Se anunció la cancelación de la deuda del ítem zona y otros reclamos judiciales y administrativos por parte de los empleados públicos. Después de años de instancias administrativas y procesales, hoy, por eficiencia presupuestaria, se está en condiciones de pagar.

El Gobierno de Mendoza decidió poner fin a las viejas deudas que mantenía con el empleado público: se cancelará el capital adeudado más los intereses del Ítem Zona Inhóspita que corresponde a los docentes y otras obligaciones de pago para con el personal de la Administración Central y de organismos descentralizados.

El anuncio lo hizo este mediodía el Gobernador Alfredo Cornejo acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri; el director general de Escuelas, Jaime Correas; la jefa de Gabinete de Hacienda, Andrea Molina; y el director de Administración de la DGE, Gabriel Sciola.

El mandatario provincial manifestó que el objetivo del pago de deudas es “limpiar la relación del Estado provincial con el empleado público”. Resaltó que “salvo dos juicios, que han iniciado AMPROS y los funcionarios judiciales, sobre el tope salarial que impone la ley de sueldos, ya no quedan conflictos judiciales entre empleados públicos y el Estado”.

El Gobierno tomó la decisión de pagar la deuda que se mantenía con más de 16 mil docentes y que oscila aproximadamente en 700 millones de pesos. Esta fue generada por la irresponsabilidad de gestiones anteriores que durante el período 2008/2015 hicieron reconocimientos masivos que no contaron con previsiones presupuestarias correspondientes.

Eso derivó en una gran cantidad de reclamos administrativos y judiciales. Ante esa ausencia del Estado que venía sin dar respuesta a los requerimientos de los docentes, la actual gestión decidió darle una solución. Se va a pagar con economías y ahorros que se han generado por eficiencia presupuestaria.

Dentro de los 16 mil docentes la situación es dispar entre ellos. Por un lado, aproximadamente 9 mil están en proceso judicial. Una vez que la Justicia de conformidad a cada una de esas liquidaciones (se estima que dentro de un mes) se empezará a realizar el pago.

Los 7 mil restantes deberán ingresar a un sistema informático habilitado por la Dirección General de Escuelas (DGE) en donde cada docente deberá ingresar su CUIL para constatar su liquidación. Una vez corroborado el monto puede prestar conformidad imprimiendo el acuerdo de pago y firmándolo ante la presencia del directivo, por supuesto que desistiendo de reclamos judiciales posteriores. Pasado este trámite, se juntarán lotes de conformidades para ir sacando pagos por suplementaria.

El Gobernador detalló que desde hacía más de 2 años la Justicia había dictaminado que los docentes debían cobrar el ítem: “a fines del año pasado nos propusimos cambiar la forma de administración. Por ello decidimos dejar en cero la deuda que se mantenía con los docentes”.

De esta manera explicó que “vamos a implementar un sistema que va a estar operativo a partir del viernes, con el fin de cancelar cuanto antes la deuda por el ítem”. Se trata de la primera etapa del pago de la deuda. Así, Cornejo sostuvo que el ítem no sólo se le pagará “al que ha hecho juicio sino que también se le otorgará al que no lo hizo pero que igualmente le corresponde”.

La Ley 9031 establece también la recategorización de todas las escuelas de la provincia con un criterio moderno a estos tiempos. Implica un desembolso de $400 millones anuales.

Por su parte, también se anunció el pago de una antigua deuda que alguna proviene de la década del ´90 que se tiene con el resto de los estatales –excepto docentes- por distintos ítems mal liquidados y que fueron motivo de reclamo administrativo o judicial. Se trata de unos $500 millones que corresponden, en su mayoría, a trabajadores judiciales, de la salud y policías.

Los reclamos corresponden, entre otros ítems, a presentimos, vacaciones no gozadas, indemnizaciones por invalidez, gastos de sepelio, subrogancias o haberes mal liquidados. Se estima que son más de 4 mil empleados públicos los que entrarán en la liquidación correspondiente a la Ley 9012, de los cuales 2.338 ya están en condiciones de cobrar el próximo viernes.