El director general de Escuelas, Jaime Correas, junto al director de Asuntos Jurídicos, Francisco Fernández; y Mariana Silvestri, defensora general del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, brindaron detalles sobre la reglamentación de la ley 9054 del Defensor del Docente en conferencia de prensa realizada este lunes en la Casa de Gobierno.

Los funcionarios explicaron a la prensa cómo se procederá ante situaciones emergentes en las escuelas de todos los niveles y modalidades que puedan llegar a sufrir.

El director general de Escuelas, Jaime Correas, destacó el trabajo en conjunto que se realizó el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial para elaborar esta reglamentación. “Todos juntos logramos que lo que es una ley ya esté de manera operativa en todas las escuelas de la provincia”, sostuvo Correas.

La defensora general del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, Mariana Silvestri, dijo que con esta reglamentación se protegerán a los docentes cuando realicen denuncias que pongan en riesgo a los trabajadores de la educación.

“Ahora quienes van a ocupar el lugar de denunciantes son los asesores de personas de menores incapaces que son los titulares de resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los docentes podrán hacer un acta sobre la situación vulnerable que detecten y podrán enviarla por un correo electrónico que se habilitará por departamento”, explicó Silvestri. “El Poder Ejecutivo trabajó articuladamente con el Poder Judicial para proteger a los docentes que detecten casos de violencia y abusos sobre un menor”, concluyó la funcionaria.

Por su parte, Francisco Fernández destacó el trabajo que se está realizando, tanto de prevención como de afectación, cuando se toma conocimiento sobre casos de alta vulnerabilidad sobre algún estudiante. “También en esta ley se reglamenta la figura del defensor del Docente. Aquellos que sufran una situación violenta dentro del establecimiento educativo, deberán comunicar el hecho a la dirección de Asuntos Jurídicos al 449-2750. Con sólo poner en conocimiento a algún abogado de la dirección de Asuntos Jurídicos de la DGE, este tendrá intervención directa para proteger los derechos de los docentes que fueron vulnerados”, explicó Fernández.