Desde los años ´80, la guerra contra el narcotráfico comenzaba a ser el pilar de muchos de los discursos presidenciales en América. En 1988 el presidente norteamericano Ronald Reagan anunciaba la guerra contra la droga como una “emergencia nacional”, declarándola como el “enemigo público número 1 de Estados Unidos”. Sin embargo, años de lucha contra el narcotráfico, tanto en Norteamérica como en otros países como Colombia y México, resultaron en un fracaso rotundo.

Tomar al narcotráfico como un tema de Seguridad Nacional significa atacar la oferta por medio de acciones militares. Esto, como lo veremos más tarde, solo incrementó la violencia y de ningún modo bajó el consumo. Derribar los aviones narcos o incautar cargamentos solo significaba la necesidad de los grupos narcotraficantes de buscar nuevas rutas y técnicas para hacer pasar la droga, no obstante, la demanda seguía vigente y solo se tardaba unos pocos meses en rearmar una estrategia de abastecimiento. Este es el primer error: el narcotráfico no es un problema de Seguridad Nacional, es un problema de Salud Pública. Protegiendo a los sectores más vulnerables, llevando a cabo campañas de concientización y estableciendo la rehabilitación y no el encarcelamiento en los casos de tenencia de droga ilegal para consumo personal, se puede desarmar la demanda y, por lo tanto, terminar con el narcotráfico sin llevar adelante una guerra en la que se gasta millones y solo aumenta la violencia, sin acabar con la problemática en lo absoluto.

Solo basta con ver los datos para entender la situación: a mediados de los ochenta, cuando se declaraba la guerra contra el narcotráfico en Estados Unidos, la cantidad de habitantes en prisión por delitos relacionados a las drogas era de poco más de 40 mil. Treinta años después, en el 2015, ese número ascendía a 469.545. Los gastos estaduales en cárceles, por su parte, se elevaron de 6.700 millones de dólares en 1985 a 56.900 millones en 2015.

En México, un estudio señaló que de las 18 regiones a las que se envió militares para atacar la problemática, la violencia no se redujo en 16 de ellas e incluso aumentó en varias. También se señala que hubo más de 468 mil soldados que desertaron, muchos de los cuales pasaron a trabajar para los carteles.

Estos no son los únicos ejemplos, en 2006 el presidente Calderón señaló que llevaría a cabo una dura lucha contra el narcotráfico para recuperar territorios en los que el gobierno había perdido el control. Al final de su mandato, el número de muertos a causa de esta lucha superaba los 104.000 y el de desaparecidos rondaba los 14.000. El gasto público en seguridad se duplicó, llevando a cabo una estrategia que consistía en “descabezar” los carteles, encarcelando a 33 de los 37 capos de la droga. Sin embargo, nuevas personas tomaron el mando de las organizaciones ilícitas y los avances del gobierno en la problemática fueron escasos si no es que nulos.

Luego, durante el gobierno de Peña Nieto, el tema no estuvo tan presente en los discursos, pero se siguió llevando adelante la misma estrategia. El gasto militar mexicano ascendía a 248 millones de pesos mexicanos en 2015 y en 2016 se contabilizaban cerca de 37 mil operaciones. El número de asesinatos durante su sexenio se aproximaba a los 80 mil. El consumo, de igual forma, continuó en alza, pasando de 3,9 millones en 2009 a 5,7 millones en 2011.

Por su parte, Estados Unidos gastó, durante el mandato de Bush hijo, 35 mil millones de dólares anuales en la lucha contra las drogas y se hicieron 40.000 redadas en el 2001 por equipos de SWAT. Sin embargo, el consumo se mantuvo constante y las muertes por sobredosis aumentaron de 4% a 5,5% desde dicho año al siguiente y, con una vista a largo plazo, pasaron de 8.413 en 1990 a 65.000 en 2016.

Peor aún, si nos centramos en las estadísticas del consumo en EEUU de 2006 y las comparamos con el 2016, vemos una gran diferencia. El número de consumidores de heroína aumentó un 10% anual, pasando de 1,6 millones en 2006 a 2,3 millones en 2016; el de metanfetamina pasó de 2,2 millones a 3,2 y el de marihuana se incrementó de 14,2 millones a 22,8. Por otro lado, a pesar de que también se gastaran 5,4 mil millones para erradicar las plantaciones de coca en los Andes, estas aumentaron un 29% en 2004, un fracaso rotundo.

Por otro lado, en Colombia van más de 30 años de lucha contra los narcos, con un costo de más de 10 mil millones de dólares y 20.000 víctimas, pero el problema nunca estuvo ni siquiera cerca de solucionarse. Un incremento del 92% en la ayuda norteamericana para combatir el narcotráfico entre 1988 y 2005 significó también un aumento del 132% de ataques paramilitares en las regiones en las que había bases militares. La tendencia es clara, combatir las drogas con armas solo aumenta la violencia y no disminuye el consumo.

La legalización de la marihuana en el centro de la polémica.

Un estudio de 2010 de la revista médica The Lancet plantea que hay drogas legales (tabaco y alcohol) que causan el mismo o incluso más que otras ilegales, lo que demuestra que su ilegalidad no depende del daño que nos cause a nosotros mismos o que podemos causarles a otros bajo su influencia, sino que se basa en un prejuicio de la sociedad. Vemos, por ejemplo, que el alcohol es hasta más de 3 veces perjudicial que la marihuana y 10 veces más que los hongos alucinógenos.

En Estados Unidos, desde 1992 al 2005, los arrestos por marihuana aumentaron de 300,000 al año a 700,000. El gobierno gastó aproximadamente 4 mil millones de dólares al año arrestando y procesando delitos de marihuana, más de lo que gastó en el tratamiento de la adicción a todas las drogas juntas.

¿Por qué se plantea esto? Pues porque legalizar la marihuana traería beneficios a la hora de enfrentar la problemática

En Uruguay, desde el 2013 (cuando se legalizó la marihuana) al 2018 al menos 12.000 personas que operaban en el mercado ilegal (que se calcula en 30 millones de dólares) han perdido el negocio y ahora los beneficios económicos los perciben el Estado y quienes la comercian con licencias legales (a quienes se les controla las cantidades que pueden vender). Tampoco podemos dejar de lado los beneficios para la salud (más allá de sus muchos usos medicinales), ya que la marihuana legal es mucho más segura y menos nociva que la ilegal, a la que se le agregan diferentes químicos.

Por otro lado, en los Países Bajos se legalizó en 2017 el autocultivo de cannabis, a causa de que anteriormente se legalizaba su consumo, pero se penaba cultivarla, generando un vacío legal y haciendo que el Estado siguiera gastando millones en su decomiso (solo en 2015 se desmantelaron 5.856 plantaciones). Además, penar el autocultivo significaba que los proveedores tenían que acudir al mercado negro para abastecer su oferta, financiando a grupos narcos. En cambio, con la legalización del autocultivo por medio de una licencia, el Estado vigila el volumen de las plantaciones, el territorio cultivado y el transporte de éste.

Por esto, la legalización de la marihuana serviría para que el Estado ahorre el mayor recurso que pierde en la lucha contra las drogas y los concentre en su tratamiento desde una perspectiva de salud pública, llevando a cabo campañas de prevención y concientización, promoviendo estilos de vida saludable; evitando el inicio en el uso de drogas; mitigando los efectos del consumo; tratando, rehabilitando y reintegrando a los usuarios dependiente de ellas y acabando con el tema del narcotráfico desde su raíz sin extender la violencia.

Gentileza:José Ignacio Teruel- Licenciado en Relaciones Internacionales – Jose.e97@gmail.com