Consejo de Precios y Salarios e Índice de Pobreza Energética  (parte II)

En el libro Ocupémonos, del Estado de Bienestar al Estado transformador, en el apartado titulado La madre del borrego: el trabajo como mercancía. Derechos de acceso de los consumidores, incorpora un elemento clave para organizar el consumo y limitar la inflación.  Se reivindica las  paritarias como un instrumento que en su momento representó un fuerte avance de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, a la fecha hay dos realidades nuevas: A. El 40% de la población económicamente activa (pea) son trabajadores independientes, muchos de ellos sin ocupación regular y por supuesto de exigua remuneración Las representaciones empresarias se han concentrado, con un poder mucho mayor que aquel que disponían en el momento que el sistema tomó vigencia.

El efecto de estas dos debilidades es: En la paritaria los trabajadores que participan toman compromiso por ellos e indirectamente por varios millones más que no tienen participación en esos acuerdos. Los empresarios toman compromiso por la variación nominal de salarios pero ningún compromiso por la variación de precios de sus productos, a pesar que tienen la capacidad de modificarlos casi libremente, afectando por supuesto al poder adquisitivo de los salarios. Estos groseros desajustes llevan a que sea necesario contar con un Consejo Municipal de Precios y Salarios, en que se diriman todos los temas del ámbito, eliminando de cuajo el vacío normativo.

Uno de las funciones del Consejo Municipal de precios y Salarios es construir un nuevo mecanismo de acceso a los consumidores, con sistemas públicos de proximidad productor/consumidor y regulación de los supermercados. Pero no deberíamos tener duda que generado el bien o servicio, se accede al mercado. Sin embargo, a medida que se avanzó en la concentración del sistema, el mercado como figura física del encuentro de productores y consumidores se convirtió primero en un recuerdo y luego en una ficción absoluta. Hoy se ha naturalizado un escenario en que quien busque conseguir un acceso fluido a sus potenciales consumidores, no solo debe asegurar la logística de distribución, cada vez más compleja en las megalópolis modernas, sino además conseguir el insólito visto bueno de algún hipermercado, que fija condiciones enteramente a su arbitrio para exhibir cualquier producto.

El mercado moderno de bienes de consumo tiene intermediarios entre productores y consumidores. Esos intermediarios no brindan simplemente un servicio, por el contrario se constituyen en una barrera a sortear por los pequeños productores que no es simplemente una trama burocrática. Es un obvio tejido de intereses entre las mayores empresas de cada sector y los hipermercados, que termina alambrando el camino, expulsando trabajo, pulverizando los restos que pudiera haber de una democracia económica. El segmento de comercialización, como tantos otros aspectos del sistema productivo, se ha convertido en un problema crítico para los más pequeños o los más débiles, que hace un siglo no existía. Esto puede ser complementado con legislación que establezca la obligación de los grandes espacios de comercialización de ceder ámbitos a organizaciones de pequeños productores, para ventas administradas por éstas de forma independiente. Estas  nuevas regulaciones serán los ejes del Consejo de Precios y Salarios en San Rafael (CMPS).

Con respectos a los tarifazos que padecen los sanrafaelinos, vamos a incorporar una medición que nos ayude a denunciar la confiscación que produce la actual política de tarifas impulsadas por el Estado Federal y que impacta fuertemente en el comercio y las economías familiares de los vecinos. Para ellos vamos a incorporar el Índice de Pobreza Energética que se presentó en Mendoza durante el año 2018. La Asociación Civil Consumidores Mendocinos quiere estudiar cómo se comporta esa categoría en la provincia. Se considera que una persona es pobre energética cuando una persona debe destinar más del 10 % de sus ingresos disponibles (es decir, descontando lo que se gasta en alquiler de un inmueble y en la canasta básica alimentaria) en gastos energéticos. Por lo tanto, sólo sabiendo cuántos son los vecinos de San Rafael tienen dificultades para pagar los servicios básicos energéticos (agua, luz y gas) y estableciendo una “canasta básica energética” -es decir, cuánto es el mínimo de energía que necesita una familia para tener una vida digna- se pueden fijar políticas públicas para proteger a los habitantes de la pobreza energética.

El acceso a la energía, un derecho consagrado En 2015, la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 objetivos en esa materia. Uno de ellos es “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos” por lo que se considera que “el acceso universal a la energía es esencial”. ¡Y nos vamos a Ocupar de construir un municipio sustentable!

Tierra para trabajar, Tecnología para producir, Capital para desarrollar.

Para consultar y ampliar el debate: ocupemonossanrafael@gmail.com