“Es un hecho histórico. La información va a permitir que los procesos judiciales sigan avanzando para conocer el lado oscuro de ese periodo que vivimos en nuestro país», dijo Garavano, visiblemente emocionado, en un discurso en inglés y español. La entrega se produjo frente a víctimas de la dictadura argentina y diplomáticos argentinos y estadounidenses.

La desclasificación de los archivos secretos de Estados Unidos sobre la guerra sucia de la última dictadura argentina ha abarcado dos Administraciones, consta de más de 43.000 páginas (el 97% de las cuales están sin censurar, un porcentaje muy alto), ha involucrado a 16 agencias y departamentos federales y ha supuesto dedicar a cerca de 400 empleados que han necesitado más de 30.000 horas de revisión de los archivos para entregar el titánico proyecto al Gobierno de Mauricio Macri.

El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribía una misiva a su homólogo argentino en la que aseguraba que “esta publicación de archivos constituye la mayor desclasificación de documentos de la historia del gobierno de Estados Unidos directamente a un gobierno extranjero”. Este viernes, Ferreiro dijo a Garavano al cederle una caja muy especial, con los sellos del FBI, la CIA, el Pentágono (entre otras agencias): “En nombre del presidente de EE UU, le entrego estos archivos con la esperanza de que ayuden a sanar a su país”.

Esta es la última entrega de un proyecto de desclasificación de documentos secretos que comenzó hace tres años, en 2016, durante la presidencia de Barack Obama. Durante una visita del anterior mandatario estadounidense a Buenos Aires, se abrió una nueva etapa en la relación bilateral entre ambos países tras años de distanciamientos y tensiones. Obama prometió que su país asumiría la responsabilidad de «afrontar el pasado con honestidad y transparencia». Los documentos desclasificados desde 2016 provienen de las bibliotecas presidenciales de cuatro presidentes: el republicano Gerald Ford (1974-1977); el demócrata Jimmy Carter (1977-1981); el republicano Ronald Reagan (1981-1989); y el también conservador George H. W. Bush (1989-1993).

La entrega de documentación ha tenido un enorme impacto en Argentina. Macri la había anticipado el 24 de marzo pasado, con motivo del 43 aniversario del golpe militar contra Isabel Perón, que dio inicio a la dictadura. «Estos documentos serán fundamentales para que la Justicia pueda avanzar en causas del pasado”, dijo.

En las organizaciones argentinas de Derechos Humanos que promovieron el pedido a Washington destacaron la importancia judicial de la información entregada. “No se encuentran evidencias de algo extraordinario que no se supiera, pero sí aparecen piezas que, dentro de un rompecabezas más amplio, sirven para avanzar en investigaciones. Sabiendo buscar, los documentos fortalecen un cuadro probatorio en las causas en curso”, dice Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Chillier destaca además que es la primera vez que la documentación incluye documentos de oficinas de Inteligencia y no sólo del Departamento de Estado.

Argentina ha sido el país latinoamericano que más ha hecho por juzgar el terrorismo de estado. A finales de 1985, un tribunal civil conedó a penas de hasta cadena perpetua a los jerarcas Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Leopoldo Galtieri, Armando Lambruschini y Orlando Agosti por idear un plan represivo que dejó 30.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos. Aún está en la memoria de los argentinos el alegato final del fiscal Julio César Strassera en la tarde del 18 de noviembre que precedió a las sentencias. Strassera citó a Dante Alighieri y llamó a los responsables del terrorismo de Estado “tiranos que vivieron de sangre y de rapiña”. Y concluyó su lectura con una frase que aún produce escalofríos en los argentinos: “Señores jueces, nunca más”.

Al juicio a las Juntas siguieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, promulgadas entre 1986 y 1987 por el presidente Raúl Alfonsín tras una serie de revueltas militares en los cuarteles. Ambas normas pusieron fin a nuevos juicios y bajo resguardo a los mandos medios y bajos que, con la excusa de las órdenes recibidas, habían secuestrado, torturado y asesinado. El presidente Carlos Menem dio un paso más en los años 90 y firmó el indulto para los jefes, que volvieron a sus casas. Pero los organismos de Derechos Humanos pronto encontraron un hueco en el decreto de Menem y activaron decenas de causas por robo de bebés: la dictadura había ideado un plan para entregar en adopción a los niños nacidos en los centros de tortura de madres luego asesinadas.

El robo de bebés devolvió a la cárcel a personajes como Videla, pero aún quedaban decenas de investigaciones congeladas por las llamadas “leyes del perdón” promulgadas por Alfonsín. Durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) todo cambió. En junio de 2005, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de ambas normas y reactivó decenas de juicios. La historia negra de la dictadura está viva en Argentina.

Fuente:https://elpais.com/internacional/2019/04/12/argentina/1555090219_312485.html