Hace exactamente un año, el policía Luis Iscar Chocobar disparó siete veces por la espalda a un hombre que huía tras asaltar y apuñalar a un turista estadounidense. El turista sobrevivió. El ladrón, de 18 años, murió poco después. Chocobar se convirtió entonces en protagonista de un debate nacional sobre los límites del uso de la fuerza letal por parte de la policía. Mientras el presidente Mauricio Macri recibió al agente en la Casa Rosada como un héroe, un juez lo procesó por “uso excesivo de la legítima defensa”.

El caso Chocobar dividió a los argentinos entre los que piden “mano dura” contra la delincuencia y los que se oponen a entregar un cheque en blanco para la policía. El Gobierno ratificó el lunes de qué lado está con un nuevo protocolo para el uso de armas de fuego que permite a los uniformados disparar sin dar la voz de alto ni agresión previa.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó el nuevo reglamento el 27 de noviembre, pero esperó para su difusión pública al lunes que siguió a la celebración de la cumbre del G20 en Buenos Aires. Durante el evento de presidentes, la ministra blindó la capital argentina con un despliegue de fuerzas sin precedentes. Como resultado no hubo un solo incidente. El nuevo protocolo, llamado Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego, se conoció en un clima de éxito que, sin embargo, no alcanzó para neutralizar la polémica.

El uso de armas letales es válido en “defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves” o “para impedir la comisión de un delito particularmente grave”, dice el texto. Hasta aquí no difiere demasiado del que estaba vigente. El problema surge cuando se extiende el mismo principio a “cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal” o “cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”. Sobre la voz de alto, el texto aclara que no será necesaria “cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”.

La ministra Bullrich dijo que el protocolo sólo pone negro sobre blanco en situaciones donde los policías optan por no actuar por el temor a ir presos. Y puso como ejemplo el caso Chocobar. “La sociedad va a tener claro dónde está el bien y dónde el mal”, dijo Bullrich. “Si los reglamentos de usos de las armas de fuego son como el que dimos, claros y transparentes, vamos a tener una sociedad ordenada”, agregó. El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, negó que el texto suponga una “licencia para matar” otorgada a los policías. “Es aclarar un poco la forma en la que se tienen que manejar las fuerzas de seguridad frente a un riesgo de vida. Es lo que ocurre en la gran mayoría de los países del mundo, no es algo que hemos inventado nosotros”, dijo.

La seguridad es un viejo reclamo de la sociedad Argentina, pero no es ahora el principal. La última encuesta de la consultora Isonomía destaca la preocupación ciudadana por los problemas económicos, la corrupción, la inflación y la desocupación (en ese orden). La inseguridad está en quinto lugar. Sucede que más allá del debate público, que se alimenta con casos más o menos mediáticos, la tasa de homicidio en Argentina está lejos de ser las peores de la región. Según datos del Ministerio de Seguridad difundidos en junio, 2017 cerró con una tasa de 5.2 muertes violentas cada 100.000 habitantes, la segunda más baja del continente después de Chile, con 3,5. En el otro extremo está Venezuela, con 89 homicidios cada 100.000 habitantes.

El nuevo protocolo, como era de esperar, mereció el rechazo de distintas organizaciones de Derechos Humanos. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, lo consideró “nefasto” y acusó de Bullrich de “legalizar la muerte”. La Correpi, una ONG que trabaja contra los excesos policiales, dijo que el nuevo reglamento “es un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas”.

El protocolo no es una ley sino un reglamento interno de las fuerzas de seguridad federales. Pero tendrá efectos sobre las decisiones de los jueces, que escucharán cómo los policías se amparan ahora en un concepto ampliado de “cumplimiento del deber”. “El Gobierno trata de marcarles la cancha a los jueces para las interpretaciones que puedan hacer caso por caso. Para adentro de las fuerzas es un mensaje problemático, porque dice ‘ustedes actúen como lo vienen haciendo y no tendrán problemas con la justicia”, dice el coordinador del equipo de Seguridad Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),Manuel Trufó. La legislación argentina solo permite disparar en legítima defensa —esto es si el ladrón tiene una pistola y está amenazando con usarla— o para impedir que el delincuente agreda a alguien.

Fuente:https://elpais.com/internacional/2018/12/04/argentina/1543956401_816878.html