Un freno a la rebaja de las retenciones a la soja y la demora de la aplicación de parte de la reforma tributaria aprobada el año pasado fueron dos de varias medidas en un amplio menú de opciones que el Gobierno debatió entre mayo y junio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como camino para lograr una convergencia acelerada hacia el equilibrio fiscal. Todo en el marco del acuerdo stand-byal país por US$50.000 millones.

Las opciones propuestas por la misión argentina aparecen en un informe que el staff del Fondo preparó para presentarle al board ejecutivo del organismo y que sus autoridades publicaron ayer.

Fuentes del Ministerio de Hacienda y Finanzas ratificaron a LA NACION que no se frenará la rebaja de retenciones, tal como prometió el presidente Mauricio Macri al campo. Por otro lado, subrayaron que, en su proyecto de presupuesto 2019 , apostarán por una baja del gasto y no por una mejora de los ingresos a través de nuevos impuestos o la postergación de una reducción de la carga fiscal al sector privado.

«El Gobierno fue muy optimista en decir que van a conseguir cumplir con las metas sin la necesidad de posponer la reducción de los impuestos», dijeron ayer desde el FMI. «En nuestro informe vemos que tal vez esto sea necesario, pero nosotros nos basamos en los pronósticos más negativos del crecimiento del ingreso», agregaron.

Una de las ideas que se puso sobre la mesa es demorar hasta 2020 la implementación de algunas disposiciones de la reforma tributaria, entre ellas, la reducción de cargas laborales para los empleadores y la posibilidad de deducir el impuesto al cheque del impuesto a las ganancias. Ayer, el Gobierno también descartó esta posibilidad. «Nuestro plan A es converger por el lado del gasto», repitieron, pero aclararon que el proyecto de presupuesto 2019 deberá pasar por negociaciones políticas, un consenso y luego por una discusión en el Congreso.

«Construimos el programa en base a estas medidas, pero claramente las autoridades argentinas van a esperar a ver la evolución de las cuentas públicas, y en ese sentido están confiados en que van a poder alcanzar la meta fiscal sin implementar algunas de estas medidas», confiaron desde el FMI.

Otra iniciativa tuvo que ver con la idea de reducir aún más los «subsidios ineficientes a la energía y el transporte». Sin embargo, la llegada de Javier Iguacel fue interpretada de manera contraria por el mercado energético. Por otro lado, el Gobierno negocia con la Ciudad de Buenos Aires y con la provincia las transferencias de las empresas de servicios públicos de energía y agua a María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larretatras un pedido de los gobernadores peronistas. La intención es que las dos espadas del Pro paguen los costos políticos de la política tarifaria oficial, ya que las distribuidoras eléctricas no reciben subsidios desde el año pasado (sí Cammesa). En tanto, la operación de AySA se paga con las actuales tarifas. Las obras de aguas y cloacas, en tanto, tienen un presupuesto anual de $15.000 millones que financia el Ministerio del Interior.

El gran debate será con los subsidios al transporte, trenes y colectivos. El Consenso Fiscal aprobado en 2017 acordó el traspaso gradual (en tres años) de los subsidios nacionales por este rubro, que llegan anualmente a los $100.000 millones. Gran parte corresponden al área metropolitana. El Gobierno buscará acelerar esa convergencia y que esos subsidios sean admitidos antes de lo acordado por los gobiernos provinciales.

En la relación con las provincias está el principal foco de recortes al que apunta el Gobierno. Entre el presupuesto de este año y el que viene esperan ajustar $300.000 millones. La mitad, dicen en el Gobierno, la debería aportar los gobernadores. Entre las propuestas debatidas con el FMI aparecen la reducción de un 1,2% del PBI en 2019 de las transferencias a las provincias para «asegurar recortes en gastos provinciales en bienes, servicios y salarios», y un recorte del 0,6% del PBI en gastos de capital (obras).

Algunas de las opciones del menú barajado con el Fondo ya fueron anunciadas, como la racionalización del gasto público (15% en términos reales), el recorte del 15% de las transferencias a empresas públicas, la venta de tierras e inmuebles, la baja de los contratos en el Estado y el congelamiento de las contrataciones, o el límite a los aumentos salariales públicos al 8% entre junio de este año y junio del que viene, que se traduce en el acuerdo promedio, dijeron en Hacienda, del convenio cerrado con UPCN. La difusión antecede la visita a la Argentina, la próxima semana, de la directora del FMI,Christine Lagarde , que viene por la reunión del G-20 .

Las medidas que se pusieron sobre la mesa

Retenciones

Mantener «la tasa promedio de impuestos a la exportación de productos de soja» en 25,5%

Reforma tributaria

Demorar hasta 2020 la implementación de algunas disposiciones establecidas en la reforma tributaria (la reducción de cargas laborales para los empleadores y la posibilidad de deducir impuesto al cheque del impuesto a las Ganancias)

Subsidios

Reducir aún más los «subsidios ineficientes a la energía y el transporte».

Gasto público

Racionalizar el gasto público en bienes y servicios, con una baja del 15% en términos reales y continuando en 2019.

Empleo estatal

Recortar el gasto en salarios en el Estado mediante un recorte de «empleados no prioritarios» en 2018 y congelar las contrataciones en el sector público en 2019 y 2020, excluyendo a las universidades.

Salarios públicos

Limitar la suba nominal de los salarios del sector público (incluyendo pagos no remunerativos) al 8% entre junio de 2018 y junio de 2019.

Empresas del Estado

Recortar las transferencias a empresas del estado un 15% en 2019, y realizar esfuerzos para fortalecer su posición financiera.

Provincias

Reducir las transferencias a las provincias un 1,2% del PBI en 2019, y asegurar que esa reducción se complete con recortes en los gastos provinciales en bienes, servicios y salarios. De esta manera, se impulsa que la reducción del déficit fiscal se refuerce a nivel provincial.

Obra pública

Recortar un 0,6% del PBI el gasto en capital, a la espera de que los proyectos en la modalidad PPP (participación público privado) permita mantener el nivel de actividad en la obra pública.

Inmuebles

Vender tierras e inmuebles públicos y amortizar los activos en fondos de pensión (el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES) para financiar parcialmente el gasto público en antiguos litigios judiciales por jubilaciones.

Política monetaria

Fortalecer el marco de política monetaria y la independencia del Banco Central a través de una nueva carta orgánica, que se presentará en el Congreso a fines de marzo de 2019

Reservas

Aclarar el estado legal de las reservas de divisas oficiales del BCRA, que solo deberían servir para implementar políticas cambiarias y monetarias

Financiamiento

Prohibir todo financiamiento nuevo, directo o indirecto del BCRA al Tesoro