luxemburgo a Vladimir Ilich Lenín al cerrar la Duma (Diputados en términos simples) para evitar una reacción conservadora en Moscú durante la Revolución de Octubre.

Alberto Fernández exhuma esa frase de Luxemburgo para explicitar que respeta la decisión de la Iglesia de convocar a la marcha del 8 de marzo. Y que no hará nada para impedir su derecho constitucional a la libre expresión.

Mientras el presidente esté jaqueado por la Iglesia Católica y los evangelistas, deberá decidir cómo hará para lograr que la Cámara Alta apruebe la nominación de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. Alberto Fernández considera que Rafecas es idóneo para ser nombrado jefe de los fiscales de la Argentina, pese a los juicios políticos que soportó en el Consejo de la Magistratura por presuntas irregularidades que habría cometido durante sus investigaciones a Fernando de la Rúa y Amado Boudou.

A estos controvertidos antecedentes, la oposición suma la decisión de Rafecas de haber rechazado in limine -dos veces- la apertura de la denuncia abierta por Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner por su decisión de firmar un Memo con Irán vinculado a la investigación del atentado a la AMIA. Lo que en su momento Rafecas no investigó, luego desembocó en el juicio oral -aun pendiente- contra la actual Vicepresidente de la Nación.

Con Rafecas, el presidente camina en el filo de la navaja. La Cámara Alta tiene 72 miembros, de los cuales 48 son peronistas y 24 de la oposición. Alberto Fernández necesita los 48 votos propios en el recinto si pretende que Rafecas sea designado Procurador General, y eso sucedería aunque Juntos por el Cambio siente a sus 24 senadores nacionales.

Pero el jefe de Estado tiene un escollo ético y político que podría hacer caer la designación del juez federal que no nunca abrió la denuncia penal de Nisman. Se trata del senador José Alperovich, que está acusado del delito de “abuso sexual con acceso carnal”, como fundó María del Carmen Reuter, fiscal a cargo de la UFI Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual​ de Tucumán.

En este escenario parlamentario, Alberto Fernández tendría 47 votos y la oposición 24. Como se necesitan las 2/3 partes de los miembros del Senado, los 24 votos de Juntos por el Cambio terminarían con las aspiraciones de Rafecas de ocupar la Procuración General de la Nación.

Junto a la decisión de enviar la ley de despenalización del aborto y el pliego como candidato a la Procuración de Rafecas, Alberto Fernández decidió elevar las retenciones a la soja, reducir los derechos de exportaciones de ciertas cosechas que beneficiarán a las economías regionales (algodón, maní, cítricos y tabaco, por citar casos paradigmáticos), y aún duda que hacer con el maíz y el trigo.

Esta decisión presidencial pone en pie de guerra a la Mesa de Enlace que hoy visitará al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, en una reunión prevista para la hora del te. Basterra exhibirá su mejor sonrisa, pero ratificará oficialmente lo que ya es un hecho asumido por los productores agropecuarios: la retención de la soja subirá del 30 al 33 por ciento, y eso implicará una transferencia de recursos del campo al Estado Nacional por una suma cercana a los 450 millones de dólares.

Alberto Fernández anunciará el incremento durante la Asamblea Legislativa del próximo primero de marzo. Y un día después, la Mesa de Enlace iniciaran las medidas de fuerza que serán progresivas hasta cortar las rutas como sucedió con la Resolución 125. “No hay marcha atrás. Ya lo decidí”, confirmó el presidente cuando se le preguntó si aún pensaba en aumentar las retenciones a la soja.

La cuarta batalla presidencial se vincula a la negociación de la deuda externa con el FMI y los bonistas bajo legislación internacional. Alberto Fernández está muy cerca de cerrar un acuerdo con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo. Pero recién esta midiendo fuerzas con los fondos de inversiones y bancos tenedores de títulos que operan en New York y Londres.

Esta batalla política tiene tres datos esenciales que establecen diferencias clave con la puja política por la despenalización del aborto, la suba de la soja y la designación de Rafecas: se libra en el extranjero, con adversarios poderosos y ajenos a la política doméstica, que tienen muchísima capacidad de daño económico e institucional.

La Iglesia, los productores agropecuarios y la oposición parlamentaria interactúan con la Casa Rosada y conocen sus límites para avanzar contra los intereses políticos del Presidente. Los bonistas bajó legislación extranjera sólo consideran sus activos -billones de dólares en títulos soberanos- y es un detalle cuasi protocolar si el presidente es hombre o mujer, o se llama Alberto Fernández con domicilio legal constituido en Balcarce 50, primer piso.

La ausencia de vínculos institucionales con la Presidencia, y su necesidad funcional de preservar el patrimonio de sus clientes, transforman a los bonistas en enemigos a temer. Poseen mucho de poder de fuego económico, y la ley internacional los protege como una coraza inexpugnable. Hasta ahora resisten la presión del FMI, la Casa Blanca y el gobierno peronista. Y jamás perdieron una batalla.

Alberto Fernández apuesta una cuota importante de su poder político en la disputa con los bonistas extranjeros. Sin dudas, es la clave de su mandato presidencial: si no hay despenalización del aborto, o suba de retenciones, sólo será un cimbronazo que capitalizará Francisco, la Mesa de Enlace y una facción opositora.

En cambio, si fracasa la negociación en Wall Street y Argentina cae en default, el gobierno de Alberto Fernández se podría transformar en un campo de batalla doméstico con Cristina Fernández acumulando muchísimo poder partidario e institucional.

Fuente:https://www.infobae.com/politica/2020/02/27/alberto-fernandez-enfrentara-desde-marzo-cuatro-batallas-politicas-que-marcaran-el-destino-de-su-gobierno/