El otro tema que debe ser discutido a fondo es la capacidad que existe para que el Estado mendocino pueda ejercer un rol de policía ambiental que esté a la altura de la actividad que se pretende desarrollar.
Los antecedentes mineros en las provincias vecinas generan dudas lógicas. Por lo tanto, si en los planes del Ejecutivo está modificar la actual ley y hacerla más flexible, tiene que presentar de manera paralela un plan que exponga cuáles son los recursos humanos y técnicos actuales y qué hace falta para que los mendocinos sepan que si Mendoza se convierte en un polo minero, será bajo un sistema de supervisión que garantizará el cuidado del ambiente.