La ley Antiterrorista Argentina fue sancionada en el año 2007 y reformada en el 2011 y aún así, 7 años después de su modificación por el kirchnerismo, no está exenta de polémica. Los cambios se dieron debido a la presión del GAFI (Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales) un organismo inter-gubernamental integrada por 36 miembros plenos, entre los que se destacan Argentina, Alemania, Brasil y Estados Unidos, cuya función es generar políticas que impidan el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este, recomendó que se incluyera el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la ley

En su reforma se agregó al Código Penal el artículo 41 quinquies, el cual eleva los cargos en el caso de que “alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”

Otra modificación es la sustitución del Artículo 6° por el 4°, que establece que La Unidad de Información Financiera que «será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de la información a los efectos de prevenir e impedir: 1- El delito de lavado de activos y 2-La financiación del terrorismo”

Pero ¿Por qué debería reformarse? Porque a pesar de que el ejecutivo agregó, debido a las críticas, el siguiente párrafo al artículo 41 quinquies “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”, sigue siendo extremadamente cuestionable. Esto es porque, en primer lugar, tiene algunas semejanzas a la ley Antiterrorista establecida en Chile durante la dictadura de Pinochet y a la de otras dictaduras, cuya definición de terrorismo le permite incluir en esta a los pueblos originarios. Otro problema es que, debido a la falta de una definición específica, se dejan a libre interpretación del juez los Actos Terroristas o Actos extorsivos a las Autoridades.

Además, se advierte el grave error de un desequilibrio de las penas, es decir, la reforma apuntó a que se duplican las condenas por actos terroristas pero un delito con lesiones leves de este tipo, podría tener penas mayores que delitos más graves.

También, la definición es tan amplia que podría aplicarse a huelgas o protestas, como sucedió en 2012 en Catamarca con la represión por parte de la policía a manifestantes en contra de las explotaciones mineras. Por otra parte, la ley fue ideada por el kirchnerismo con el fin de controlar a la oposición por lo que podría utilizarse para reforzar el papel del gobierno presente y debilitar a los opositores.

Ante todo esto, se detecta que es una ley extremadamente antidemocrática y con errores teóricos de toda clase, por lo que es de vital importancia que esta sea modificada en perspectivas de lo que debería ser su verdadero fin, proteger a la población, y no de aterrorizarla y aumentar el poder gubernamental.