Ahora están a la espera del regreso del ministro Dante Sica de España, donde participó de un seminario sobre empleo y mantuvo contacto con inversores. Ya hubo una postergación del encuentro, que se iba a concretar sobre finales de febrero.

Hasta ese momento el escenario venía presentando señales alentadoras, con el Banco Central bajando la tasa de interés de referencia de forma acelerada. El salto de la inflación de enero al 2,9% y la escapada del dólar desanimó a los funcionarios.

Según comentaron fuentes empresariales a Ámbito Financiero, el envío del proyecto de Ley Pyme II al Congreso se concretará en lo que queda de este mes. O, por lo menos, esa sería la intención que tiene el secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, comentan algunos de los dirigentes que participan de las reuniones del Consejo.

El Consejo fue creado por Ley Pyme en vigencia, especìficamente para llevar a cabo un monitoreo de la aplicación de la misma. De esa primera versión quedan en pié algunos beneficios como la posibilidad de pagar saldos de IVA a los 30 días y la aplicación de saldos del Impuesto a los Débitos y Créditos para cancelar otros impuestos. Pero este año se cayó un artículo que permitía a las pymes que reinvirtieran utilidades contar con 10% de rebaja del Impuesto a las Ganancias, un beneficio que se terminó el 31 de diciembre de 2018 que les permitía obtener algo de financiamiento en el marco de una economía donde el crédito es inviable por el alto costo de las tasas de interés.

En la nueva legislación se prevé avanzar en una simplificación de pago de impuestos, para evitar así que tanto el dueño de su empresa como el contador de la misma tengan que estar constantemente afrontando vencimientos de todo tipo. Un ejemplo de eso se ha tomado de Córdoba, donde allí funciona una especie de boleta única. Se aspira a que la pyme pague todos o la mayoría de los tributos nacionales y provinciales de una sola vez, a través de un único formulario.

La nueva ley también aspira a reincorporar el beneficio para las utilidades reinvertidas. Sea por este mecanismo o por una reducción de alícuotas, los empresarios consultados dicen que se prevé otorgar una ventaja a las pymes frente al Impuesto a las Ganancias, en comparación con las firmas grandes. En este caso, existe un cronograma previsto en la Reforma Fiscal del 2017 que estipula que para 2020 las alícuotas deben bajar al 25%, desde el 35% que regía en 2018.

Los empresarios están particularmente interesados en que la nueva norma contemple la posibilidad de que se puedan aplicar saldos a favor que tienen en la AFIP para cancelar diferentes impuestos. Estos saldos se originan, entre otros, en el régimen de retención al que están sometidas las pymes cuando le venden a una firma grande. Esta le efectúa un descuento sobre lo que debería pagar por factura, a modo de anticipo de Ganancias. Si los descuentos superan al final al importe que debe integrar la pyme a fin de año, queda un saldo a favor. También se producen saldos a favor de las empresas en el caso de sectores como el de bienes de capital, que solo tienen 10,5% de IVA. En general esas empresas compran insumos con IVA al 21%. Los saldos a favor de empresas se actualizan a una tasa de interés del 6% anual, denuncian las pymes, mientras que por otro lado la AFIP cobra 4 % mensual por atrasos al pagar vencimientos.