A propuesta del senador cordobés Ernesto Martínez, el Senado decidió hoy postergar hasta dentro de dos semanas la decisión sobre el proyecto de extinción de dominio de bienes obtenidos gracias a maniobras de corrupción. El objetivo es negociar un dictamen único y no llevar al recinto tres propuestas diferentes.

Tras una polémica en que el peronismo fue acusado por Cambiemos de cajonear la iniciativa, orientada a quitarles a los corruptos los bienes adquiridos mediante maniobras ilícitas, el debate sobre esta iniciativa se retomó este mediodía en el plenario de las comisiones de Justicia y Seguridad del Senado.

Pero la reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 7 de agosto. Hasta entonces, los senadores de las tres principales bancadas, Cambiemos, el PJ y el Frente para la Victoria, buscarán un dictamen unificado y superador, según lo acordaron.

En palabras de Martínez, el objetivo es que el Senado pueda sancionar un proyecto con al menos los dos tercios de los votos, para obligar a Diputados a reunir esa misma mayoría para insistir en el texto original, al que tildó de «disparate» y «mamarracho».

«No me asusta que dos señoras gordas manejen la política argentina y la agenda del Senado como elenco estable de algunos periodistas que le dan presencia permanente. Esto es inaceptable. El troll se entretiene de ese modo. A ese nivel de liviandad, no sabiendo nada de nada, mucho menos de derecho penal, el Senado no lo puede aceptar», afirmó el senador cordobés de Cambiemos.

Aludía a las manifestantes que en la puerta del Senado exigían la sanción de la ley, que en 2016 fue aprobada en Diputados a instancias de Cambiemos y el massismo. En el Senado el proyecto fue calificado de inconstitucional y violatorio de garantías y del debido proceso.

En 2016, el Senado le había dado dictamen con cambios a la media sanción de Diputados, pero no lo votó en el recinto. Entonces, el dictamen perdió estado parlamentario. Ahora buscarán consensuar uno de entre los tres que están presentados, el de Federico Pinedo (Cambiemos), el de Miguel Pichetto (PJ) y el de Anabel Fernández Sagasti (Frente para la Victoria).

«Hay que darle a esta norma un cierto procedimiento y garantías de carácter constitucional para llevar adelante efectivamente la extinción de dominio de acciones que han cometido delincuentes que se han quedado con plata, que han adquirido bienes malhabidos. Indudablemente nadie está aquí amparando delincuetes ni colocándolos en un plano de impunidad. Lo digo porque este es el relato de las redes, que a mí no me quitan el sueño, pero que forman parte de una operación política destinada a distraer, son vendettas de otro tema que discutimos en el Senado, acciones de grupos provida», aseveró Pichetto en su intervención en alusión al robo de su cuenta de Twitter y su postura a favor del aborto legal.

La principal diferencia entre el proyecto de Cambiemos y el del PJ es que el oficialismo quiere una acción rápida de la Justicia civil que disponga la extinción de dominio de los bienes malhabidos, mientras que el peronismo propone esperar una sentencia del juez penal sin la cual en el fuero civil no se podrá disponer la extinción de dominio.

«Estamos muy cerca, los tres proyectos son factibles de acordar», dijo el justicialista chubutense Mario Pais y señaló que «la demagogia punitiva siempre está a la orden del día», por lo que valoró la apertura de un período de negociación de un proyecto unificado.