La concejal Galamba participó en la Audiencia del Gas realizada el 28 de febrero y advirtió sobre los deberes de los funcionarios públicos en la defensa de los derechos de los usuarios 

El jueves 28 se realizó en Salta la Audiencia Pública nacional del gas, en nuestra provincia los expositores pudieron participar a través de una video conferencia en la sede del Enargas. Los sanrafaelinos estuvieron representados por la concejal Natalia Galamba quien asumió ese compromiso desde el inicio de su gestión y ha participado en forma presencial o virtual de las distintas audiencias del gas y la electricidad.

La jornada, desarrollada en la ciudad de Mendoza, comenzó con fuertes críticas por parte de los expositores y público presente hacia el Enargas, el organizador de la Audiencia, ya que no se les permitió presenciar y seguir la transmisión alegando problemas de conectividad de Internet. Al respecto la Concejal manifestó que: “Uno de los oradores utilizó un parlante con bluetooth para que lo pudieran escuchar las personas que lo estaban acompañando. Por lo tanto, estamos a ojos cerrados, no sabemos que han propuestos las empresas y tuvimos que seguirlo con el teléfono por YouTube porque no se nos ha permitido ingresar a escuchar lo que se decía”.

CRÍTICAS A LAS EMPRESAS Y AL ENARGAS

A este malestar se sumó el trascendido de que la empresa que provee el gas en la provincia, Distribuidora de Gas Cuyana (Ecogas), este año solicita que el aumento sea del 41% pese a que durante 2018 obtuvo amplias ganancias por maniobras financieras en las que se benefició con la devaluación de mediados de año.

Al respecto, Galamba viene denunciando hace tiempo que la política energética del gobierno nacional siempre se caracterizó por el traslado de los precios dolarizados de los servicios públicos de gas a los consumidores finales y que con estas medidas han conducido a los usuarios hacia la pobreza energética: “Es una vergüenza estar discutiendo una vez más otro aumento de la tarifa de gas ¿Entienden que los argentinos están sumidos en la pobreza energética? La pobreza energética implica que cada hogar tiene que destinar más del 10% de sus ingresos al pago de los servicios públicos”. Recordemos que la factura de gas promedio superó el 1.848% entre 2016 y 2018. Esto llevó, solo en el Gran Mendoza, a que el 42,89% de las personas (más de 500.000) sean «pobres energéticos».

El Enargas también fue objeto de críticas: “Detrás de los escritorios es muy fácil tomar decisiones y sobre todo cuando esto responde a un programa y plan de gobierno que lo único que hace es favorecer a las empresas. Cuando tenemos un Ente regulador del gas que en lugar de defender con firmeza los derechos de los usuarios, de los consumidores lo único que hace es garantizar que las empresas tengan ganancias” sostuvo la edil durante su intervención.

Además cargó contra las empresas de servicios públicos afirmando que no se puede priorizar la rentabilidad de empresarios “que además son los amigos de quienes hoy están en el poder” por sobre la necesidad de muchos argentinos que hoy no puede acceder a los servicios básicos esenciales: “Nosotros necesitamos que la gente entienda que estas son decisiones exclusivamente políticas, que esto se decide en las urnas. Porque cada una de las decisiones que ha tomado este gobierno ha sido para beneficiar a sus amigos empresarios y cada una de esa decisiones las han tenido que soportar los usuarios con su bolsillo”.

LA DENUNCIA

Finalmente, adelantó que en el caso de que se autorice un nuevo aumento de la tarifa del gas, realizará una denuncia penal a los funcionarios que habiliten el aumento. Esta decisión se basa en el hecho de que las Audiencias no son vinculantes, que año tras año han realizado reclamos que no han sido escuchados y, que por el contrario, el gobierno nacional las ha convertido en una farsa porque de todas maneras siempre autoriza los aumentos que ya tiene pactados con las empresas. Al final de su exposición Galamba manifestó: “Por otro lado quiero decir, que ni bien salga la resolución, ni bien suscriban los funcionarios las firmas para poder garantizar un nuevo aumento de las tarifas, yo voy a presentar una denuncia penal ante el ministerio público fiscal contra todas esa autoridades que avalen el aumento según el artículo 248 y 249 del Código Penal que establece el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Por último convocó a todos los damnificados por el tarifazo a que adhieran a esa denuncia.