Mendoza presentó este miércoles 17 de octubre su propuesta ante la Corte Suprema de Justicia para la solución del conflicto sobre el caudal del río Atuel.

La Provincia de Mendoza culminó el proceso iniciado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un esfuerzo y una dedicación que se sintetiza en un documento técnico donde está justificada la posición de la Provincia, con múltiples alternativas de solución que fueron presentadas a La Pampa y a las cuales siempre ese Estado provincial se negó.

Dicha solución permite que sea llevada adelante sin producir daño a los regantes de la cuenca del río y, para ello, se ha previsto el desarrollo de un plan de obras que consiste -en una primera instancia- en la ejecución de 35 perforaciones y el revestimiento del tramo del Atuel entre Carmensa y Chuqero.

Asimismo, se prevén posteriormente una serie de obras de mejora en la eficiencia del riego en la cuenca del Atuel. Lo más relevante es que si Mendoza es considerada en la solución de la Corte, existen dos cuestiones fundamentales: la primera de ellas es que junto con la Nación se ha coincidido en algunos puntos, lo que permitiría acreditar el consenso que finalmente se consiguió. En segundo lugar, el financiamiento fue comprometido por el Estado nacional para la ejecución de las obras, lo cual va a implicar una modernización del río Atuel y va a evitar que se interrumpa el escurrimiento en verano.

Es relevante el trabajo técnico y científico llevado adelante por los representantes de Mendoza para encontrar y ofrecer una solución al conflicto del río Atuel. Lamentablemente, La Pampa, a lo largo de las reuniones realizadas, lejos de intentar un acuerdo,  aumentó sus pretensiones, las que perjudicaban a Mendoza.

El ministro Lisando Nieri destacó: “Mendoza trabajó con un equipo interdisciplinario en el que participaron más de 30 personas que llevaron adelante el desafío de no sólo realizar un diagnóstico de la situación del río Atuel sino de encontrar una alternativa viable, económicamente razonable y factible de ser ejecutada en el tiempo”.

Según lo sucedido en la reunión del miércoles 10 pasado, la Provincia de Mendoza estuvo presente en la reunión del Grupo de Trabajo y Comité Ejecutivo de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI), donde la Nación presentó su propuesta para la solución del conflicto del río Atuel. Cabe recordar que la presentación coincidió con la posición de la provincia de Mendoza, respecto de que el caudal inicial propuesto debía realizarse a partir de la ejecución de obras e inversiones, el cual si bien difiere en su número (Mendoza propuso 1,3 m3/s y la Nación 2,2 m3/s), es coincidente con la propuesta mendocina de que no habrá posibilidad de escorrentías sin obras. Para dichas obras, Nación manifestó disponer de un financiamiento inmediato de $700 millones de pesos, ampliable en caso que se requiera.

Se debe mencionar que la propuesta efectuada garantiza que los habitantes de Mendoza no sufrirán ningún perjuicio y que, a través de un plan de obras detallado y cuantificado, se logrará recomponer el Noroeste pampeano y mitigar el impacto del cambio climático que agrava la escasez de agua y el déficit de riego en Mendoza.

Propuesta de la Nación

Durante el último encuentro de la CIAI, en Buenos Aires, antes del vencimiento del plazo otorgado por la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica (SIPH) presentó una propuesta con el fin de destrabar el conflicto entre Mendoza y La Pampa por el caudal del río.

En referencia a la determinación del caudal, se pretende arribar con “intervenciones inmediatas” a un valor inicial de 2,2 metros cúbicos por segundo. Mendoza había propuesto un mínimo de 1,3 m³/s y La Pampa exigía un caudal mínimo de 4,5 m³/s. El valor mínimo de referencia al que apunta la Nación es de 3,2 m³/s.

La Nación, a través de la Secretaría  de Infraestructura y Política Hídrica (SIPH), entregará un monto de 700 millones de pesos como contraparte nacional, asumiendo una proporción tope del 70% para implementar las obras consensuadas. Este dinero saldrá del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.

En el caso del sostenimiento de los caudales, proponen una batería de pozos (agua subterránea) y obras de captación de agua de lluvia (agua meteórica), encauces e impermeabilizaciones, y mejora en la capacidad de regulación.

La Nación propuso medidas estructurales para sostener los caudales acordados por las jurisdicciones y para eso categoriza las obras en primera, segunda y tercera generación, según el nivel de importancia e impacto.

Respecto de medidas no estructurales, se prevé la Conformación de la Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel (CIRA) con participación del Estado Nacional, la creación de un Consejo Consultivo, la creación de un Grupo de Trabajo para hacer un seguimiento de las inversiones y un grupo de Evaluación de Eficiencia de Riego para la implementación de medidas de innovación tecnológica.