Un proyecto presentado en la Legislatura por la diputada radical María José Sanz propone que los delitos de corrupción sean competencia de los juicios por jurado, debido a que «afectan a toda la población». Desde la oposición señalaron que están a favor de la iniciativa, a pesar de las observaciones puntuales que puedan tener, ya que es una medida «a favor de la transparencia».

La idea es modificar la Ley 9.106 de Juicios por Jurado para que sean los mismos ciudadanos quienes aporten su perspectiva y veredicto sobre hechos de corrupción que lleguen a esa instancia. De acuerdo con Sanz, esta práctica correspondería con el cumplimiento «del principio de soberanía del pueblo».

«Mendoza tiene juicios con esta modalidad de manera reciente, pero podemos decir que todos los casos fueron existosos en cuanto a su implementación y orden», sostuvo la diputada. «Como la corrupción afecta directamente a toda la población, estos casos deberían ser juzgados por la sociedad», apuntó.

Críticas y apoyos

En cuanto a los reparos que se señalaron en la Legislatura mientras se elaboraba el proyecto, Sanz explicó que la principal objeción es que «la sociedad está enojada con los políticos», por lo que cualquier caso de corrupción que llegase a esa instancia, terminaría con el jurado popular eligiendo «mandarlo a la cárcel».

«Ese mismo problema de falta de objetividad se puede dar en un juez, teniendo en cuenta que puede tomar determinadas deciciones influenciado por la política. Yo confío en que estamos preparados para dar ese avance, sobre todo con el acceso a la información con que contamos hoy», respondió la diputada.

Por este motivo, también se incluyó en el texto presentado que «cuando un hecho hubiera conmocionado a una comunidad de tal modo que no pudiera razonablemente obtenerse un jurado imparcial, el juez podrá disponer, sólo a pedido del acusado, en audiencia pública, que el juicio se lleve a cabo en una circunscripción judicial de la Provincia distinta a la que ocurrió el hecho delictivo«.

Desde el justicialismo, mientras tanto, la medida ha obtenido apoyo, según mencionó la diputada peronista Silvia Stocco, quien aclaró también que su bloque posee un proyecto previo similar.

«En el justicialismo consideramos que nadie puede estar en contra de esto, teniendo en cuenta que hablamos de transparencia. De hecho, cuando se trató la ley de juicios por jurado, la entonces diputada Liliana Ruiz presentó un proyecto similar a este», apuntó Stocco.

En 2018, cuando se votó la ley, uno de los principales reclamos de la oposición era que se incluyeran más delitos a resolver con esta modalidad, pero la respuesta del oficialismo fue que se planeaba primero implementarlo y luego ampliar las situaciones que podrían llegar a juicio por jurado.

A su vez, el diputado Mario Vadillo, del bloque Protectora, reclamó que fue el primero en presentar esta iniciativa, que se adjuntó al de la ley cuando se trató en la Legislatura, pero que no tuvo apoyo.

«Estamos de acuerdo con los juicios por jurado por una cuestión de transparencia, incluso pedí que se incorporaran los delitos por corrupción. Ni la UCR ni el peronismo quisieron tratarlo. Las excusas en ese entonces apuntaron al presupuesto o que era una prueba piloto. La verdad es que podría haber estado desde un principio», aseguró.

Incluso la izquierda se encuentra a favor de agregar estos delitos para que lo resuelvan los jurados populares, según explicó la diputada del FIT Mailé Rodríguez. «Desde el principio vimos que la ley tiene la problemática de ser muy reducida. Queremos que estén incluídos», expresó.

Además, Rodríguez señaló que si bien hay que revisar el proyecto en particular, enfatizó que el sistema actual presenta una «debilidad» al no contemplar delitos por corrupción. «Es un déficit que se  tiene que resolver. En 2018 y 2019 vimos incluso empresarios comprometidos con temas de corrupción que son de la provincia, como la causa de los cuadernos, por lo que sería positivo que se avance en ese sentido», finalizó la diputada.

En números

En el sorteo que realizó la Justicia a fines del año pasado para determinar quiénes pueden ser jurado, se determinó que en 2020 hay un total de 5.924 ciudadanos, divididos equitativamente entre hombres y mujeres, que podrán ser parte de este tipo de juicios.

Los números que se sortearon ese día fueron el 699; 113; 722; 896 y 749. De esta forma, quienes tengan DNI que finalice en alguna de esas cifran podrán estar presentes en los juicios populares de este año.

Corrupción

El proyecto forma parte de otra serie de iniciativas referidas a la corrupción, como el proyecto «ficha limpia», que pretende evitar que los condenados por delitos de corrupción accedan a cargos electivos, presentado en diciembre y que tuvo su equivalente en la Nación, pero ahí no prosperó.

La otra iniciativa es limitar los indultos en delitos de corrupción, como así también su conmutación o baja de pena, incluyendo estos casos en la Ley 3.645, que establece en qué casos no se pueden aplicar esas medidas. «No deberían poder tener esos beneficios si se trata de corrupción, teniendo en cuenta que es un flagelo con un impacto profundo, sobre todo en los que menos tienen», aseguró Sanz.

Por: Alexis Montiveroalexis.montivero@elsol.com.ar@alexmontivero