Un candidato a intendente de Malargüe se encuentra envuelto en una denuncia que arrastra incluso al actual intendente. La polémica surge por un comodato, donde la comuna cede sin cargo 280 hectáreas en la zona de Cañada Colorada para un emprendimiento agrícola – ganadera particular –la firma Focadilla SRL-, propiedad del concejal justicialista y candidato a la intendencia por el Frente Elegí, José Barro.

Caen sobre Barro dos denuncias, una en la Fiscalía de Estado formulada por una asociación que nuclea a puesteros y otra de un comerciante, Oscar Mario Jofré, quien la presentó en la oficina de Ética Pública en Mendoza. El contrato de comodato por 5 años a favor de la empresa se selló por primera vez en 2011 y venció en 2017, por lo cual el actual intendente radical Jorge Vergara Martínez lo renovó a fines de agosto de ese año.

La denuncia de Jofré hace referencia al artículo 7 de la Ley N°8993 de Ética Pública que establece que existe incompatibilidad para los sujetos para el ejercicio de la función pública ya sea para “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”.

En el mismo artículo se establece que se prohíbe a un funcionario “realizar por sí o por cuenta de terceros gestiones tendientes a obtener el otorgamiento de una concesión y/o adjudicación en la administración pública de la Provincia o Municipios”, además de “ser proveedor por sí o por terceros del organismo de la provincia o municipio donde desempeñe sus funciones y mantener relaciones contractuales con entidades directamente fiscalizadas por el organismo en que se encuentre prestando funciones”.

El comerciante que realizó la denuncia intentó que el Concejo Deliberante de Malargüe tratara el tema, ya que además de ser incompatible según la ley de Ética Pública de Mendoza también contradice a la Ley Orgánica de Municipalidades, pero el bloque Justicialista al que pertenece Barro se negó, a pesar que el tema además de un edil alcanza al jefe comunal.