El oficialismo está dispuesto a estirar todo lo posible el arco de compromisos con la oposición. Eso explica el proyecto que estudia de cederle al peronismo no cristinista la presidencia de una de las comisiones clave del Congreso. 

Es la que creó la ley de Participación Pública-Privada (PPP) para controlar los contratos que se firmen para hacer obras con ese formato. El Gobierno considera que ese ingenio legal, sugerido por los organismos de crédito y las calificadoras como una clave para precipitar una catarata de inversiones, prevé contratos por US$97.000 millones para los próximos tres años. El primer tramo de compromisos es en torno a un Plan Vial Federal cuya primera etapa, que cubre hasta 2019, está calculada en US$12.000 millones. Esos contratos están en curso de licitación, habilitados incluso al amparo del polémico DNU de desregulación que firmó Mauricio Macri en enero pasado, y que desde la semana que viene será tratado en tres proyectos distintos que ya están en el Congreso. El DNU se firmó para acelerar las licitaciones sin esperar el lento trámite de una ley, y su sola existencia genera ya derechos para quienes se amparen en las cláusulas que acortan los plazos del trámite. La Cámara de Diputados ya designó en diciembre a los siete integrantes de esa Bicameral, que se creó en la segunda revisión por el Senado. Son Miguel Bazze y Luis Borsani (UCR), Yanina Gayol y Juan Carlos Villalonga (Pro) Diego Bossio (bloque Justicialista), Adrián Grana y Silvina Frana (Frente para la Victoria). El Senado tiene que designar en estas horas a los otros integrantes.

Señal a los gobernadores, que temen favoritismo

Aunque el oficialismo no resignará el control del número en esa Bicameral, la intención es tender una señal amistosa hacia el peronismo de los gobernadores, que en el Congreso expresan los bloques Justicialistas, que presiden Miguel Pichetto y Pablo Kosiner. Darle a la oposición la presidencia de esa comisión a los peronistas no K es además una señal de cohabitación poco frecuente en la Argentina, y a la que los gobiernos acceden sólo cuando es imprescindible un resultado eficaz. Lo usó Cristina de Kirchner en 2012 cuando integró la comisión redactora de un nuevo código penal, y le dio la mayoría a la oposición, aunque reservó la presidencia para un hombre propio como Raúl Zaffaroni. Ahora se trata de que un legislador de la oposición – que la comisión elegirá entre los peronistas de los bloques K de las dos Cámaras – controle las licitaciones, reprima derrames fuera de lugar y cauterice las peleas que suelen producirse cuando un político ve que otro maneja plata. Como los dos bloques justicialistas expresan al club de los gobernadores, éstos tendrán una herramienta para limitar el favoritismo que temen por parte de la Nación, en la selección de las obras que se incluirán en el programa PPP, que ahora agrega otra “P”, la de Peronismo. Hay arbitraje de nombres entre los hombres del peronismo de los gobernadores, pero hasta que no se sumen los senadores a esa nueva bicameral es prematuro hacer apuestas. El que ocupe ese cargo, administrará una de las comisiones más importantes del Congreso.

El peronismo quiere controlar también el endeudamiento

Este acercamiento a la oposición busca ampliar la base electoral, reconstruyendo el espacio que significó en su momento el frente Renovador y el fenómeno de Sergio Massa, factor clave del resultado electoral de 2015 que hizo presidente a Macri. El peronismo no K ha integrado un equipo de trabajo con los economistas de las dos Cámaras, que trabajaron antes en el debate del presupuesto (Osvaldo Giordano (por Córdoba), Ernesto Franco (por La Pampa), Guillermo Michel (asesor de Miguel Pichetto), Carlos Fernández (asesora a José Alperovich), Germán Cervantes (peón de Diego Bossio) y Pablo Paladino (lo pone Marco Lavagna por el massismo) con el asesoramiento de un veterano como Eduardo Setti. Este grupo ya tiene un documento para reclamarle al Gobierno un cambio de rumbo económico, aunque con menos énfasis que el que le llevó la CGT a José Luis Gioja antes de las elecciones de 2017. El documento precede al armado de una agenda legislativa propia de la oposición peronista, que pone a la cabeza de todo la sanción de una nueva ley de responsabilidad fiscal, que limite los niveles de endeudamiento de la Nación. Releen documentos de la comunidad europea, los mismos que les envían de la OCDE al Gobierno, para encontrar la fórmula para revisar el endeudamiento. Si se suma la cuarta P a los proyectos PPP, esa voluntad de limitar el endeudamiento puede aliviarse.

