Una amplia discusión se ha abierto luego del suceso acontecido el pasado 8 de diciembre, en La Boca. Y mientras la opinión pública se divide entre quienes definen a Luis Chocobar como un héroe y quienes lo definen como un asesino, el apoyo y accionar del Poder Ejecutivo en una causa de competencia judicial, demuestran –una vez más- la falla institucional argentina.

En primer lugar, es fundamental aceptar que el oficial sí cometió un crimen. A pesar de sus buenas intenciones, de hacer su trabajo y cumplir con su deber, no debió jalar el gatillo acorde a sus principios y valores, sino respetando la legislación y los protocolos que cualquier efectivo de seguridad debiera tener en cuenta a la hora de proceder. En segundo lugar, es importante entender que la Justicia, que procesó a Chocobar por un exceso en el cumplimiento del deber, declarando su accionar como un homicidio agravado, estaba respetando y respondiendo a la Constitución y a las leyes que de ella derivan.

Sin embargo, el presidente y su gabinete decidieron inclinarse por la defensa del policía procesado, alegando que “el agente actuó en cumplimiento de su deber policial”, según palabras de la Ministro de Seguridad. “Nosotros vamos a cuidar a los que nos cuiden. Chocobar actuó como policía frente a una situación en la que había una persona agredida. Persiguió al delincuente para impedir que agreda o mate a otros”, declaró Bullrich. Por su parte Mauricio Macri, quien recibió al uniformado en la Casa Rosada, le dijo que estaba “orgulloso de que haya un policía al servicio de los ciudadanos”.

Tales afirmaciones, por más nobles que parezcan, evidencian la intromisión del Poder Ejecutivo en una causa judicial, corrompiendo así el principio republicano de la separación de poderes. Quizás con el objetivo de restablecer su autoridad, o con la idea de fortalecer el liderazgo de un gobierno que ha ido perdiendo su popularidad, el Ejecutivo Nacional buscó apoyar a las fuerzas de seguridad. Pero hacerlo a cuestas de las leyes establecidas, nos da una muy clara pauta de que siguen sirviéndonos funcionarios que en su intento de hacer las cosas bien, continúan derogando las normas y pasando por encima de las instituciones nacionales.

Además, el hecho de que la Ministro Bullrich declare que sólo cuidarán a los que nos cuiden, nos lleva a preguntarnos qué pasará con el resto, con los que no nos cuidan. Nuestra Constitución contempla la protección y el ejercicio de los derechos de todos los hombres que habitan en suelo argentino, incluso de aquellos que cometan delitos. Por lo tanto el Estado, garante del ejercicio y goce de nuestros derechos, no puede decidir a cuáles ciudadanos proteger y cuáles no. Todo se reduce entonces, a una cuestión del respeto a los derechos humanos y del correcto proceder de nuestras instituciones.

Nos guste o no, las normas deben ser cumplidas. Vivimos en un Estado de Derecho, por lo que no podemos hacer justicia por mano propia. Tanto ciudadanos como funcionarios públicos, debemos hacer respetar nuestras leyes, incluso aunque no estemos de acuerdo con ellas. Es la única forma que tiene una nación para fortalecerse y promover un mejor desarrollo de la sociedad. ¿Queremos una justicia imparcial e independiente? Condenemos entonces la influencia de los partidos políticos en todas las causas, no sólo cuando se trata de imputar o procesar a otros funcionarios políticos. ¿Queremos que se haga cumplir la ley? ¿Queremos fieles instituciones democráticas? Entonces, dejemos de definir víctimas y victimarios.

Todos los ciudadanos deben ajustarse a las normas. De otra manera, seguiremos estando en presencia de valores antidemocráticos, contra los que siempre hemos luchado.

Gentileza: Ana Paula Collado– Analista Internacional

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