La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich ; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano ; y el coordinador general de la comisión Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra , presentaron el anteproyecto del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que contempla bajar la edad de imputabilidad a 15 años.
El cambio abarca a los delitos con penas superiores a los 15 años de prisión. «Es un tema muy importante y una cuenta pendiente de la democracia porque la ley actual es de hace 40 años, una disposición de la dictadura», dijo Garavano.

El proyecto es el resultado de más de tres años de trabajo que involucraron, a partir de la plataforma Justicia 2020, a más de 3000 expertos y civiles de todo el país. Una comisión redactora, de la que participó Unicef, preparó las bases del anteproyecto consensuado.

«En democracia se presentaron 95 proyectos en el Congreso y fracasaron», puntualizó Gil Lavedra. La iniciativa tiene más de 100 artículos y sus ejes principales son contar con una Justicia especializada, abordar los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria y restaurativa; fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos; y procurar la integración social de los jóvenes e involucrar activamente a las víctimas.

«Quizás tiene un nombre que no contempla la idea principal que es que haya menos delincuentes y no más presos», explicó Bullrich.

Los jueces que intervengan en el sistema de responsabilidad penal juvenil deberán tener formación adecuada y deberán trabajar en colaboración con expertos en salud mental, en trabajo social, en sociología, en derecho y otras profesiones atinentes a la problemática. «Está pensado para delitos de altísima gravedad», agregó Garavano.

Se propone un sistema de escalas que establece las siguientes responsabilidades penales: el adolescente es penalmente responsable desde los 15 años de edad si comete un delito cuya pena máxima posible es de quince años de prisión o más (robo con arma de fuego, violación, secuestro extorsivo, homicidio o lesiones gravísimas). Y es penalmente responsable desde los 16 y hasta los 18 años si comete un delito cuya pena máxima posible es de dos años o más.

El nuevo sistema busca dar respuesta a todos los involucrados: al joven que comete el delito, a la comunidad y a las víctimas, que en muchos casos son más jóvenes que el agresor.

«Los chicos van a tener un Estado que les va a dar una respuesta para que no sigan con la carrera delictiva», señaló la ministra de Seguridad.

El proyecto hace foco en el cuidado de las víctimas e introduce alternativas de inserción social para que los jóvenes no vuelvan a cometer delitos.

Actualmente, los delitos cometidos por menores de edad se tratan con una ley de la dictadura que les da a la posibilidad a los jueces de definir, de acuerdo a su solo criterio y sin control, el destino de esos jóvenes. Aunque no todos los jueces actúan del mismo modo, hay en la Argentina más de 100 menores de 16 años «inimputables» según la propia ley aunque privados de su libertad por decisión discrecional de un magistrado. El proyecto plantea que para un menor de edad, la privación de la libertad, debe ser el último recurso.

La reglamentación actual permite a los jueces a decidir lo que quieran respecto de los jóvenes: desde enviarlos a la casa sin seguimiento alguno en el territorio hasta encerrarlos en un instituto alegando razones de peligrosidad. Ese encierro no tiene control y no responde a un proceso judicial ni a una condena.

Uno de los problemas centrales de la actual legislación es que no ofrece ninguna respuesta para los menores de 16 años inimputables que cometen un delito, que en su mayoría son devueltos a su hogar sin ningún tipo de intervención estatal que evite que vuelvan a delinquir.

«Muchos jóvenes dieron señales previas. Y si las tomábamos a tiempo, podrían comenzar a tener una alternativa. Este proyecto intenta generar una desviación del camino delictivo», aseguró Bullrich.

El proyecto prohíbe explícita y absolutamente la privación de la libertad para cualquier menor de 15 años, situación que actualmente ocurre en la Argentina.

En Latinoamérica, muchos países fijaron la edad mínima de responsabilidad criminal en 14 años como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela; en 13 años Uruguay; y en 12 años Brasil, Ecuador y México.

«Acabará con la sensación de injusticia de la que todos los argentinos estamos cansados», expresó Garavano.

Estuvieron presentes en la sede de la cartera de Justicia, legisladores, jueces y los miembros de la comisión que redactó el texto, entre otros invitados.

En cuanto a la discusión parlamentaria, Bullrich resaltó que «el año electoral no es un buen argumento para no discutir el proyecto. El Congreso le dará sus matices pero esta vez no se va a frustrar». / La Nación