Macri relanza reforma laboral. Comienza por blanqueo generoso

Jorge Triaca, Miguel Angel Pichetto y Hugo Moyano

El Gobierno no perderá tiempo y avanzará a días de reiniciadas las sesiones ordinarias del Congreso Nacional el próximo jueves, con la reforma estructural más importante que tiene en carpeta para el 2018: la laboral. Luego del mensaje del Presidente del próximo jueves, donde dará un adelanto de las intenciones del Gobierno de avanzar en esta asignatura pendiente, al menos para el macrismo. La visión oficial es que la reforma ya estaba a punto de ser aprobada en las sesiones extraordinarias y que la mala hora generada por el conflicto de la reforma previsional hizo archivar el proyecto; que, además, ya tenía consenso en la CGT oficial. Mauricio Macri en la cumbre de Chapadmalal de hace 10 días fue el que insistió en que esta reforma no podía demorarse mucho más que el primer semestre, y liberaba a sus negociadores parlamentarios a dividir el tratamiento en diferentes proyectos para que su aprobación no sea tan conflictiva. Y como gesto de buena voluntad hacia el sindicalismo criollo, se aceptaba que el primer proyecto a ser impulsado a nivel legislativo sea el blanqueo de deudas laborales y previsionales.

Para más adelante quedarán las normas de liberalización de la movilidad laboral, los nuevos contratos de los trabajadores, las pasantías, las capacitaciones, los nuevos calculos indemnizatorios y las medidas más conflictivas que estaban incluidas en el proyecto original presentado en sociedad en diciembre del 2017. No es que este contenido haya sido congelado. El macrismo quiere que se conviertan en realidad legal antes que termine el año. Lo que se buscará es que el clima legislativo mejore luego de aprobar el blanqueo, para luego tratar el resto del menú de reformas laborales que incluía el megaproyecto original; y que en su momento el ministro de Trabajo Jorge Triaca había negociado con Rodolfo Daer.

El macrismo está convencido que, no sin esfuerzo, podrá avanzar durante el año con todo el combo. Los diálogos entre los ministros y funcionarios varios con contactos directos con el sindicalismo están hoy firmes y habiendo superado la tormenta generada por la, para el Gobierno, fallida marcha de la semana pasada de Hugo Moyano. La convicción gremial que no existe en carpeta ninguna idea para modificar el status quo en los flujos de aportes a las obras sociales sindicales (lease, el cheque a la caja llega en tiempo y forma de manera directa sin la intervención de ninguna oficina burocrática), resulta la mejor arma negociadora hoy por hoy para poder mantener el diálogo entre el Ejecutivo y el sindicalismo.

Lo que debe negociar entonces el gobierno, es el voto no negativo en el Congreso de algunos legisladores del justicialismo para que las leyes puedan hacerse realidad. Ve el macrismo que un gesto de buena voluntad es empezar por la medida más esperada por los grandes gremios del mapa local: el blanqueo. Para las conducciones sindicales la posibilidad de incorporar a las arcas de las cajas de las obras sociales los aportes de los 4 millones de argentinos que trabajan en parte o todo en negro; es un capítulo imposible de rechazar. La idea es que el proyecto sea lo más amplio posible, y con la especificación de un perdón o moratoria para las deudas previsionales. Esto es, con generosidad amplia: sin multas ni punitorios.

Si el Gobierno logra que el blanqueo se apruebe, buscará la promesa de avanzar con los otros capítulos del megaproyecto oficial. Esto incluye las más polémicas iniciativas de modificar y flexibilizar las condiciones de capacitaciones y pasantías para las empresas de todo tamaño. También la creación de una Agencia de Salud que apunta a reducir los costos de los accidentes de trabajo y las contrataciones de seguros laborales; además del debate sobre el «principio de irrenunciabilidad» por el cual no se pueden modificar las condiciones laborales, aunque haya aceptación por parte del empleado.

Para último turno del cronograma quedará la discusión que el Gobierno quiere plantear sobre las normas de indemnizaciones, y que incluye la creación de un «fondo» al que aportarían los trabajadores mensualmente como parte de su sueldo; dinero que luego se utilizaría para las retribuciones por despidos. Para tener idea del debate legislativo que se viene, el oficialismo busca sostener en el proyecto a debatir en el Congreso la eliminación del cálculo indemnizatorio del aguinaldo, los pagos por horas extras, comisiones, premios, compensaciones por gastos «y todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual» según la letra oficial.