Están avanzadas las conversaciones entre la Superintendencia de Seguros del Ministerio de Finanzas, el programa de viviendas ProCreAr, el Ministerio de Interior, de quien depende, y el Banco Central para poner en marcha una serie de reaseguros para darle más sustentabilidad al sistema de subsidio al acceso a viviendas, en momentos de ajuste presupuestario.

El titular de ProCreAr, Iván Kerr, explicó a El Cronista que está definida la puesta en marcha un seguro hipotecario, que cubriría el riesgo de no pago de los préstamos a los bancos. Actualmente, el ProCreAr subsidia, con fondos del Presupuesto, el 30% de los créditos que se otorgan bajo el programa de promoción de primeras viviendas y viviendas jóvenes. Durante 2017, 15.000 familias accedieron a sus casas con este plan. Pero sucede que el riesgo de incobrabilidad de los pagos produjo dos efectos. Por una parte, que los bancos otorgan financiamiento de sólo entre 60% y 70% de de las propiedades. «Con el seguro hipotecario, el banco va a poder asistir entre 80 y 90%. Es decir, podrían reducirse los fondos necesarios hasta 10% del valor de la propiedad», explicó Kerr.

Por otro, que el foco del ProCreAr está entre aquellos que cobran hasta dos salarios mínimos. «Los que perciben entre tres y cuatro salarios, comienzan a solaparse con los que pueden acceder a una línea en UVA de los bancos, lo cual permite liberar fondos presupuestados para los subsidios», agregó.

El presupuesto 2018 para viviendas, ProCreAr, Fonavi, que administran las provincias, y otros programas del Ministerio de Interior, es de $25.000 millones, apenas $ 1000 millones más de lo presupuestado en 2017, y el de Procrear pasó de $ 9.000 millones a $ 10.000 millones. El aumento presupuestario fue de apenas 5 % en un año. «Permitiría aumentar en 40% la cantidad de préstamos a otorgar», explicó el funcionario.

El seguro, que en la jerga se conoce como de fist loss, es decir, que no contempla la pérdida total del activo por la incobrabilidad, según los primeros cálculos, tendría un costo de entre 6% y 10% del valor del crédito, con una maduración de 20 años.

Hay todavía dos cuestiones por resolver. La primera, que salga del Congreso la ineludible sanción de la ley de Inversiones Productivas la Ley de Mercado de Capitales, que con media sanción de Diputados debe esperar la reactivación «regular» de las actividades legislativas. El proyecto habilita a las compañías de seguros a emitir seguros financieros, algo actualmente vedado. La segunda condición es que se salde un debate interno en el Gobierno, acerca de quién ofrecerá los seguros, si habrá un primer paso desde el Estado, a través del Banco Nación, del Hipotecario, o de la creación de un fondo ad hoc, o si se creará el instrumento para que lo desarrolle el sector privado. Esta última sería la opinión del Banco Central.

Para los técnicos del ProCreAr, un posible futuro para la institución es constituir algo así como una «Sociedad de

Garantías Hipotecarias», que además tenga ingerencia en otra cobertura en ciernes: un seguro de descalce del valor de las UVA (atadas a la inflación) del CVS (coeficiente de variación salarial), el mayor riesgo que tiene el sistema estrella del financiamiento a la vivienda, para el cual otros países le han dado diversas soluciones, desde fondos estatales a seguros privados.

«En algún momento se barajó que fuera un swap que debieran tomar los bancos, pero se optó por un seguro. El valor que tendrá esta cobertura, asegurando a plazo, es que puede apuntalar las calificaciones de las futuras cédulas hipotecarias», explicaron.

Precisamente, esas cédulas serían las que permitirían a los bancos la securitización de las carteras, de modo tal que los bancos emisores puedan generar fondeo adicional para el financiamiento de viviendas.