El cambio obedeció a las dudas legales que se abrieron con el mecanismo originalmente previsto (por las dificultades para valuar esos activos que el BCRA tiene anotados al 100%, aunque no tienen cotización de mercado), pero le permite honrar la obligación para avanzar en la reducción «de la exposición crediticia del BCRA al Gobierno».

Los adelantos transitorios son préstamos de corto plazo (por hasta un máximo de 1 año) que los bancos centrales están facultados a dar a los gobiernos para cubrir posibles «baches de liquidez» por aumentos circunstanciales en el gasto o caídas en sus ingresos. En el caso argentino, se abusó de ese recurso de financiamiento -que apunta a ser preventivo-, que creció 4400% de 2003 a 2015 y que la administración Macri preveía cancelar mucho más gradualmente, hasta que la corrida lo obligó a sepultar esos planes.

El objetivo del proceso es devolverle al BCRA poder genuino de compra para avanzar en la cancelación progresiva de la «bola» de Lebac en manos del sector privado no financiero. El plan busca que, para septiembre de 2019, prácticamente no queden tenedores que no sean bancos.

Del lado de los riesgos, cita que, si bien la deuda pública consolidada Tesoro+BCRA no cambia, el traspaso «agrega una carga adicional sobre las cuentas fiscales, generando un aumento de la factura de intereses, ya que se cambia deuda barata (los adelantos no pagan interés) por otra con costo, y cuando el financiamiento para el fisco es caro», apunta.

«Sin embargo -observa Hirsch-, los adelantos por vencer hasta fin de septiembre suman algo menos de $35.000 millones, con lo que ya tienen caja para afrontarlos, según el monto que habían anunciado (y es probable que avancen en precancelar otros vencimientos); pero no lo suficiente como para cumplir con el objetivo de la pauta trimestral».

La agenda de vencimientos para la última parte del año es más cargada: llega a $213.850 millones, pero, según lo pactado con el FMI, solo el 36% debería ser cancelada para no generar una causal de waiver.