Debuta un nuevo superpoder: la Oficina de Presupuesto del Congreso

La ampliación de la base de acuerdos se registra en niveles menos visibles, pero importantes. El martes próximo el director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Marcos Makón, hará su debut en uno de los puestos más importantes que tendrá la burocracia del Estado. Esta oficina se creó el año pasado y después de un concurso nacional, fueron seleccionados Makón, que fue ministro y vicejefe de Gabinete en el gobierno de Fernando de la Rúa, el ex ministro de Hacienda de Jorge Obeid y ex diputado nacional por Santa Fe Walter Agosto, Carlos Guberman (ex director en Interior con Rogelio Frigerio) y Mariano Ortiz Villafañe (ex FMI). Makón tendrá el rango de secretario de Cámara y los demás, de subsecretarios. Su función será revisar y aprobar todos los proyectos que tengan afectación de fondos públicos que pasen por el Congreso, pero antes de que los traten los legisladores. Un filtro profesional, que le dará a la Oficina un poder paralelo al de un ministro. Esta oficina fue creada según un proyecto de los padres fundadores del Senado contemporáneo, Raúl Baglini y Oscar Lamberto. Para asegurar que no habrá cornadas, la comisión de vigilancia de las tareas de Makón está integrada por Esteban Bullrich como presidente y Diego Bossio, también del peronismo de los gobernadores. Makón este martes presentará reglamentos, planes y demandas para que su oficina empiece a trabajar cuanto antes.

Una cohabitación necesaria para facilitar la reelección de Macri

El Gobierno cree que le conviene blindar la cohabitación con este peronismo porque es el único territorio para intentar una alianza, aunque fuera objetiva, para facilitar una reelección de Macri el año que viene sin el riesgo de un ballotage. Por su parte, el plan del Instituto Patria es que en la primera vuelta del año que viene haya muchas candidaturas peronistas para impedir que el macrismo tome rehenes en las distintas tribus. Con eso piensan recortar el voto a Cambiemos para que esté por debajo del 35% y precipitar un ballotage. En una segunda vuelta, todos los peronistas se unirían detrás del compañero que entrase al ballotage. Con ese ánimo juntó Gioja el miércoles a la noche – horas antes de la reapertura legislativa – a todo el bloque cristinista de Diputados para un asado en la sede del PJ de la calle Matheu. Para no dividir, no hubo discursos ni brindis, sólo mollejas y otras delicias de parrilla. El Gobierno cree que, para que el plan funcione, debe alimentar la fidelización del peronismo no cristinista. Hoy creen en Olivos que Sergio Massa es irrecuperable, aunque saben que la captura de sus dirigentes y de sus espacios está en los papeles de todos los peronismos. Tampoco los gobernadores le quieren dar el rol de bisagra de desempate, algo que busca Massa para recomponer el sueño que sepultó la última elección, que lo mandó a su casa.

Apuros para que empresas aporten a campañas con borrón y cuenta nueva

Estos arreglos son menos conmovedores que las prisas de los apoderados de los partidos que se agolparon en la semana para cogotear en el seminario que organizó Frigerio en Interior, para escuchar opiniones sobre una nueva ley de financiamiento de las campañas que autorice aportes de empresas y sindicatos, como en Estados Unidos. Tienen una urgencia supina, porque ni Cambiemos ni el peronismo tienen aprobadas sus cuentas de la campaña presidencial de 2015. El oficialismo, porque pagó gastos de campaña con dinero del Pro aportado por empresas, saltándose restricciones que han sido observadas por auditores de la Cámara Nacional Electoral. El peronismo, porque financió con aportes de personas, pero cuyos nombres, que los auditores cruzaron con las bases de la Afip, no tendrían capacidad económica para financiar a nadie. Por eso es urgente una nueva ley, cualquiera que sea, que siempre tendrá una cláusula transitoria de olvido de los pecadillos del pasado. El aporte más jugoso lo aportó el experto Daniel Zovatto, quien recordó que Chile y Brasil prohíben los aportes de empresas a las campañas. Bromeó, además, sobre los esfuerzos en cambiar las leyes, cuando la región tiene un completo tratado sobre financiamiento de la política, cuyo autor es Marcelo Odebrecht, el empresario que se convirtió en una regadera de coimas por todo el mundo. Y que ahora se arrepintió.

Fuente:https://www.clarin.com/economia/oficialismo-daria-peronismo-comision-clave_0_Bk2-ZbwuM.html