No hay dudas, América Latina está convulsionada. En diferentes países de la región la gente se está movilizando por demandas tanto económicas como político-institucionales y la debilidad de los gobiernos para manejar la situación ha sido clara.

En Ecuador, la gente se manifestó tras la quita de subsidios a combustibles acordada entre el gobierno de Lenin Moreno y el FMI, la que incrementó los precios en un 120%. Tras varios días de protestas -donde al menos 11 personas murieron, más de 1100 fueron detenidas y unas 1500 fueron heridas-las autoridades ecuatorianas dieron marcha atrás con la decisión de quitar los subsidios y se estableció una comisión para realizar un nuevo decreto.

También por el transporte comenzaron las movilizaciones en Chile, luego de que el aumento de 30 pesos en la tarifa del metro generara las “evasiones masivas”, por las que la gente atravesaba los torniquetes sin pagar. Es importante aclarar que estas no son las únicas razones del descontento de la población, sino que más bien fueron las que detonaron las crisis sociales actuales. Las bases protestas se encuentran en la desigualdad, los costos de vida y la demandas en base a los sistemas de educación y salud. En lo que respecta al saldo de las protestas, al menos 24 personas murieron, 2500 fueron heridas y cerca de 7 mil fueron arrestadas. También fueron graves los saldos económicos: el peso chileno se desplomó y se tuvo que cancelar a Chile como sede de diferentes eventos internacionales que promoverían el turismo y darían una visión de estabilidad: la Final de la Copa Libertadores 2019, la reunión del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) y la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25). Además, como resultado de las movilizaciones se creó una nueva agenda social, una nueva agenda de seguridad y se hizo un cambio de ministros. También, se propuso un proceso constituyente que fue aceptado por el gobierno y que tendrá plebiscito ratificatorio, es decir, deberá ser aprobado por la población

En Bolivia, Evo Morales ganó unas elecciones extremadamente polémicas: tras perder el referéndum en 2016 para poder presentarse a un cuarto mandato, el Tribunal Electoral, violando la Constitución, le permitió hacerlo con el argumento de que es un “Derecho Humano”. En este 2019, en el conteo de votos de las elecciones presidenciales, se preveía una gran posibilidad de ballotage, pero los datos se suspendieron y cuando se volvieron a cargar, Morales aparecía como vencedor en primera vuelta, generando que la población saliera a las calles bajo la acusación de fraude electoral. Después de varios días de protestas y el “pedido” de renuncia de las fuerzas armadas a Evo Morales, el presidente dejó su cargo y pidió asilo en México, asumiendo así la senadora Jeanine Añez como presidente interina (reconocida solo por algunos países como Rusia, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos). Personalmente, en principio, no creo que sea una dictadura, ya que la toma del poder por parte de Añez fue para volver a traer el orden constitucional, sin embargo, considero que en caso de que no se realicen las elecciones (las que ya fueron aprobadas en primera instancia por el Senado), sí pasaría a estar bajo el status de “Golpe de Estado”

En Perú, por su parte, hay una crisis política que hace difícil saber qué le espera al país. Si bien es cierto que la inestabilidad viene hace ya años, esta es una nueva etapa de la crisis. El problema surge a raíz de la decisión del presidente Vizcarra de realizar la disolución del Congreso mediante la aplicación del artículo 134 de la Constitución, que permite disolver el parlamento cuando éste ha censurado o negado la confianza a dos consejos de ministro. El argumento fue que, por la negación de entrada al primer ministro al Congreso, la elección de un magistrado del Tribunal Constitucional y el posterior debate de la cuestión de confianza, se había negado la confianza al presidente del Consejo de Ministros. La respuesta del parlamento fue aplicar una suspensión temporal de 12 meses al presidente Vizcarra, aunque la medida fue inconstitucional porque no se respetó el derecho a la debida defensa y al debido proceso del presidente. Otros juristas argumentan que es también inconstitucional porque la suspensión ha sido entendida históricamente para casos de enfermedad.

Más al norte, en Nicaragua, la gente se manifiesta pidiendo la salida del presidente Ortega. Todo empezó en el 2018 cuando el gobierno llevó adelante un incremento en los Impuestos de Seguridad Social. Por medio de éstos, los empleados debían aportar un 0,75% más, los empresarios un 2% y habría deducciones de un 5% de las pensiones. Desde el comienzo de las protestas, al menos 320 personas han muerto y numerosos políticos opositores fueron encarcelados arbitrariamente. A causa de la crisis en la que se ha sumido el país, el gobierno decidió revocar las reformas en la seguridad social el 23 de abril, pero ya era demasiado tarde, el descontento contra Ortega se había extendido por todo el país.

Menos conocida es la crisis de Haití, donde la población pide la renuncia del presidente Moïse desde febrero de 2019, cuando informes del tribunal señalaron que altos funcionarios del gobierno habían usado indebidamente hasta 3.800 millones de dólares en préstamos del Petrocaribe de Venezuela y afirman que el mismo presidente estaba involucrado en la corrupción.

Por otro lado, nos encontramos con Venezuela, donde no solo hay una grave crisis económica, sino también una dictadura que utilizó su poder para perseguir a la oposición e instalarse en el poder de forma por más antidemocrática durante años. En este conflicto no me extenderé ya que hablé de él días atrás (Ver: “¿Es Estados Unidos culpable de la crisis en Venezuela?”http://piramideinformativa.com/2019/11/es-estados-unidos-culpable-de-la-crisis-en-venezuela-por-jose-ignacio-teruel-licenciado-en-relaciones-internacionales/)

Por último, vemos a Colombia, donde las centrales obreras y los movimientos sindicales llamaron a un “paro nacional” para el 21 de noviembre, sin embargo, se terminó transformando en una protesta contra de las reformas de pensiones, laborales y educativas y a favor del Acuerdo de Paz firmado con las FARCs. Ante las manifestaciones, el gobierno militarizó las calles, realizó allanamientos, cerró las fronteras y otorgó a gobiernos locales facultades para “mantener el orden”, argumentando que hay injerencia de gobiernos chavistas que buscan desestabilizar el país. Por ahora, se informan al menos 3 personas muertas en los incidentes y la situación se volvió más crítica ante el abuso de poder y la incapacidad del presidente Iván Duque de manejar la situación.

Si bien analizamos caso por caso para detallar lo que sucede en cada país y en qué contexto nacional, es imperioso también analizar la ola de protestas en Sudamérica como un todo. Las redes sociales y los medios juegan un papel fundamental en este traslado de las manifestaciones de un territorio a otro, aunque sea bajo demandas diferentes. En efecto, la visibilización de la situación de los países vecinos y un cierto sentimiento de identificación con los problemas nacionales, con la necesidad de movilizarse y no permanecer ajeno a la crisis es, entre otras razones, lo que provoca que la población se sienta más alentada por protestar.

El caso de Colombia sirve como un ejemplo claro: hace más de 40 años no había un paro nacional de estas dimensiones, con una paralización del 50% de los comercios y un acato de prácticamente todos los gremios. También, el elemento usado en la protesta, la cacerola, nunca había sido utilizada en el país (o al menos de forma tan masiva), pero si en Estados vecinos como Venezuela, Argentina y Chile.

Por esto mismo, no debería sorprendernos si las protestas se siguen extendiendo a países de la región que todavía no han sido afectados. Mientras tanto, América Latina, especialmente Sudamérica, reconocida en los últimos años como una región pacífica, hoy está en creciente convulsión.

Gentileza: José Ignacio Teruel-Licenciado en Relaciones Internacionales

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