La grave crisis que sufre Chile cumple este lunes un mes, en medio de nuevas movilizaciones populares que ponen en cuestión la efectividad del pacto firmado por los principales partidos políticos para una posible reforma de la constitución heredada de la dictadura.
Miles de personas se congregaron desde las 17:00 en la Plaza Italia de la capital chilena -el epicentro de las movilizaciones populares-, enfrentándose por enésima vez con las fuerzas de seguridad.
Las dudas sobre la aceptación del acuerdo político por parte de una población que ha demostrado su total hastío hacia el sistema vigente se acrecentaron el domingo cuando Beatriz Sánchez, la ex candidata del Frente Amplio, tuvo que abandonar las inmediaciones de la citada Plaza Italia bajo el abucheo de los congregados que no cesaban de gritar «vendidos» o «traidores».
La alianza de izquierdas se ha mostrado especialmente crítica con el gobierno derechista del presidente Sebastián Piñera pero algunos de sus integrantes apoyaron el acuerdo sobre la carta magna.
El jefe de Estado se dirigió a la nación el domingo por la noche y reconoció que «el desenlace final de esas cuatro semanas aún no está escrito. Aún nos falta un largo camino por recorrer».
En su primera intervención tras el acuerdo en torno al futuro de la constitución, Piñera admitió que la semana pasada estudió -en medio de un nuevo rebrote de la violencia- la posibilidad de establecer una vez más el estado de excepción que ya decretó al inicio de la algarada y sacar al ejército a la calle. «Tuve que optar entre dos difíciles caminos: el camino de la fuerza o el camino de la paz. Optamos por el camino de la razón, para darle una oportunidad.. al diálogo», aseguró.
Piñera dijo que la actual crisis ha supuesto una auténtica catarsis para el estado latinoamericano: «Chile cambió, los chilenos cambiaron, el Gobierno cambió, todos hemos cambiado», indicó Piñera, reconociendo que los reclamos de los manifestantes son «demandas justas y legítimas».
El presidente del país también asumió parte de las críticas dirigidas hacia la actuación de las fuerzas de seguridad en la represión de las movilizaciones populares y reconoció que «hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos y delitos y no se respetaron los derechos de todos».
Las palabras del mandatario se inscriben en la tónica que parece haber adoptado el oficialismo chileno que ahora no duda en admitir públicamente que el origen del estallido social que se ha registrado en el país no es otro que el sistema neoliberal que defendieron durante décadas.
«El modelo ha generado una enorme cantidad de beneficios, pero la distribución de esos frutos no ha sido equitativa», argumentó el domingo el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, en una entrevista con el diario ‘La Tercera’. Según añadió, el neoliberalismo generó «muchas desigualdades y mucha injusticia».
La clase política representada en el parlamento pretende acelerar las reformas legales incluidas en la llamada Agenda Social que presentó Piñera al inicio de la revuelta, y que planteaban un alza de las pensiones y del salario mínimo, el freno al coste de la tarifa eléctrica, ayudas para la adquisición de medicamentos, mayores impuestos a la élite económica y una reducción de los sueldos más altos de los cargos públicos y las dietas que reciben los legisladores. Los analistas políticos coinciden en que ésos son los principales reclamos de una población que exige decisiones inmediatas sobre cuestiones que afectan a su vida cotidiana.
«La Constitución es un acuerdo cocinado entre los mismos que nos han llevado a esta situación, los diputados, que ganan miles de ‘lucas’ (billete de mil pesos en el argot popular) sin hacer nada. ¡Queremos que aumenten las pensiones, los salarios.. estamos hartos!», relató Oswaldo Ojeda, un manifestante de 25 años.
Sin embargo, el ejecutivo que lidera Piñera se resiste a aceptar el incremento inmediato del 50% de las pensiones básicas que fue aprobado por el Congreso esta última semana como una medida de urgencia destinada a frenar la indignación popular. «La calle está pidiendo esto.. la ciudadanía exige respuestas rápidas», opinó la legisladora Ximena Ossandón, miembro del partido que lideró Piñera.
Aunque el mandatario no descartó de plano el citado aumento, sí pidió que cualquier cambio en ese sentido se aplique con «gradualidad» para «evitar caer en los populismos y en la demagogia».
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, advirtió que ese alza «no es factible si somos irresponsables fiscalmente y pretendemos darlo todo de una, lo único que estamos logrando con eso es que no sea sostenible en el tiempo».
La presencia de manifestantes en la capital chilena se redujo durante el último fin de semana, aunque continuaron los incendios intencionados de edificaciones, incluido un nuevo ataque contra una sucursal del Banco del Estado en el centro de la principal ciudad del país.
A 30 días del debut de esta grave crisis, instituciones y agrupaciones económicas concluyen en que el quebranto sufrido por la imagen y las finanzas del país es muy significativo.
La Cámara de Comercio de Santiago estimó el viernes que los daños causados hasta ahora por los asaltos y saqueos de tiendas que se han sucedido en la capital superan ya los 900 millones de dólares. La Cámara Chilena de Construcción añadió que a esa cifra hay que sumar más de 4.500 millones de dólares en concepto de daños a la infraestructura del país -como la quema de decenas de estaciones del metro de Santiago- y pérdidas del sector privado.
El conflicto ha dejado al menos 23 muertos, más de 2.300 heridos y más de 15.000 detenidos -cifras recogidas por el diario La Tercera- entre los que figura un significativo número de menores. Según los Carabineros, estos últimos suponen un 39% de los arrestados por lanzar cócteles molotov.
Fuente:https://www.elmundo.es/internacional/2019/11/18/5dd2e520fdddff9eaf8b462d.html
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